La venta de más de 900.000 hectáreas que estuvieron durante 35 años bajo control del grupo italiano Benetton vuelve a poner en debate la concentración y extranjerización de la tierra en la Patagonia. La operación se inscribe, según este enfoque, en un proceso histórico de despojo de los pueblos originarios, formación de grandes propiedades y avance de capitales nacionales e internacionales sobre el territorio y los bienes comunes.

Las tierras vendidas se distribuyen entre Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Buenos Aires. Fueron adquiridas por empresarios y directivos de Adecoagro, encabezados por su fundador y CEO, Mariano Bosch, mediante la compra de las sociedades Compañía de Tierras Sud Argentino y Ganadera Cóndor. El valor de la operación no fue informado públicamente.

Un aspecto central de la transacción es la participación de Tether en Adecoagro. En abril de 2025, la firma internacional vinculada a la emisión de USDT, una de las principales monedas estables del mercado cripto, adquirió el 70% de la compañía. Tether también busca expandirse en los sectores agropecuario, energético y de infraestructura tecnológica.

Si bien la compra no fue concretada de forma directa por Tether, sí fue realizada por empresarios vinculados a Adecoagro, empresa de la que posee una participación mayoritaria. De este modo, la operación refleja la expansión de capitales financieros globales hacia actividades productivas y activos considerados estratégicos.

Despojo territorial y concentración histórica

La extranjerización de la tierra en la Patagonia se vincula con la conformación del Estado argentino y la expansión capitalista sobre territorios indígenas. Durante el siglo XIX, la llamada Conquista del Desierto implicó una campaña militar de sometimiento, desplazamiento y despojo contra los pueblos originarios. La ocupación estatal posterior facilitó la apropiación privada de extensas superficies.

El reparto de tierras favoreció la constitución de grandes propiedades y el ingreso de compañías y capitales extranjeros. La presencia británica y europea tuvo un papel relevante en la formación de grandes estancias, mientras la producción ovina, la lana y la inserción en mercados internacionales estructuraron buena parte de la economía patagónica.

Durante el siglo XX se consolidó esa organización territorial, con consecuencias para las comunidades originarias y los pobladores rurales, afectados por la concentración de la propiedad y el despojo.

Benetton y la expansión de los años noventa

El grupo Benetton ingresó al negocio agropecuario argentino en 1991, durante la presidencia de Carlos Menem, al adquirir la Compañía de Tierras Sud Argentino, una sociedad de origen británico. En ese momento, la empresa controlaba cerca de 360.000 hectáreas en estancias ubicadas en Chubut y Río Negro.

Más adelante, el grupo italiano amplió sus propiedades hasta alcanzar alrededor de 900.000 hectáreas. Su desembarco se produjo en un contexto de apertura económica, privatizaciones y crecimiento de la presencia del capital internacional. Benetton desarrolló actividades ganaderas, agrícolas y forestales, y se convirtió en uno de los principales propietarios de tierras del país.

Su presencia también estuvo marcada por conflictos con comunidades mapuche-tehuelche vinculados a la propiedad y ocupación de la tierra. La venta actual concluye una etapa de 35 años de control de Benetton, aunque, de acuerdo con el planteo del artículo original, no altera la estructura concentrada de la propiedad, ya que los campos permanecen en manos de grandes sociedades empresarias.

Finanzas digitales y centros de datos

La participación mayoritaria de Tether en Adecoagro expresa la búsqueda de expansión de capitales asociados a las finanzas digitales hacia la producción y los activos estratégicos. Al anunciar su ingreso a la compañía, Tether manifestó interés en la agricultura, la generación de energía, la tecnología y la infraestructura.

Este proceso coincide con la disputa por el territorio patagónico para instalar grandes centros de datos. En Chubut, la empresa Green Capital impulsa el proyecto Atlas GigaHub, ubicado al sur de Trelew. La iniciativa contempla tres etapas y podría alcanzar una capacidad de hasta 3.000 MW hacia 2033.

Para la primera fase, la compañía calcula una inversión de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. Green Capital informó que alquiló unas 130.000 hectáreas pertenecientes a 14 propietarios. El acuerdo prevé seis años para el desarrollo y otros 60 años para la operación, bajo el régimen de derecho de superficie.

No se trata de una adquisición de tierras, sino de un contrato de largo plazo. El centro de datos utilizaría solo una parte de la superficie involucrada, mientras que el resto se destinaría a generación de energía renovable, almacenamiento energético e infraestructura complementaria.

Los requerimientos definitivos de agua y las fuentes de abastecimiento del proyecto aún no fueron definidos públicamente. La empresa sostiene que proyecta emplear refrigeración líquida directa y sistemas de circuito cerrado, aunque reconoce que las estimaciones de consumo y las posibles fuentes de suministro continúan en evaluación. Tampoco se conocen los permisos definitivos ni los clientes que utilizarían la infraestructura.

Datos sobre extranjerización de tierras

Un informe del Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del CONICET y la UBA, estimó en enero de 2026 que casi el 5% del territorio argentino, equivalente a unos 13,2 millones de hectáreas, se encuentra en manos de firmas o Estados extranjeros.

