El miércoles pasado tuvo lugar la audiencia de formalización de un individuo anónimo, identificado por las iniciales D.E.L.G.. El hombre, un militar retirado, fue arrestado en la madrugada del domingo después de haber herido gravemente a dos jóvenes en La Avenida del Mar, en La Serena.
D.E.L.G. se encontraba en un estado severo de ebriedad y estaba manejando un arma de fuego, amenazando a los transeúntes que se encontraban fuera de los locales nocturnos en la costa. Las víctimas, dos jóvenes de 23 y 20 años, estaban entre el grupo de personas que intentaron reducirlo cuando se produjeron los disparos.
El Fiscal Nicolás Shertzer presentó los antecedentes que llevaron al Ministerio Público a imputar tres cargos al individuo. Los cargos son por dos homicidios frustrados y un delito de disparos injustificados de arma de fuego en la vía pública.
Según el Fiscal, el incidente ocurrió entre las 4:30 y 4:45 de la madrugada del 16 de junio en La Avenida del Mar. El acusado estaba en un estado de ebriedad, alterando el orden público y portando un arma de fuego, que empezó a exhibir y apuntar a varios transeúntes que estaban en el lugar.
Un grupo de cuatro jóvenes intentó disuadirlo inicialmente a través del diálogo, pero finalmente recurrieron a la fuerza para intentar reducirlo y quitarle el arma. Fue en ese momento que el acusado, con la intención de matar, disparó a las víctimas, Renzo Bazán y Alexander Pereira, quienes actualmente se encuentran hospitalizados en estado crítico en el Hospital de La Serena.
Después de los disparos, el militar retirado caminó hacia la calle Los Lúcumos y realizó al menos un disparo en la vía pública hacia las personas que lo seguían. Posteriormente, se ocultó en un sitio eriazo cercano, donde fue encontrado por Carabineros con la pistola en su mano.
El caso del Ministerio Público se basa en las graves lesiones sufridas por las víctimas, que podrían haber sido mortales si no hubieran recibido atención médica oportuna.
En la audiencia, el Ministerio Público presentó varios vídeos, que también circulan en las redes sociales, donde se puede ver al acusado apuntando su arma a las personas presentes. También se presentaron declaraciones de testigos del hecho, incluyendo amigos de las víctimas, transeúntes que presenciaron los hechos y un guardia de seguridad de un local cercano.
Los testigos proporcionaron antecedentes que esbozan las primeras líneas de lo que pudo haber provocado el conflicto. En general, indican que el hombre había sido expulsado de uno de los locales debido a su estado de ebriedad y que estaba «molestado» a un grupo de mujeres jóvenes. Esto provocó que el resto de las personas lo enfrentara, momento en el que sacó el arma y comenzó a intimidarlos.
Solo uno de los testigos contó una información distinta, que el acusado había sido amenazado por un grupo de adolescentes con armas cortantes como origen del conflicto. Estos adolescentes, cabe señalar, serían distintos a los grupos de amigos a los que pertenecían las víctimas.
La defensa del acusado basó su argumento en esta declaración, alegando que el acusado actuó en legítima defensa. Según la abogada que representa al acusado, este habría sacado el arma para evitar ser agredido y luego habría apuntado a las demás personas para evitar que se acercaran a él.
El juez Carlos Jorquera desestimó estos argumentos, considerando que la legítima defensa era improcedente, ya que el grupo que supuestamente amenazó al individuo es distinto al que terminó hiriendo con su arma de fuego.
Además, el juez señaló que dicha declaración se opone a lo que declararon todos los testigos, incluyendo a los amigos de los dos heridos, que por cierto, no se conocían entre sí. El juez decretó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de 60 días para la investigación de los hechos.
El fiscal Nicolás Shertzer también reveló en la audiencia que el acusado no tiene un historial de conducta irreprochable. En 1998, D.E.L.G. fue condenado por el delito de conducir en estado de ebriedad causando daños y lesiones, por lo que se le asignó una pena de 61 días de prisión que cumplió de forma remitida.
La Fiscalía está investigando la legalidad del permiso de arma del acusado. Aunque el arma está registrada en Iquique, no tiene permiso para transportarla. No obstante, esto podría cambiar debido a su estatus de militar retirado, ya que algunos ex funcionarios del Ejército están autorizados para transportar un arma en defensa.
La Fiscalía ha solicitado al Ejército que informe sobre la situación militar del sujeto y si tiene o no permiso para transportar un arma de fuego, pero durante la audiencia no se recibió respuesta. Con este incidente, las investigaciones siguen en curso y se espera que se haga justicia para las víctimas y se aclaren todos los hechos relacionados con este caso perturbador.