La actual incertidumbre financiera y económica, así como el aumento del coste de la vida, pueden llevar a los responsables políticos, reguladores y supervisores a posponer reformas que podrían mejorar sus sistemas de pensiones. Sin embargo, según advierte la OCDE, “retrasar las reformas necesarias pondría en riesgo el bienestar de los pensionistas actuales y futuros”. “Los responsables políticos deberían seguir mejorando los sistemas de pensiones”, insta la organización en su reciente informe ‘Perspectivas de las Pensiones 2022’, cuyas principales conclusiones avanza hoy el BDS.

“Los retos son globales y las jurisdicciones de todo el mundo se enfrentan a desafíos similares en un contexto de menor crecimiento, elevada inflación e incertidumbre en los mercados financieros, al tiempo que responden a las implicaciones del envejecimiento de la población. Tendremos que seguir desarrollando y reforzando un sistema multipilar que combine distintos tipos de regímenes de pensiones que se complementen entre sí y diversifiquen los riesgos”, declara el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

La importancia de los planes de pensiones de Empleo e Individuales

La OCDE señala que los sistemas de pensiones en los que los ahorros para la jubilación se invierten para acumular activos que financiarán las pensiones (sistemas de pensiones respaldados por activos) han crecido en las dos últimas décadas en la mayoría de los países miembros de la OCDE. En este sentido, el informe incluye una serie de recomendaciones sobre cómo introducir, desarrollar y reforzar los regímenes de pensiones basados en activos”, se apunta.

Estas directrices, que se basan en la Recomendación del Consejo de la OCDE para el buen diseño de los planes de pensiones de aportación definida de febrero de 2022, reconocen la importancia de los planes de pensiones de empleo y personales, que son cada vez más parte integrante del sistema general de pensiones de la mayoría de los países y, en algunos, el componente principal.

Para mejorar el diseño de planes basado en activos, la OCDE también ve necesario promover “planes de bajo coste y rentables que se reflejen en las comisiones cobradas”. Sin embargo, los responsables políticos y los reguladores deben tener en cuenta el impacto que las diferentes estructuras de comisiones pueden tener en los particulares que ahorran para la jubilación y en los proveedores.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.