El DNU 70/23, anunciado por Javier Milei el 20 de diciembre de 2023 bajo el nombre de «Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina», continúa vigente tres años después debido a que el Congreso no lo rechazó de manera definitiva. El decreto, de 366 artículos, derogó, modificó y desreguló normas centrales de la economía y fue cuestionado por especialistas y abogados, que lo consideraron inconstitucional.
El jueves 15 de octubre, la Cámara de Diputados no logró reunir el quórum necesario para tratar su rechazo: faltaron ocho legisladores. Aunque el Senado había aprobado su rechazo en marzo de 2024, la Cámara baja no avanzó con el tratamiento. La sesión se produjo en un contexto de movilizaciones que reclamaban la derogación del decreto y cuestionaban el ajuste del Gobierno.
Entre las disposiciones del DNU que continúan teniendo impacto se encuentran las vinculadas con alquileres, salud, endeudamiento, tierras rurales, alimentos, empleo, empresas públicas y servicios.
Alquileres
El artículo 249 derogó por completo la Ley de Alquileres 27.551. Desde entonces, la duración de los contratos, la moneda de pago y los mecanismos de actualización quedaron sujetos a la negociación entre propietarios e inquilinos. Según el planteo del artículo original, esta situación amplió el poder de los propietarios y obligó a muchos inquilinos a aceptar condiciones más desfavorables y precios elevados para conservar una vivienda.
Prepagas, obras sociales y medicamentos
El decreto eliminó controles sobre los aumentos de las cuotas de la medicina prepaga y modificó las reglas de funcionamiento de las obras sociales. También habilitó cambios en la elección de cobertura y en la derivación de los aportes de los trabajadores hacia distintas entidades de salud.
Además, derogó la norma que había creado la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, orientada a fortalecer la producción estatal de medicamentos. La restitución de esa ley volvería a poner en discusión el rol de la producción pública para facilitar el acceso a tratamientos y reducir la dependencia de los precios de mercado.
Tierras rurales
El artículo 154 del DNU derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Esa norma establecía límites a la propiedad extranjera de tierras rurales: fijaba un tope del 15% para la titularidad extranjera en los ámbitos nacional, provincial y municipal, además de restricciones vinculadas con nacionalidad, superficie y ubicación. También incluía protecciones para zonas de frontera y cuerpos de agua relevantes.
La derogación eliminó esas limitaciones y habilitó la adquisición de tierras por parte de personas y empresas extranjeras sin las restricciones específicas previstas por la ley. No obstante, una medida cautelar de la Corte Suprema restableció provisoriamente esas restricciones, luego de que el artículo 154 permaneciera vigente durante diez días, mientras la Justicia de Bariloche analiza el caso. La cautelar no resuelve de manera definitiva el futuro de ese artículo ni sustituye el debate parlamentario sobre el decreto.
Tarjetas de crédito y endeudamiento
El DNU derogó y modificó diversos artículos de la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito. Entre otros cambios, eliminó limitaciones para bancos y emisoras en el cobro de comisiones o aranceles, el tope de los intereses punitorios y sanciones por incumplimientos en la información sobre tasas establecidas por el Banco Central.
El artículo original vincula estas modificaciones con el aumento del endeudamiento de los hogares y de la morosidad, al permitir tasas de interés que califica como usurarias.
Alimentos y precios
El megadecreto derogó la Ley 20.680 de Abastecimiento y la Ley 27.545 de Góndolas. La eliminación de ambas normas redujo las herramientas regulatorias en mercados donde las grandes empresas poseen una capacidad decisiva para fijar condiciones comerciales. Una eventual restitución permitiría debatir nuevamente mecanismos de protección para consumidores y productores frente a posiciones dominantes.
Trabajo y producción
El DNU modificó la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y otras normas laborales. Sus cambios abarcaron el período de prueba, la registración laboral y distintos aspectos de las relaciones de trabajo, además de regulaciones sobre empleo agrario y trabajo en casas particulares.
El texto también señala que algunas normas aún dependen del decreto, mientras que otras fueron modificadas posteriormente por el Congreso a través de la Ley Bases y la reforma laboral denominada «Ley de Modernización Laboral».
Empresas públicas, transporte y servicios
El decreto introdujo cambios en el régimen de las empresas estatales, con mecanismos destinados a facilitar su transformación y una eventual privatización. También modificó regulaciones en la actividad aerocomercial, las telecomunicaciones y otros sectores, generando nuevas oportunidades de negocios para grandes corporaciones nacionales y multinacionales.