Avances en el caso «Papaya Gate»: se solicita el procesamiento de ocho involucrados
El caso judicial conocido como «Papaya Gate» ha dado un paso significativo hacia la resolución con la reciente solicitud del abogado Luis Acevedo de procesar a los ocho involucrados en el caso. Acevedo, que representa al senador Daniel Núñez como querellante en el caso, presentó la solicitud a la Fiscalía de Valparaíso el día de ayer.
Los individuos mencionados en la solicitud de Acevedo son Lucía Pinto Ramírez, exintendenta de la Región de Coquimbo, Eduardo Iván Espinoza Rodríguez, ex jefe del departamento jurídico del gobierno regional de Coquimbo, José Eduardo Cáceres Rojas, exjefe del Departamento de Planificación y luego administrador general del gobierno regional de Coquimbo, Nicolás Fabián Bakulic Govorcin, Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga, Karim Ale Daire Daud, Manuel Alejandro Daire Daud y Pablo Bracchita Krstulovic. Entre estos, Acevedo ha solicitado un enfoque especial en el procesamiento de Pablo Bracchita y José Cáceres.
La carpeta investigativa actual contiene suficientes antecedentes para llevar a cabo esta solicitud a la Fiscalía Regional de Valparaíso, liderada por Claudia Perivancich, según Acevedo. El abogado insiste en que los antecedentes recopilados indican que se han cometido delitos de fraude al Fisco y negociación incompatible, que es el tráfico de influencia.
Acevedo destaca que en los casos de José Cáceres y Pablo Bracchita, las pruebas de responsabilidad son más claras. Sin embargo, también advierte que la claridad de la responsabilidad de los demás involucrados puede ser menos evidente.
Si la solicitud presentada por Acevedo prospera, la Fiscalía pediría una audiencia de formalización ante el juzgado de Garantía. Además, el abogado mantiene su convicción de que los delitos conocidos fueron cometidos por las personas involucradas en el caso.
El caso «Papaya Gate» se originó en 2019, cuando el gobierno regional de la época, liderado por Lucía Pinto, adquirió una serie de terrenos en el sector de San Ramón, en La Serena, por más de 9.800 millones de pesos para la construcción de un recinto deportivo para el municipio. Sin embargo, el valor pagado por la compra fue muy superior a los 4 mil millones de pesos que costaban originalmente, según la última tasación.
Esta transacción no se informó a la Contraloría General de la República, que había rechazado en tres ocasiones la adquisición de los terrenos. La compra se llevó a cabo sin la toma de razón pertinente de la Contraloría, lo que empeoró aún más la situación.
Como resultado de estos hechos, se abrió un proceso administrativo por parte de la Contraloría y otro de carácter penal en la Fiscalía Regional de Valparaíso. A raíz de las sanciones determinadas por la Contraloría contra los involucrados del gobierno regional, Lucía Pinto renunció a su cargo de intendenta regional.
A pesar de los avances recientes en el caso «Papaya Gate», Acevedo destaca que no se descarta la aparición de nuevos acusados durante la investigación. Por ahora, no hay más imputados identificados que los presentados en la solicitud. Sin embargo, esto no significa que la investigación no pueda revelar más acusados en el futuro.