Los gremios y las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la región están preocupados por el reciente incremento en las tarifas eléctricas. Se proyecta que este aumento, impulsado por la descongelación de tarifas y la acumulación de deudas en el sector eléctrico, tendría un efecto directo en los costos operativos y la competitividad de las empresas, especialmente las más pequeñas.
Además, se predice que el aumento de las tarifas eléctricas impulsará la inflación y retrasará la meta del 3% establecida por el Banco Central para 2026.
Orlando Robles, economista y académico de la Universidad de La Serena, ve esta alza en las tarifas de energía como un desafío para las empresas, ya que el aumento en los costos de producción puede afectar su rentabilidad y competitividad. Robles advierte que algunas empresas podrían verse obligadas a trasladar estos costos a los consumidores, lo que podría resultar en un aumento en los precios de bienes y servicios.
En esta situación, Robles sugiere que la búsqueda de alternativas energéticas más eficientes se vuelve crucial para mitigar los efectos negativos en la productividad y rentabilidad de las empresas.
Ricardo Guerrero, gerente de CIDERE, ve este aumento como un «sinceramiento» de las tarifas eléctricas, que habían estado congeladas artificialmente durante demasiado tiempo. Aunque reconoce que esta situación afectará a muchas empresas, especialmente a las pymes, aumentando sus costos operativos, Guerrero sostiene que era un hecho que, tarde o temprano, se tenía que asumir.
Guerrero también menciona la necesidad de aliviar el impacto sobre la clase media, que no recibe subsidios y que ya ha tenido que soportar aumentos en servicios esenciales como la educación, los arriendos, el gas y el agua.
Marcos Carrasco, presidente de la Multigremial regional, reconoce que este no es el mejor momento para enfrentar un aumento en el valor de la energía, lo que traerá graves consecuencias tanto para el comercio como para las pymes y pequeños agricultores. Carrasco advierte que este aumento de costos tendrá que ser trasladado al cliente final, lo que podría resultar en menores ventas y un posible aumento en el desempleo, afectando aún más la economía regional.
Víctor Pino, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, también expresa su preocupación. Asegura que, aunque existen algunas iniciativas para ayudar al 40% de la población más vulnerable, estas no alcanzan a la clase media. Pino sostiene que las pequeñas, medianas y microempresas no tienen ninguna solución y que este aumento se reflejará en los productos de consumo o en los servicios que ofrecen, lo que significará un aumento en los costos de vida de cada persona.
Por su parte, Constanza Espinosa, seremi (s) de Energía, explica que «luego de 5 años de tarifas congeladas, las alzas no se podían evitar». Espinosa añade que una solución para afrontar esta situación se materializó con la aprobación de la Ley de Estabilización Tarifaria en el Congreso. Esta ley permitirá moderar los incrementos insostenibles que habrían afectado el bolsillo de muchas familias y pymes.
Espinosa reconoce que esta realidad es difícil de asumir para todos los chilenos, pero también es una fuente de especial preocupación para las familias más vulnerables del país. Por eso, se ha creado un nuevo subsidio focalizado que apoyará a más de 1,5 millones de hogares pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares.
Además, Espinosa señala que se ha establecido una mesa de trabajo con parlamentarios para explorar formas de ampliar este subsidio y encontrar otras maneras de disminuir el costo de las cuentas de electricidad.