El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional es cuestionado por su impacto sobre las infancias, la educación pública y los derechos de mujeres y diversidades. En un programa de La Izquierda Diario+, docentes y referentes analizaron el ajuste sobre la Educación Sexual Integral (ESI) y las respuestas que impulsa la comunidad educativa.
Del debate participaron Natalia Hernández, secretaria de Género y Diversidad de SUTEBA Matanza, y Sandra Romero, docente y delegada de una escuela primaria.
De acuerdo con lo expuesto por la trabajadora social Nancy Méndez, las partidas destinadas a la ESI registran una reducción superior al 98% en comparación con 2023. Por su parte, los recursos vinculados con violencia de género y salud sexual y reproductiva caerían un 89,9%.
También se señaló que el artículo 17 elimina la movilidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y el Plan de los 1000 Días. A la vez, el Programa Acompañar habría pasado de contar con miles de beneficiarias a abarcar apenas 200 o menos.
Las entrevistadas advirtieron que las situaciones de abuso, violencia y vulneración de derechos recaen con frecuencia sobre las escuelas y las docentes. Como ejemplo de organización estudiantil, Lucy, alumna de cuarto año del Colegio Nacional, relató la toma de la institución ante la falta de respuesta de las autoridades frente a deepfakes e intentos de secuestro. Según explicó, la medida derivó en la aprobación de un nuevo protocolo contra la violencia de género y en capacitaciones sobre ESI.
La defensa de estos contenidos también enfrenta cuestionamientos de sectores reaccionarios. En Virrey del Pino, La Matanza, una maestra recibió ataques de medios de ultraderecha e iglesias luego de abordar contenidos sobre diversidad. La comunidad educativa respondió con un abrazo masivo a la escuela. Desde SUTEBA Matanza vincularon esta experiencia con la tradición de organización surgida tras la recuperación del sindicato por la docencia combativa en 2013 y la creación de comisiones de género desde las bases.
En la provincia de Buenos Aires, cuestionaron a la gestión de Axel Kicillof por reclamar una foto durante la semana de la ESI mientras, según plantearon, sostiene seis años de pérdida salarial y desfinancia los cargos de referentes. Además, criticaron la reglamentación de la Ley 14.893 sobre licencias por violencia de género, bajo la órbita del Ministerio de Estela Díaz, al considerar que restringe los días de licencia y deja desprotegidas a docentes amenazadas.
También mencionaron la situación de trabajadoras del Astillero Río Santiago, donde, según denunciaron, se negaron protocolos a una sobreviviente de un intento de femicidio y finalmente se produjeron despidos. A esto sumaron el reclamo de intervención provincial ante el intento de desalojo de familias en FATE.
Frente al argumento oficial de que no hay recursos, la izquierda propone aplicar tasas e impuestos especiales a grandes empresarios, entre ellos Marcos Galperín, de Mercado Libre, para financiar un Programa Acompañar equivalente a la canasta familiar. En ese marco, docentes, jubilados y vecinos se organizan en comités para participar del próximo Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades en Córdoba.