Benjamín Huerta, de 27 años, fue detenido en la ciudad de Ovalle, acusado de delitos contra la ley de tránsito. La noticia ha atraído la atención de los medios debido a que Huerta es beneficiario de una pensión de gracia relacionada con los acontecimientos del estallido social de Octubre de 2019, conocido como 18-O. Este incidente está siendo objeto de una revisión más amplia de los criterios y procesos para otorgar dichas pensiones a las víctimas del estallido social.
Huerta había estado en la mira de la justicia desde un incidente ocurrido el 21 de octubre de 2023, cuando fue acusado de conducir sin licencia y bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, incluyendo cocaína, THC-25 (marihuana) y anfetaminas. A pesar de que se programó una audiencia formal de cargos para el 20 de diciembre de 2023, Huerta nunca se presentó. Como resultado, se emitió una orden de arresto contra él el 5 de marzo, que finalmente se ejecutó esta semana.
El incidente que llevó a la pensión de gracia de Huerta ocurrió durante la revuelta en Ovalle en 2019, cuando el capitán de Carabineros, Hugo Navarro, detuvo a Huerta y, tras un forcejeo, disparó su arma personal, hiriendo a Huerta en la zona inguinopélvica. Inicialmente, Navarro fue condenado por apremios ilegítimos y sentenciado a 6 años de prisión. Sin embargo, tras un recurso de nulidad, el delito fue cambiado a «homicidio frustrado». La sentencia de Navarro, que incluyó cargos adicionales por detención ilegal y falsificación de instrumento público, se mantiene hasta el día de hoy.
Además de sus recientes problemas legales, Huerta ha sido repetidamente acusado de otros delitos, incluyendo la receptación de vehículos motorizados, hurto y maltrato de obra a Carabineros. A pesar de esto, se le otorgó una pensión de gracia en marzo de 2022, justo antes de que el ex presidente Sebastián Piñera dejara el cargo. La pensión, que originalmente era de 0,7 ingresos mínimos no remuneracionales, fue aumentada a 1,5 ingresos mínimos no remuneracionales por el gobierno del presidente Gabriel Boric. Hasta marzo de este año, Huerta había recibido un total de $4.561.7858.
La situación de Huerta ha desencadenado una revisión más amplia de las pensiones de gracia otorgadas a las víctimas del estallido social. La Cámara de Diputados ha creado una comisión investigadora para examinar los criterios y procedimientos utilizados para otorgar estas pensiones. El diputado Víctor Pino, uno de los miembros de la comisión, señaló que, a pesar de la gravedad de los delitos cometidos por algunos beneficiarios de las pensiones, los proyectos de ley propuestos para revisar las pensiones y establecer causales de caducidad han quedado estancados en la Cámara.
El gobierno, por su parte, ha defendido su decisión de otorgar a Huerta una pensión de gracia, señalando que no tenía antecedentes penales ni encargos pendientes en el momento de su otorgamiento. También subrayaron que su detención demuestra que las autoridades policiales están cumpliendo con su deber de controlar, fiscalizar y prevenir delitos en toda la región. Sin embargo, el caso de Huerta ha suscitado serias preguntas sobre el sistema de pensiones de gracia y sobre cómo el estado debe responder a quienes cometen delitos después de haber sido reconocidos como víctimas de violaciones a los derechos humanos.