Mientras los gobiernos de Javier Milei y Raúl Jalil amplían los beneficios para las grandes empresas mineras, Glencore anunció inversiones para el proyecto Agua Rica-MARA. Al mismo tiempo, más de un centenar de cateos atraviesan Catamarca y diversas comunidades, trabajadores y asambleas cuestionan las condiciones laborales, ambientales y políticas que rodean a la actividad.
Manuel, vecino de Amanao y conocedor de las consecuencias de Bajo La Alumbrera, sintetiza esa mirada con una frase: “Casi que les pagamos para que se lleven el mineral”. Para los sectores críticos de la megaminería, las promesas de desarrollo se repiten desde hace décadas, sin resolver los problemas de las poblaciones cercanas a los proyectos extractivos.
Desde la Ley de Inversiones Mineras de la década de 1990, el sector cuenta con estabilidad fiscal durante 30 años, beneficios para importar bienes y maquinaria y otras facilidades para grandes inversiones. El RIGI impulsado por Milei profundiza ese esquema, mientras el Gobierno de Jalil posiciona a Catamarca como una de las principales provincias vinculadas a la actividad.
En contraste con las dificultades económicas de numerosas familias, las empresas discuten exenciones, beneficios y garantías de largo plazo. Según lo señalado en el artículo original, el canon de agua pagado por Alumbrera en 2025 no habría superado los dos millones de pesos, una suma inferior a la que puede afrontar una pequeña unidad productiva por agua de riego.
Conflictos laborales en Tres Quebradas
En Tres Quebradas, el proyecto de litio situado en Fiambalá y controlado por la empresa china Zijin a través de Liex, trabajadores realizaron reclamos por alimentación, indumentaria, salarios, seguridad y trato laboral. R., de 28 años, quien lleva dos años trabajando en el emprendimiento, sostuvo: “Hoy no se cobran los sueldos de hace diez años atrás, y acá no se puede hablar con otro de mayor jerarquía. Los chinos dicen que este territorio es una parte de China en Argentina”.
El proyecto atravesó diversos conflictos y, durante este año, un paro detuvo la producción. Los reclamos plantean interrogantes sobre la calidad del empleo, los salarios, las condiciones de salud y seguridad, los derechos laborales y el destino de la riqueza generada por la actividad.
El antecedente de Bajo La Alumbrera y el proyecto Agua Rica-MARA
Las comunidades cercanas a Bajo La Alumbrera mantienen denuncias por contaminación de cursos de agua, pérdida de vertientes, desertificación, muerte de animales y enfermedades entre pobladores y trabajadores. También persisten cuestionamientos sobre los controles ambientales y el dique de colas de la explotación.
Habitantes de la zona mencionan numerosos casos de cáncer y una elevada mortalidad, por lo que reclaman un relevamiento epidemiológico serio e independiente que permita establecer la dimensión de esas situaciones.
En este contexto, Milei y Jalil celebraron el ingreso de Agua Rica-MARA al RIGI. Glencore informó una inversión de US$ 2.167 millones al año, mientras que también se mencionó un anuncio de US$4.000 millones para el proyecto. Agua Rica utilizará instalaciones e infraestructura de Alumbrera. La compañía prevé miles de empleos durante la etapa de construcción y una cantidad considerablemente menor cuando la mina alcance su operación plena.
Los cuestionamientos apuntan a que, tras décadas de explotación minera, la promesa de desarrollo continúa presentándose como una meta futura. Desde esta perspectiva, el modelo productivo minero deja impactos ambientales y condiciones de explotación laboral que contrastan con los beneficios anunciados.
Proveedores, empresas y vínculos políticos
La actividad minera en Catamarca también consolidó una red de proveedores, contratistas, concesiones y relaciones con el poder político. Entre las acciones financiadas por Alumbrera se mencionan cursos para docentes, becas escolares, premios para carreras de autos antiguos, una maratón, sábanas para el hospital de Belén y medallas para un acto del 9 de Julio en Andalgalá.
La crítica sostiene que estas contribuciones representan una porción reducida de la riqueza extraída y contribuyen a fortalecer la influencia empresarial en las localidades.
También se señala la participación de Mogueta, empresa vinculada a Fernando Jalil, hermano del gobernador Raúl Jalil, entre los proveedores y en su relación con YMAD. El planteo es que, además de las multinacionales como Glencore y Zijin, existen actores locales que obtienen beneficios alrededor de los emprendimientos mineros.
Más de un centenar de cateos y nuevas disputas
La expansión prevista incluye más de un centenar de cateos distribuidos en Catamarca y decenas de propiedades mineras en distintas etapas. En ese entramado aparecen propietarios de cateos, empresas que buscan socios y operadores que conectan capitales con proyectos.
