La muerte de Maricarmen Abascal, desalojada a los 87 años de la vivienda en la que residió durante siete décadas, provocó una multitudinaria movilización en Madrid. La protesta señaló a Urbagestión y a las instituciones implicadas en el desahucio, mientras distintos colectivos plantearon la convocatoria de una huelga general.
Más de 20.000 personas, según la Delegación del Gobierno, participaron en la marcha celebrada el jueves por la noche. La convocatoria, impulsada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, partió a las 20.00 horas de la Puerta del Sol y recorrió el camino hasta la antigua casa de Maricarmen, en la calle Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro. La movilización tuvo lugar un día después de conocerse el fallecimiento de la vecina, que murió el 7 de octubre tras haber permanecido dos semanas hospitalizada. No pudo regresar a su domicilio.
Linternas, llaves y protestas ante el portal
La cabecera de la manifestación salió desde la estatua del Oso y el Madroño con pancartas como “El rentismo mata. Tomemos las calles” y “Maricarmen vive, la lucha sigue”. Durante el recorrido se distribuyeron lazos negros de papel y se escucharon consignas como “Huelga, huelga, huelga general”.
Al llegar a la zona de Sainz de Baranda, miles de participantes encendieron las linternas de sus teléfonos móviles a modo de velas. Los vecinos que se asomaban a las ventanas recibieron aplausos, mientras la multitud agitaba llaves y coreaba: “No toleramos ni un desahucio más”.
Pasadas las 21.30 horas, decenas de miles de personas llegaron al portal número 46, donde se ejecutó el desahucio el 23 de septiembre. Frente al edificio se escucharon gritos de “Urbagestión, asesino” y “Falta Maricarmen, no estamos todas”. Después, los asistentes se sentaron en silencio a lo largo de la calle, la cabecera dedicó una canción a Maricarmen y la movilización concluyó con el grito de “Que viva la lucha de la clase obrera”.
Tres intentos de desahucio y un desalojo bajo investigación
Maricarmen, de 87 años, afrontó tres intentos de desahucio antes de ser desalojada. El operativo policial empleado en el desalojo está bajo investigación, según el texto original. La mujer ingresó en el hospital el mismo 23 de septiembre, después de ser sacada por la fuerza de la vivienda de Retiro en la que había vivido más de 70 años.
La propietaria del inmueble es Urbagestión, empresa de los hermanos Ricardo y Fernando Alonso. Según explicó la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, Maricarmen tenía previsto firmar ese jueves el contrato que le habría permitido volver a vivir en su casa. El artículo también señala que uno de los propietarios de Urbagestión adquirió otro piso en el mismo edificio un día antes de comprar el de Maricarmen.
Durante una rueda de prensa, Racu afirmó que “el rentismo mata” y atribuyó responsabilidades a los responsables políticos, los propietarios, la Policía, los jueces y los medios de comunicación. El Sindicato de Inquilinas denuncia que el proceso judicial y policial favoreció un negocio inmobiliario por encima de la situación de la inquilina.
Reacciones de PP, PSOE, Más Madrid y Vox
El Partido Popular rechazó guardar un minuto de silencio por Maricarmen en la Asamblea de Madrid. En el Senado, su presidente, Pedro Rollán, denegó el homenaje argumentando que no existían precedentes. En el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida permaneció sentado mientras los grupos de PSOE y Más Madrid guardaban un minuto de silencio.
Por su parte, Isabel Díaz Ayuso calificó de buitres a los partidos de la oposición y atribuyó el desahucio a una ley socialista. En las Corts valencianas, los diputados de Vox abandonaron el hemiciclo durante el homenaje. El texto relaciona estas posiciones con los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid y en la capital, en un contexto de creciente presión inmobiliaria sobre los vecinos.
El decreto sobre desahucios y sus límites
Desde el Gobierno de PSOE y Sumar se sucedieron las condolencias. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, definió el desahucio como “un fallo del sistema”, una valoración que el artículo cuestiona.
El Ejecutivo destacó el decreto que entró en vigor ese jueves. La norma suspende hasta el 31 de diciembre de 2030 los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador sea una empresa dedicada a la especulación inmobiliaria. En el caso del resto de propietarios, la suspensión puede durar un máximo de tres años.
Sin embargo, el texto subraya que, si el inquilino se encuentra en situación de vulnerabilidad, la comunidad autónoma dispone de dos meses para ofrecerle una alternativa residencial o, en caso contrario, abonar al propietario la cantidad reclamada, que posteriormente será compensada por el Estado. El artículo critica que esta fórmula mantenga el cobro para el arrendador con fondos públicos, establezca una moratoria limitada en el tiempo y no afecte a las viviendas de los grandes tenedores.
La situación coincide con un escenario electoral. Tras el rechazo de los anteriores decretos en el Congreso, Pedro Sánchez adelantó las elecciones generales al 29 de noviembre. La vivienda se sitúa como uno de los asuntos centrales de la campaña, mientras el artículo advierte de que el malestar social pueda canalizarse hacia las urnas.
Convocatorias y propuesta de huelga general
La movilización continuó el viernes con el llamamiento de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y los principales sindicatos laborales a guardar un minuto de silencio a las 12.00 horas en centros de trabajo y estudio.
En Barcelona, el Sindicat de Llogateres, el SHSC, la COSHAC y la PAH convocaron una manifestación a las 19.00 horas en Plaza Universitat bajo el lema “Por Olga y Maricarmen: ¡El negocio de la vivienda mata!”. También se celebraron homenajes en Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Almería y Palma. En València, una concentración multitudinaria protegió una acampada ante un llamamiento de la ultraderecha para desalojarla y se escucharon llamadas a una huelga general el 11 de noviembre.
CCOO y UGT acordaron convocar un paro de 24 horas antes del inicio de la campaña electoral, previsto para el 13 de noviembre. De celebrarse, sería la primera huelga general estatal desde noviembre de 2012. El artículo sostiene que la presión de las acampadas llevó a las direcciones sindicales a adoptar esta medida y cuestiona que el paro quede limitado a una reivindicación salarial.
El texto defiende que la huelga se organice desde asambleas en centros de trabajo, espacios de estudio y barrios, coordinadas con las acampadas. Entre sus demandas plantea la paralización indefinida de todos los desahucios, la expropiación sin indemnización de viviendas pertenecientes a fondos, bancos y grandes propietarios para crear un parque público bajo control de inquilinas y trabajadores, así como una reducción de los alquileres.
Repercusión internacional y un desahucio frenado en San Blas
El caso de Maricarmen ha tenido eco internacional en medios como The New York Times, The Guardian, la BBC y Le Monde. El artículo relaciona esta atención con la transformación de la vivienda en un activo financiero y la expulsión de población trabajadora de las ciudades en distintos países europeos.
Ese mismo jueves, más de un centenar de activistas lograron detener en San Blas el desahucio de Tamara, su pareja y sus tres hijos. Para los colectivos convocantes, la organización vecinal constituye la principal herramienta para frenar los desalojos y defender el derecho a la vivienda.