El líder Mapuche, Héctor Llaitul, enfrenta una condena de 23 años de prisión tras ser declarado culpable de varios delitos, incluyendo incitación a la violencia y hurto de madera. Llaitul, quien es un destacado dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), también fue acusado de usurpación violenta y atentado a la autoridad. La decisión del Tribunal Oral de Temuco ha provocado una creciente tensión en la región.
La sentencia se divide en 15 años de prisión por los delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, cinco años por hurto simple y tres años por atentado a la autoridad. El tribunal apuntó que Llaitul no calificaba para ninguna de las penas sustitutivas previstas en la Ley 18216, por lo que deberá cumplir la totalidad de su condena en prisión.
La Fiscalía y el Ministerio del Interior, que actuaron como querellantes en el caso, inicialmente exigían una sentencia de 25 años. Llaitul, de 56 años, ha estado en prisión preventiva desde agosto de 2022.
El anuncio de la sentencia generó un fuerte despliegue de las Fuerzas Militares en la zona, que fue puesta en «alerta roja» en las horas previas a la audiencia. La detención y posterior encarcelamiento de Llaitul es resultado de una investigación abierta en 2020 por el Gobierno del fallecido Sebastián Piñera (2018-2022) tras una querella presentada por unas controversiales declaraciones de Llaitul.
La región sur de Chile, particularmente las regiones de La Araucanía y el Biobío, ha sido el escenario de un conflicto que ha durado décadas. Este conflicto involucra a los pueblos originarios, al Estado y a grandes empresarios latifundistas y forestales que explotan tierras y bosques considerados ancestrales por las comunidades indígenas.
Gabriel Boric, el actual presidente, prometió durante su campaña la desmilitarización de la zona implementada por Piñera, su predecesor. Sin embargo, Boric decretó el estado de excepción en el territorio en mayo de 2022 y desde entonces ha mantenido el Ejército desplegado en la región argumentando que los delitos de violencia rural en la zona han disminuido.
Los movimientos indígenas y parte de la izquierda sostienen que la militarización solo aumenta la tensión en el conflicto y defienden que son necesarias soluciones más transversales y de largo plazo, mientras que la derecha defiende la medida.
La lectura de la sentencia coincide con un momento de máxima convulsión en la zona centro-sur del país, todavía convulsionada por el triple asesinato policial ocurrido en la comuna de Cañete el pasado 27 de abril, pocos días después de que Llaitul fuera declarado culpable.
Hasta ahora, no ha sido establecido ningún vínculo entre el ataque policial, que es el más grave contra el cuerpo de Carabineros en la historia reciente del país, y la CAM u otra organización radical de la zona que reivindica sus tierras ancestrales.
El caso de Héctor Llaitul y la sentencia emitida por la justicia ponen de manifiesto la complejidad del conflicto en estas regiones y plantean preguntas cruciales sobre la futura dirección de las políticas del gobierno y las relaciones con los pueblos originarios.