El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este jueves a la senadora opositora Simone Tebet y a la diputada federal Marina Silva como sendas ministras de Planeamiento y Ambiente en el Gobierno que asume el próximo domingo.

«Ministerio de Planeamiento y Presupuesto: Simone Tebet, es senadora por Mato Grosso do Sul (sur), fue prefecta de Tres Lagos y candidata a presidenta por el MDB (Movimiento Democrático Brasileño)», tuiteó el expresidente Lula (2003-2011) a modo de presentación.

Tebet, abogada de 52 años, fue la revelación de las pasadas elecciones brasileñas al quedar tercera y relegar al cuarto puesto al histórico dirigente Ciro Gomes, y darle luego a Lula su apoyo en el balotaje ganado el 30 de octubre por el líder del Partido de los Trabajadores.

Silva es una vieja conocida del exmetalúrgico, dado que ella ya fue su ministra de Ambiente entre 2003 y 2008, cuando Lula era presidente.

PLURALIDAD E INCLUSIÓN

«El presidente Lula hizo la invitación a la senadora Simone Tebet por el papel que ella tuvo en la segunda vuelta (electoral) y como prefecta, como senadora y capacidad como gestora», adelantó el diputado Alexandre Padilha, futuro secretario de Relaciones Institucionales.

En las negociaciones entre Lula y Tebet se estableció que la mujer no cambiara la estructura actual de la cartera.

A su vez Silva, fundadora del partido Red de Sostenibilidad, fue una figura de mucha relevancia en el último tramo de campaña, incluso acompañó a Lula y al vicepresidente electo, Geraldo Alckim, en la caminata final por la Avenida Paulista, en São Paulo (este), víspera de la elección definitiva.

«Queremos hacer que Brasil retome su protagonismo. Brasil fue el primer país que lideró los procesos de reducción de dióxido de carbono cuando estuvimos en la COP14, cuando todo comenzó, y hoy somos el país que fue responsable de deforestar, desde 2016 a 2018, el 80 por ciento de las áreas protegidas», expresó Silva entonces.

Los nombramientos de este jueves se completaron con la referente de los pueblos originarios, Sonia Guajajara, en el Ministerio de Pueblos Indígenas; el también opositor Carlos Lupi en Seguridad Social; Paulo Pimenta en la Secretaría Especial de Seguridad Social (SECOM); Paulo Teixeira en Desarrollo Agrario y Carlos Fávaro en Agricultura.

Otros nombres que se conocieron son los del General Gonçalves Dias como ministro del Gabinete de Seguridad Institucional; André de Paula en Pesca y Acuicultura; Jáder Filho en Ciudades; Juscelino Filho en Comunicaciones; Alexandre Silveira en Minas e Energías; Daniela do Waguinho en el Ministerio de Turismo; y Renan Filho en Transportes.

También quedaron confirmados las cabezas parlamentarias con Randolfe Rodrigues (de la Red de Sostenibilidad) como líder del Gobierno en el Congreso, y los petistas José Guimarães y Jaques Wagner al frente de la cámara de Diputados y de Senadores, respectivamente.

Así, Lula difundió los 17 nombres que le faltaban para completar los 37 cargos ministeriales que compondrán su futuro Gobierno.

La ceremonia de toma de posesión de Lula se realizará el 1 de enero en tres escenarios centrales de la capital brasileña: el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto (sede del Gobierno) y el Palacio de Itamaraty (sede del ministerio de Relaciones Exteriores).

Los recientes acontecimientos de violencia están obligando a repensar el esquema de seguridad del evento que también conmemora los 20 años de la asunción del primer Gobierno de Lula, al que acudirán decenas de jefes de Estado y se calcula que más de 300.000 simpatizantes del Partido de los Trabajadores. (Sputnik)

zzz/rb/cm

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.