El Presupuesto 2027, que será tratado en las próximas semanas por el Congreso, profundiza —según el análisis del Centro de Datos de Economía de La Izquierda Diario (CELID)— el ajuste fiscal iniciado en 2024 y sostenido durante 2025 y 2026. El informe advierte que esta orientación tiene consecuencias particulares sobre las mujeres y diversidades, mientras las áreas de género registran una reducción presupuestaria cercana al 90% o directamente dejan de existir.

De acuerdo con el CELID, incluso si se cumpliera la previsión oficial de una inflación del 18% para el próximo año, el gasto público sin considerar los intereses de la deuda habría caído un 27% entre 2023 y 2027. Una inflación superior, señala el texto, otorgaría mayor margen para licuar las partidas presupuestarias.

Entre los principales recortes señalados se encuentran un 77% en Promoción y asistencia social, un 99% en Vivienda y urbanismo y un 93% en Agua potable y alcantarillado. En tanto, Educación y cultura sufriría una baja del 44%, mientras que Ciencia, Tecnología e Innovación tendría un recorte del 38%. Los servicios económicos, como energía y transporte —cuyos costos se trasladan a las tarifas que pagan los usuarios—, registrarían una reducción del 70%.

El análisis también sostiene que las jubilaciones mínimas, percibidas mayoritariamente por mujeres, cayeron un 9,4% desde noviembre de 2023. A esto suma un deterioro en el acceso a prestaciones de salud, turnos, medicamentos de PAMI y atención médica. En lo que va del año, las transferencias reales al PAMI se habrían reducido un 30%.

Asimismo, cuestiona la eliminación de la moratoria previsional, medida que vincula con un pedido del FMI, y afirma que las altas jubilatorias se redujeron a la mitad frente a 2024. En materia de discapacidad, el recorte indicado es del 12%.

El proyecto vuelve a plantear la derogación de la movilidad de las asignaciones familiares y la AUH. Además, se habrían reducido o eliminado programas de empleo, entre ellos el programa Volver al Trabajo, dirigido a trabajadoras de la economía popular.

En cuanto a las políticas específicas, el CELID menciona que las partidas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres acumulan una caída real del 89% respecto de 2023, de acuerdo con investigaciones del equipo de ELA. El relevamiento también refiere al desfinanciamiento de la salud sexual y de la Educación Sexual Integral (ESI).

En el ámbito estatal, el texto indica que durante el gobierno de Milei se redujo en unos 75.000 la cantidad de empleados públicos nacionales, equivalente al 22% del total de ese sector, caracterizado por una alta participación femenina. Según estimaciones de la Junta Interna de ATE-Indec, el salario estatal cayó un 32%, una pérdida equivalente a nueve salarios, y el ajuste supera el 50% respecto de 2015. La partida de Administración gubernamental, por su parte, tendría una reducción real del 41% entre 2023 y 2027.

Una orientación presupuestaria de clase

El artículo cuestiona la idea de que el superávit fiscal derivado del ajuste pueda impulsar la inversión, el empleo, la reducción de la inflación, la baja de la deuda pública o de los impuestos. En su análisis, el excedente fiscal apunta fundamentalmente a garantizar recursos para afrontar los vencimientos de intereses de deuda.

Como ejemplos de esa orientación, el CELID sostiene que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar indemnizaciones con fondos de Anses, tiene un costo fiscal del 0,47% del PIB: el doble que la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo costo se ubicaría entre 0,14% y 0,26% del PIB.

También afirma que por cada peso asignado al CONICET se destinan 22,5 pesos al pago de intereses de deuda. Por cada peso recaudado mediante bienes personales a los sectores de mayores ingresos, se recaudarían 35 pesos de IVA a los sectores populares, además del aumento del impuesto al salario.

El informe añade que por cada peso destinado a programas contra la violencia hacia las mujeres, 15 pesos se dirigirían a beneficios para Marcos Galperín y otros empresarios alcanzados por la Ley de Economía del Conocimiento. Ese régimen implicaría $842.556 millones. A su vez, por cada peso destinado al Hospital Garrahan, se destinarían 2,13 pesos en subsidios a Mercado Pago y otras billeteras virtuales.

Según el mismo análisis, por cada peso invertido en Ciencia, innovación y desarrollo, 1,36 pesos se orientan a beneficios para grandes empresas incluidas en el RIGI, un gasto tributario que, señala, no fue incorporado al Presupuesto.

El impacto sobre mujeres y diversidades

El planteo central es que no puede existir un presupuesto progresivo para las mujeres mientras se mantenga un ajuste generalizado sobre la clase trabajadora. Los recortes en salud, educación, jubilaciones, discapacidad, empleo y vivienda implican, según esta mirada, una reducción de servicios para los hogares trabajadores, en especial para aquellos de menores ingresos, donde las mujeres tienen una presencia mayor.

La falta de esos bienes y servicios incrementa la presión hacia el pluriempleo, la sobreexplotación laboral y la sobrecarga de tareas de cuidado, que recaen principalmente sobre las mujeres y amplían las brechas de género. También aumenta, indica el texto, el endeudamiento de los hogares y favorece los negocios de financieras y fintech.

Sobre la base de deudores del BCRA, el CELID identificó que exactamente el 50% de las casi 6 millones de personas morosas son mujeres. Se trata de cerca de 3 millones de mujeres con deudas en mora por 6,6 billones de pesos, lo que representa un promedio de 2,2 millones de pesos por mujer.

El artículo remarca que, aunque las mujeres constituyen la mitad de las personas deudoras morosas, no representan el 50% de la población ocupada. Según los datos citados, las tasas de actividad y empleo femeninas son casi 20 puntos inferiores a las de los varones; la brecha de género salarial aumentó al 26,3%; la informalidad y la desocupación son más elevadas entre las mujeres; y ellas dedican un 78% más de tiempo a las tareas de cuidado.

Déficit, superávit y prioridades económicas

El texto concluye que un presupuesto superavitario no constituye por sí mismo un resultado positivo si se sostiene sobre un ajuste de dimensión histórica y una crisis de los hogares. Del mismo modo, aclara que un presupuesto deficitario tampoco representa necesariamente una solución.

La discusión de fondo, según el análisis, pasa por definir si se mantiene la orientación económica destinada al pago de la deuda ilegítima y a garantizar ganancias para grupos económicos concentrados, bancos y sectores extractivos, o si se afectan esos intereses para adoptar medidas soberanas en favor de las mayorías trabajadoras. Esa sería, para el CELID, una vía para enfrentar la desigualdad y las brechas de género.