El Ministerio de Economía celebró el superávit financiero del Sector Público Nacional (SPN) correspondiente a septiembre y resaltó las transferencias destinadas a las universidades. Sin embargo, un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señala que los recursos ejecutados por estudiante entre 2024 y 2026 se encuentran entre los niveles más bajos de las últimas dos décadas.
El ministro Luis Caputo destacó en la red social X el ajuste aplicado y el resultado fiscal acumulado durante los primeros nueve meses del año. De acuerdo con los datos oficiales, el SPN acumuló un superávit financiero cercano al 0,3% del PIB y un superávit primario —antes del pago de intereses de deuda— de aproximadamente 1,2% del PIB.
Según el Ministerio de Economía, las transferencias corrientes alcanzaron los $4.380.412 millones, con un aumento interanual del 17,1%. En particular, indicó que las transferencias a universidades crecieron un 42,4% interanual, lo que, según el Gobierno, refleja el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las universidades en el marco de la ley aprobada por el Congreso Nacional en 2025.
El artículo cuestiona esa interpretación y sostiene que la ley de financiamiento universitario lleva casi un año sin aplicación efectiva. Además, menciona que el vocero presidencial Adrián Ravier afirmó durante la semana que la norma está interrumpida y que todavía no se definió qué hará el Gobierno nacional frente al fallo judicial.
El informe de ACIJ analizó la evolución de la ejecución presupuestaria del Programa 26, “Desarrollo de la Educación Superior”. Según la entidad, los recursos ejecutados por estudiante entre 2024 y 2026 alcanzaron los niveles más bajos de los últimos veinte años.
En términos reales, el monto ejecutado por estudiante entre enero y septiembre pasó de $3,36 millones en 2023 a $2,32 millones en 2026, una caída del 30,9%. A su vez, la ejecución total del programa registró una reducción real acumulada del 29,2% entre 2023 y 2026: pasó de $6.484 mil millones a $4.591 mil millones, a precios constantes.
Los principales recortes
De acuerdo con datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), durante septiembre los mayores ajustes reales se concentraron en las becas Progresar, con una baja del 40,5%; los subsidios económicos, con una reducción del 16,8%; las asignaciones familiares, con una caída del 12,8%; y otros programas sociales, que descendieron un 17,3%.
En el acumulado anual, los recortes afectaron a las prestaciones sociales, con una disminución del 2,3%; otros programas sociales, con una baja del 22,1% —incluyendo Políticas Alimentarias, el programa Volver al Trabajo y las Becas Progresar—; y los salarios de los trabajadores públicos, que retrocedieron un 4,3%.
El texto sostiene que, mientras el Gobierno de Javier Milei y Caputo aplica recortes sobre trabajadores y sectores populares, beneficia a grandes empresarios, bancos y al capital financiero. También cuestiona el rol de la CGT frente a esas medidas.
El jueves, miles de personas participaron de la Quinta Marcha Universitaria. A la movilización también se sumaron colectivos de Discapacidad, personas endeudadas y organizaciones de izquierda, sociales, políticas y sindicales. El artículo afirma que hubo resistencia cuando comenzó la represión y define la jornada como un nuevo hito en la lucha contra el Gobierno.