El presidente Javier Milei afirmó que será reelegido en 2027 y anticipó que buscará imponerse en primera vuelta. Sin embargo, durante su participación en las Jornadas Monetarias y Bancarias organizadas por el Banco Central, reconoció que la inflación no está descendiendo al ritmo previsto por el Gobierno.
“Voy a ser reelecto, no tengan dudas de que vamos a ganar en primera vuelta”, sostuvo Milei este martes al cierre del encuentro. Incluso bromeó sobre su continuidad en el Gobierno hasta 2031. Sus proyecciones electorales contrastan con un escenario económico marcado por un riesgo país elevado, una actividad en retroceso y precios que continúan afectando los ingresos de trabajadores y jubilados.
El riesgo país finalizó la jornada en 854 puntos. Aunque se ubicó por debajo del máximo de más de 900 puntos alcanzado durante noviembre, sigue muy por encima de los cerca de 400 puntos registrados a mediados de año. Al mismo tiempo, la economía acumula dos trimestres consecutivos de caída, con la industria y la construcción entre los rubros más perjudicados.
En octubre, el IPC registró una suba de 2,2%, acumuló 26,3% en los primeros diez meses del año y alcanzó una variación interanual de 33,1%.
El reconocimiento de Milei sobre la inflación
“¿Está bajando la inflación a la velocidad que queremos? No. ¿Hoy son los resultados que tenemos los que queríamos tener de origen? No”, admitió el Presidente. La declaración se diferencia de las promesas oficiales sobre una rápida convergencia hacia una inflación cercana a cero.
Para explicar el resultado, Milei atribuyó las dificultades a dos shocks negativos: uno político y otro internacional. Según su análisis, el factor político se produjo durante 2025, a partir de iniciativas de la oposición contra el equilibrio fiscal y de la incertidumbre sobre la continuidad de su administración.
En particular, vinculó el resultado desfavorable de las elecciones bonaerenses de septiembre con una reacción de los mercados financieros, la baja de los bonos argentinos, el aumento de las tasas de interés y del riesgo país, además de una menor demanda de pesos que, según su explicación, presionó sobre los precios.
Respecto del escenario externo, señaló el encarecimiento del petróleo debido a la guerra en Medio Oriente y a las dificultades alrededor del estrecho de Ormuz. También mencionó el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania sobre los precios de los alimentos. Para Milei, estos factores incrementaron costos y complicaron la desinflación.
Los conflictos internacionales pueden incidir en los valores de la energía y los alimentos, así como la incertidumbre financiera y cambiaria puede afectar a la economía argentina. No obstante, el planteo presidencial deja fuera las decisiones del propio Gobierno y las tensiones de su programa económico.
Tarifas, subsidios y empresas privatizadas
El incremento de los precios internacionales de la energía no se traslada de manera automática a las tarifas que abonan los hogares argentinos. El Gobierno decidió trasladar esos costos a los usuarios mediante una profundización de la quita de subsidios y un esquema que garantiza ingresos para las empresas del sector.
De este modo, las variaciones internacionales se reflejan en las facturas de gas y electricidad. Mientras Milei identifica al petróleo como un factor externo detrás de la inflación, la política oficial traslada ese aumento a los precios internos y al costo de vida.
El artículo cuestiona que la prioridad oficial sea sostener las ganancias de las empresas privatizadas. Menciona el caso de Metrogas, que debe responder por la explosión ocurrida el último viernes en Lanús, en la que murió una persona y otras 30 resultaron heridas. Mientras tanto, los usuarios enfrentan facturas más altas y las compañías conservan un esquema que les permite trasladar costos y mantener su rentabilidad.
Milei también destacó que la inflación mayorista fue de 1,6% en octubre y estimó que, sin el efecto del petróleo, se ubicaría cerca del 0,8% mensual. Además, indicó que la inflación núcleo anualizada ronda el 20%. Sin embargo, los precios minoristas continúan en alza y el acumulado anual ya supera el 26%.
La estrategia del Gobierno para contener la inflación combina un ancla cambiaria, ajuste del gasto, recesión y apertura de importaciones. La caída de la actividad puede reducir el consumo y limitar el traslado de aumentos a precios, aunque supone un elevado costo social y no asegura una estabilización sostenida. A esto se suman las presiones sobre las reservas y la disponibilidad de dólares derivadas de la liberalización financiera, la fuga de capitales y los pagos de deuda.
El ajuste y el Presupuesto 2027
Lejos de plantear cambios ante las dificultades reconocidas, Milei reafirmó que mantendrá el programa económico. Rechazó las propuestas de impulsar la demanda para compensar los efectos de los shocks externos y volvió a presentar un aumento del gasto público como un riesgo para el equilibrio fiscal.
El Presidente defendió la reducción del gasto y anticipó nuevas bajas de impuestos, con el objetivo declarado de llevar al Estado “al mínimo nivel posible”. Desde esta perspectiva, las partidas destinadas a salud, educación, jubilaciones, obra pública y asistencia social son consideradas un obstáculo, mientras se mantienen los compromisos con acreedores y los beneficios para grandes grupos económicos.
Esta discusión también atraviesa el Presupuesto 2027, que el oficialismo procura aprobar con apoyo de gobernadores y bloques aliados. Sus previsiones de crecimiento e inflación se apoyan nuevamente en supuestos optimistas, mientras las partidas para áreas sensibles permanecen bajo una lógica de ajuste.
El diputado Nicolás del Caño cuestionó ese rumbo en el Congreso y denunció las prioridades de un presupuesto que, según planteó, destina recursos significativos al pago de la deuda y mantiene beneficios para grandes empresarios.
Milei aspira a llegar a las elecciones de 2027 con el mensaje de que la etapa más difícil quedó atrás y que la recuperación está próxima. Sin embargo, su exposición dejó en evidencia que la inflación no baja al ritmo esperado y que la respuesta oficial consiste en sostener la misma orientación económica. Según el planteo del artículo, los costos recaen sobre trabajadores, jubilados y sectores populares, en un contexto de deterioro del empleo, los ingresos y las condiciones de vida.
