El Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la compañía estatal encargada de proveer agua potable, cloacas y servicios sanitarios a 14 millones de personas del Área Metropolitana de Buenos Aires. La licitación por el 90 % de las acciones fue adjudicada a un consorcio integrado por Transclor, Rowing, Arcos Saneamento e Participacoes y PHX AQUA AR BV, por U$S 340 millones, una cifra que, según el artículo original, quedó por debajo de las previsiones del Ministerio de Economía.
La operación generó críticas por los vínculos del titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, con los empresarios relacionados con el grupo adjudicatario. El dueño de Transclor es Mauricio Filiberti, socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor, entre otras compañías. Chaher trabajó durante dos décadas en empresas vinculadas a Vila y Manzano antes de asumir funciones en el Gobierno nacional.
Filiberti, Vila y Manzano también controlan Edenor, señalada como la principal distribuidora eléctrica del país. Asimismo, la sociedad adquirió por U$S 780 millones la mayoría accionaria de Metrogas, que pertenecía a YPF. Vila y Manzano, por su parte, poseen Telefe, el Grupo América y otras empresas en el interior del país.
El artículo cuestiona que la administración de La Libertad Avanza impulse privatizaciones que, a su entender, favorecen a grandes corporaciones. En ese marco, sostiene que el caso de AySA resulta especialmente polémico debido a la trayectoria laboral de Chaher bajo la órbita de Vila y Manzano.
La trayectoria de Diego Chaher
Diego Chaher, abogado de 53 años, desarrolló funciones administrativas y gerenciales durante más de veinte años en compañías del holding de Vila y Manzano, entre ellas Supercanal-Arlink y Canal 8 de San Juan. De acuerdo con versiones citadas en el texto, José Luis Manzano habría recomendado su incorporación al Gobierno ante Luis “Toto” Caputo y Javier Milei.
En febrero de 2024, Chaher fue designado al frente de Radio y Televisión Argentina —TV Pública, Radio Nacional y RAE—, Télam, Educ.ar y Contenidos Públicos Sociedad del Estado, tras la firma del Decreto 117/2024, que dispuso la intervención de los medios públicos estatales. En ese momento, al ser consultado por su llegada a la función pública, afirmó que muchas personas lo conocían “del ambiente”.
Posteriormente, estuvo a cargo del cierre y la disolución de Télam. El mismo día en que se anunció el final de la agencia, dejó su puesto como interventor y pasó a conducir la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, dependiente de la Jefatura de Gabinete.
Menos de un mes más tarde se creó, bajo la órbita del Ministerio de Economía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, destinada a reorganizar, semiprivatizar o vender cerca de 60 empresas estatales. Chaher fue designado para encabezar ese organismo.
Entre los antecedentes de su gestión, en febrero de 2025 se concretó la privatización de las acciones de Impsa, empresa vinculada a la generación de energía renovable. La compañía fue adjudicada por U$S 27 millones al holding estadounidense ARC Energy, único oferente de la licitación.
Chaher también intervino en el proceso de transformación de la Casa de Moneda. Según el texto, primero fue intervenida, luego pasó de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima unipersonal y después sufrió un proceso de vaciamiento. La Compañía de Valores Sudamericana, encargada de producir patentes vehiculares, dejó de funcionar; la fabricación de pasaportes pasó al Registro Nacional de las Personas (Renaper) y la de instrumentos fiscales al ARCA. La producción de billetes, en tanto, quedó casi por completo en manos de una empresa china y otra estadounidense.
Las condiciones de la privatización de AySA
Como titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Chaher tuvo a su cargo la definición de los lineamientos de la licitación del 90 % de AySA, las condiciones económicas y regulatorias, la recepción y evaluación de propuestas, la selección del consorcio ganador y la fijación de los plazos para el traspaso.
El contrato establece que el nuevo operador contará con cinco años para llevar la cobertura de agua potable al 75,3 % de la población. Tendrá otros 25 años, hasta el vencimiento contractual, para alcanzar el 90 %. En materia de saneamiento, las metas son llegar al 63,9 % en 2031 y al 75 % en 2057. El artículo considera que estos plazos son insuficientes para garantizar la expansión de un servicio esencial y señala que la cobertura total podría quedar postergada hasta una eventual prórroga de diez años.
Otro de los puntos remarcados es que Transclor provee a AySA, desde 2009, policloruro de aluminio, un insumo fundamental para potabilizar el agua. El texto sostiene que la empresa ya mantenía así un negocio relevante con el Estado y precisa que ese vínculo se extendió durante los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández-CFK-Sergio Massa. Durante la gestión del Frente de Todos, la presidencia de AySA estuvo a cargo de Malena Galmarini de Massa.
Además, AySA figura entre los principales clientes de Edenor. Con el traspaso previsto para el verano, la distribuidora eléctrica controlada por Vila, Manzano y Filiberti pasaría a suministrar energía a una empresa que también estaría en manos de Filiberti. Para el artículo original, esta convergencia de relaciones empresariales y laborales excede un posible conflicto de intereses.
El texto concluye con una crítica a la política privatizadora del Gobierno nacional y convoca a movilizarse contra el DNU 70/2023. También plantea poner fin a las privatizaciones de servicios esenciales y promover su administración bajo control de trabajadores y usuarios.