Las seccionales Multicolor de Suteba de Tigre, La Matanza, Marcos Paz y Bahía Blanca reclamaron al Gobierno bonaerense la devolución total de los descuentos salariales aplicados a docentes que adhirieron a medidas de fuerza.
El planteo será defendido en las asambleas ordinarias previstas para este miércoles 18 en toda la provincia. Según señalaron, la conducción provincial del sindicato reclamó la restitución del descuento correspondiente al 15 de octubre de 2026, pero las seccionales exigen que el reintegro alcance a todas las jornadas de paro afectadas.
Las secretarías generales de las cuatro seccionales presentaron una nota formal ante el subsecretario de Administración y Recursos Humanos de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Diego Turkenich.
En el escrito solicitaron la devolución íntegra, en los casos que corresponda, de los montos descontados a trabajadores y trabajadoras docentes que adhirieron a las huelgas de los días 11, 19 y 27 de febrero; 2, 3, 9 y 10 de marzo; 7 y 21 de abril; 18 y 30 de junio; 14 y 15 de julio; 3, 4, 25 y 26 de agosto; y 1, 7, 15, 21, 22, 27, 28 y 29 de octubre.
Las seccionales sostuvieron que la huelga es un derecho de rango constitucional, reconocido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y protegido por instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, entre ellos el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Convenios 87, 98, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo.
Además, citaron el artículo 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que contempla el derecho al trabajo y a una retribución justa, la libertad sindical, los convenios colectivos, el derecho de huelga y la negociación de las condiciones laborales de los trabajadores estatales.
En el reclamo, las seccionales afirmaron que los descuentos funcionan como un desincentivo para el ejercicio de un derecho fundamental y afectan remuneraciones de carácter alimentario. También señalaron que la situación se agrava por la depreciación salarial y porque los sueldos iniciales de la docencia se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
Por último, remarcaron que parte de las medidas de fuerza fueron respuestas a agresiones violentas contra docentes y cuestionaron la falta de protección por parte del Estado empleador.
