Las ordenanzas de las escuelas del interior de Salta cumplen una tarea central para el funcionamiento cotidiano de los establecimientos. Antes de la llegada de estudiantes, docentes y directivos, abren los edificios, limpian aulas, patios y sanitarios, y preparan las condiciones para el inicio de las clases.
Su trabajo continúa durante toda la jornada, aunque suele permanecer poco visible dentro de la dinámica escolar. Sin las tareas de limpieza, mantenimiento y apertura de las instituciones, el desarrollo normal de la actividad educativa no sería posible.
Sin embargo, trabajadoras de distintas localidades denunciaron que continúan atravesando situaciones de precarización laboral. Esta semana, ordenanzas provenientes de Orán, Metán, Güemes, Chicoana, El Carril y otros puntos de la provincia llegaron a Salta Capital para reclamar su regularización.
Según expusieron, algunas llevan hasta seis años realizando funciones esenciales en escuelas sin haber sido incorporadas a la planta permanente. Una trabajadora de Orán señaló, además, que percibe apenas $130.000 mensuales por su labor y pidió que el Gobierno cumpla los compromisos asumidos para avanzar con la regularización.
Las ordenanzas cuestionan que, pese a ser indispensables para sostener la educación pública, permanezcan sin derechos laborales plenos y con salarios insuficientes. Para muchas de ellas, el reclamo no busca privilegios, sino el reconocimiento formal del trabajo que realizan desde hace años.
Las trabajadoras viajaron cientos de kilómetros y afrontaron gastos para llevar sus demandas a la capital provincial. Sostienen que las promesas de solución se han acumulado mientras persisten las condiciones de precariedad.
En ese contexto, afirman que ya no están dispuestas a mantener sus reclamos en silencio. También plantean la necesidad de organizarse y sumarse a los Comités de Lucha impulsados en la provincia y en el país para unificar demandas y fortalecer sus reclamos.
Detrás de cada escuela que abre sus puertas y de cada jornada que comienza en condiciones adecuadas hay una ordenanza, remarcan las trabajadoras. Por eso, exigen que el gobierno de Gustavo Sáenz garantice los derechos laborales que consideran pendientes.