El artículo menciona entre los nombres vinculados históricamente a este circuito a Ángel Mercado, exmarido de Lucía Corpacci; al exgobernador Oscar Castillo; y al actual vicegobernador Rubén Dusso, además de las relaciones de los gobiernos de Corpacci y Jalil con el desarrollo de la minería.
En Santa María, estudios y perforaciones de Sofía Gold cerca de Fuerte Quemado generaron preocupación entre los vecinos. La organización comunitaria, las reuniones y las movilizaciones derivaron en la decisión provincial de no habilitar el proyecto en las condiciones planteadas.
Sin embargo, las asambleas volvieron a mantenerse alertas ante otros proyectos: Tierra Desconocida, de oro y cobre en los Cerros de Colores; Santo Grial, en La Hoyada; y Saturno, una propiedad minera próxima a la ciudad.
En el este provincial, entre El Alto y Ancasti, el proyecto de Litios del Norte busca avanzar con litio en roca en una región de ríos, aguadas y vertientes. Vecinos de Catamarca se organizaron junto a pobladores de Frías, en Santiago del Estero, y asambleas regionales. Más de 50 personas presentaron impugnaciones al procedimiento minero.
Uno de los vecinos advirtió sobre el posible uso de tratamientos a más de mil grados con ácido sulfúrico y explotación a cielo abierto. El procedimiento técnico deberá ser contrastado con el informe ambiental de la compañía, pero la preocupación comunitaria se concentra en el agua, el territorio y el futuro de la región. La instancia informativa prevista para fines de septiembre fue suspendida.
La defensa territorial en la Puna y Peñas Negras
En la Puna se concentra una parte significativa de la expansión del litio catamarqueño y regional, con proyectos controlados por capitales chinos, australianos, surcoreanos y angloaustralianos. Pobladores de esos territorios denuncian dificultades para acceder a información sobre las iniciativas empresariales.
La comunidad indígena de Peñas Negras denunció el avance de actividades mineras sobre un territorio que considera ancestral. Durante la resistencia hubo presencia policial, episodios de tensión y represión. La comunidad mantuvo durante días la defensa del lugar.
Asambleas por el agua, organizaciones políticas y otros sectores expresaron su solidaridad. El Comité Catamarca por un Partido de la Nueva Clase Trabajadora, junto a Myriam Bregman, se movilizó contra la violencia estatal y en respaldo a la comunidad. Desde la bancada del Frente de Izquierda se promovieron iniciativas en el Congreso para denunciar los hechos.
La protesta continuó en las calles de Catamarca durante la Marcha de la Bronca, con una consigna central: que ninguna comunidad vuelva a enfrentar estos conflictos de manera aislada.
Trabajo, ambiente y convocatoria a la movilización
El texto cuestiona la contraposición entre minería y pobreza, o entre empleo y ambiente. Sostiene que los trabajadores mineros reclaman por salarios y condiciones de trabajo, mientras las comunidades se movilizan en defensa del agua y la posibilidad de decidir sobre sus territorios.
Desde esa posición, trabajadores y pobladores no deberían ser adversarios, ya que enfrentan a las mismas empresas y políticas: Glencore, Zijin y otras multinacionales; el Gobierno nacional, por los beneficios otorgados mediante el RIGI; y el poder político provincial encabezado por Jalil. El debate planteado se centra en quién decide sobre la tierra, el agua y los minerales, y quién se apropia de la riqueza producida.
Como referencia, se menciona la experiencia de Alto Norte, en Chile, donde trabajadores mineros coordinan con asambleas socioambientales bajo la iniciativa “Mineros por el medioambiente”.
Para el 15 de octubre fue convocada una sesión especial en Diputados con el objetivo de rechazar el DNU 70/23 de Milei, que ya había sido rechazado por el Senado en 2024. La Corte suspendió el artículo 154 de ese decreto, que derogaba la Ley de Tierras Rurales.
La fecha también contempla una nueva movilización universitaria y el tratamiento de la emergencia en discapacidad. El artículo propone llevar a esa jornada las demandas de Peñas Negras, Santa María, Ancasti y El Alto, junto con reclamos de la comunidad universitaria, docentes, jubilados, personas con discapacidad, trabajadores, mujeres y jóvenes.
Finalmente, plantea la necesidad de derogar por completo el DNU 70/23, exigir a la CGT y las centrales sindicales un paro nacional y un plan de lucha, y avanzar hacia una huelga general contra las políticas de Milei, el FMI, las mineras y los gobernadores que respaldan esos negocios.