El relevamiento identificó 36 departamentos que exceden el límite del 15% fijado por la Ley de Tierras Rurales. Entre ellos figura el departamento de Cushamen, en Chubut.

Según la mirada planteada en el texto, cambian los actores y las modalidades de acumulación, pero persisten la concentración de la propiedad y el control privado del territorio. A los grandes latifundios surgidos tras la conquista militar, las estancias consolidadas durante el siglo XX y la llegada de grupos internacionales como Benetton en los años noventa, se suman actualmente empresarios ligados a las finanzas digitales y a la economía tecnológica global.

El DNU 70/2023 y la Ley de Tierras

El gobierno de Javier Milei intentó profundizar la desregulación sobre la propiedad rural a través del DNU 70/2023. El artículo 154 de esa norma dispuso la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, aprobada en 2011.

La Ley 26.737 establecía un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales en los niveles nacional, provincial y departamental, además de prever restricciones para determinados titulares y mecanismos de control sobre las operaciones.

El 9 de octubre de 2026, la Corte Suprema suspendió de manera provisoria los efectos del artículo 154 del DNU. Como consecuencia, volvió a regir la Ley de Tierras mientras continúa el proceso judicial. La resolución no definió de manera definitiva la constitucionalidad de la derogación, pero dejó sin efecto su aplicación por el momento.

El artículo original vincula esta política con el RIGI, los beneficios fiscales y la eliminación de controles que, según sostiene, limitaban la apropiación privada de bienes estratégicos.

Responsabilidades de gobiernos peronistas

El proceso de extranjerización, según el texto, no se explica únicamente por las políticas del gobierno de Milei. La llegada de Benetton se produjo en 1991 durante la gestión de Carlos Menem, dirigente del Partido Justicialista, en el marco de una etapa de apertura económica, privatizaciones y desregulación.

En 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se aprobó la Ley 26.737, que fijó límites a la propiedad extranjera de tierras rurales. El artículo considera que esa regulación reconoció la dimensión del problema, aunque no revirtió la concentración territorial preexistente ni restituyó tierras históricamente apropiadas por grandes propietarios.

Asimismo, durante el gobierno de Alberto Fernández se aprobó en 2019 la Ley de Economía del Conocimiento, que otorgó beneficios fiscales a empresas tecnológicas. El texto remarca que los incentivos estatales al capital privado no constituyen una política exclusiva de Milei ni del gobernador chubutense.

El proyecto 084/26 de Ignacio Torres

En Chubut, el gobierno de Ignacio Torres impulsa el proyecto de ley 084/26, que propone crear el Régimen Provincial de Fomento a la Economía del Conocimiento. La iniciativa prevé beneficios impositivos de hasta el 100% en determinados tributos provinciales, subsidios laborales, créditos preferenciales y facultades para ceder, afectar o vender tierras fiscales a empresas tecnológicas.

La propuesta se relaciona con el impulso al proyecto Atlas GigaHub de Green Capital, al sur de Trelew. Mientras se ofrecen incentivos fiscales y facilidades para la instalación de empresas, aún no se difundieron los requerimientos definitivos de agua ni las fuentes de abastecimiento necesarias para una obra de esta escala.

El artículo advierte sobre la situación de escasez hídrica y los conflictos por el acceso al agua en la provincia. También señala que el proyecto 084/26 no concede en sí mismo agua a Atlas GigaHub, pero facilita el acceso empresarial a tierras fiscales y recursos públicos mientras el gobierno provincial promueve una iniciativa cuyos requerimientos hídricos siguen sin definirse.

Torres promociona a Chubut ante inversores internacionales y acompaña la política de Milei de ofrecer oportunidades de negocios en el país, según el texto. El viaje de ambos a París, realizado entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, integró esa agenda de promoción.

Debate sobre tierra, agua y energía

La venta de los campos de Benetton y los proyectos tecnológicos promovidos en Chubut son presentados como parte de una misma orientación: el uso del territorio y de los bienes comunes naturales para la rentabilidad de grandes grupos empresariales.

El texto sostiene que la extranjerización no se resuelve solamente con el reemplazo de un propietario por otro ni con límites formales si se mantiene la concentración económica. Por ese motivo, propone rechazar el proyecto 084/26, los privilegios fiscales y la entrega de tierras fiscales a grandes empresas tecnológicas.

También plantea defender los derechos territoriales de los pueblos originarios, promover la restitución de las tierras arrebatadas, terminar con los latifundios y monopolios propietarios mediante expropiación sin indemnización bajo control de trabajadores rurales y comunidades, y orientar la tierra hacia una producción planificada según necesidades sociales.

Finalmente, reclama considerar al agua y la energía como bienes comunes bajo gestión pública y control de comunidades y trabajadores. Además, propone que los proyectos de infraestructura sean sometidos a información pública, estudios ambientales independientes y decisiones democráticas de las poblaciones afectadas.