El Gobierno avanzó con la privatización del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que presta el servicio de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. El consorcio integrado por Rowing, Transclor, Arcos Saneamento e Participacoes y PHX AQUA AR BV presentó una oferta de US$ 340,2 millones.
La compañía brinda cobertura a cerca de 14 millones de personas. El grupo adjudicatario controlaría casi la totalidad de AySA durante 30 años, con la posibilidad de extender el contrato por otros 10 años. El traspaso definitivo debería concretarse antes de febrero de 2027.
Una de las firmas que integra el consorcio es Transclor, perteneciente a Mauricio Filiberti. Filiberti es además socio de Daniel Vila y del exministro menemista José Luis Manzano en Edenor. Ese mismo grupo adquirió por US$ 780 millones la mayoría accionaria de Metrogas que estaba en manos de YPF.
La oferta quedó por debajo de las expectativas que, según el artículo original, manejaban Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes aspiraban a recaudar al menos US$ 500 millones por el paquete accionario. El Grupo Roggio, por su parte, había presentado una propuesta de US$ 285 millones. Aunque contablemente AySA está valuada en US$ 6.300 millones, la licitación no establecía un precio base.
Vila y Manzano también participan en empresas de medios de comunicación como Telefe y América. En este último canal son socios de Claudio Belocopitt, propietario de Swiss Medical Group. Hace menos de un año, el grupo compró Telefe a Paramount Group.
Transclor mantiene desde hace años una relación comercial con AySA. Desde 2009 es la única proveedora de policloruro de aluminio para la potabilización del agua que se distribuye en el Área Metropolitana de Buenos Aires. A su vez, desde 2021, la brasileña Arcos Saneamento e Participações distribuye agua y servicios de alcantarillado en Río de Janeiro.
De acuerdo con las condiciones formales de la privatización, el consorcio deberá alcanzar una cobertura de agua potable del 75,3% hacia fines de 2031 y del 90% al finalizar los 30 años de concesión. En materia de saneamiento, las metas son llegar al 63,9% en 2031 y al 75% en 2057. Para alcanzar una cobertura total de agua potable y saneamiento sería necesario utilizar los diez años de prórroga previstos en el contrato.
El texto original cuestiona la operación y sostiene que la transferencia de AySA se inscribe en una política de profundización del modelo extractivista, bajo la influencia del Fondo Monetario Internacional y del Gobierno de Estados Unidos. También plantea que los servicios esenciales deberían dejar de estar privatizados y quedar bajo control de trabajadores y usuarios, con prioridad en las necesidades sociales y ambientales.