De cara al jueves 15 de octubre, distintos sectores preparan una jornada de movilización en el Congreso y en las principales ciudades del país. Ese día, la Cámara de Diputados tratará el DNU 70/23, además de cuestiones vinculadas con discapacidad y las familias endeudadas. La convocatoria se plantea como una protesta contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei y sus aliados.
La jornada reunirá a trabajadores, estudiantes —que también se movilizarán contra el ajuste presupuestario en las universidades—, jóvenes precarizados, mujeres y jubilados. Entre los reclamos figuran la defensa de la Ley de Tierras, el rechazo integral al DNU 70/23, la protección de la educación pública, la situación de las familias endeudadas y la emergencia en discapacidad.
El DNU 70/23 ya fue rechazado por el Senado, en un contexto que el artículo vincula con el descontento social. Sin embargo, sostiene que resulta necesario llevar adelante una movilización masiva para expresar el rechazo al decreto y a las políticas oficiales.
En ese marco, se cuestiona que la CGT no haya convocado hasta el momento a un paro general activo para el 15 de octubre. Según el planteo, una medida de ese tipo, acompañada por las CTA, permitiría desplegar la capacidad de movilización de gremios estratégicos como Camioneros, UOCRA, UPCN, Comercio, Sanidad, UOM, Bancarios, Alimentación y SMATA, entre otros.
La paralización de la producción, el transporte y la circulación de mercancías daría, según esta posición, mayor peso a la fuerza organizada de la clase trabajadora frente a las negociaciones parlamentarias y las maniobras del sistema político para mantener vigente el DNU y el programa del Gobierno.
También se señala la responsabilidad de sectores sindicales críticos de la conducción de la central obrera, entre ellos la UOM, Aceiteros, los sindicatos del Transporte y algunos gremios de la CTA, a los que se les reclama una convocatoria urgente hacia el 15 de octubre.
La dirigencia de la CGT, integrada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, es acusada de sostener una tregua con el Gobierno. El artículo considera que esa postura limita la movilización obrera y popular y deja margen para que el oficialismo y sectores de la oposición peronista y dialoguista negocien una salida parlamentaria que preserve los aspectos centrales del decreto.
Además, se cuestiona la estrategia de recurrir a movilizaciones acotadas y a la vía judicial, en comparación con lo sucedido durante el debate sobre la Reforma Laboral. La nota sostiene que la CGT peronista no impulsa un paro porque no busca la caída completa del DNU 70/23, al que define como una pieza central del programa de Milei.
La crítica se extiende al peronismo parlamentario. Por un lado, se afirma que permitió que el decreto, pese a haber sido rechazado por el Senado, continuara vigente durante más de dos años sin reunir las firmas necesarias para tratarlo en Diputados. Por otro, se cuestiona un proyecto presentado por la bancada peronista en el Senado que propone eliminar del DNU la derogación de la Ley de Tierras, al considerar que convalida el resto de la norma.
Por último, el artículo plantea la necesidad de exigir a la CGT un paro nacional activo, como paso hacia una huelga general, para romper la tregua con el Gobierno y enfrentar la agenda de ajuste y entrega atribuida a Milei, sus aliados y los grandes empresarios.