Lluvias extremas, desbordes de ríos, daños en viviendas y evacuaciones marcaron las últimas semanas en distintas regiones de la Argentina, en un contexto atravesado por el fenómeno de El Niño. El artículo original cuestiona la falta de medidas preventivas de los gobiernos nacional, provinciales y municipales, y vincula la situación con el ajuste presupuestario y la paralización de infraestructura hídrica.
Según el texto, desde comienzos de septiembre hasta mediados de octubre de 2026 confluyeron el calentamiento global, la política de déficit cero del gobierno de Javier Milei y deficiencias históricas en la gestión de obras por parte de administraciones de diferentes fuerzas políticas. En ese marco, señala que el DNU 70/23 mantiene congelados recursos considerados esenciales para la infraestructura hídrica.
Concordia, Misiones y Corrientes, afectadas por las crecidas
Durante la primera quincena de octubre, Concordia, en Entre Ríos, fue una de las zonas más afectadas. Las lluvias intensas en el sur de Brasil elevaron el caudal de agua que recibe la represa de Salto Grande, que debió liberar 17.000 metros cúbicos por segundo. Como consecuencia, el río Uruguay superó los 11,14 metros correspondientes al nivel de alerta y se encaminó hacia los 15 metros.
El 7 de octubre, un temporal provocó voladuras de techos en viviendas precarias y dejó hospitalizado a un niño de 12 años con traumatismo abdominal. El intendente de Concordia, Francisco Azcué, de Juntos por Entre Ríos, pidió a los vecinos que se prepararan ante la emergencia. A su vez, el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio realizó simulacros y reparaciones en estaciones de bombeo que, según el artículo, resultaron tardías.
La crecida dejó más de 400 personas evacuadas en Concordia. Además, más de 600 familias fueron desplazadas de urgencia en al menos diez barrios de la Triple Frontera, en Misiones, mientras que otras 25 personas fueron alojadas en un regimiento militar de Paso de los Libres, Corrientes.
En Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua, del Frente Renovador de la Concordia, dispuso durante septiembre el cierre de circuitos turísticos, entre ellos Garganta del Diablo, y el traslado de ganado desde áreas insulares. El texto indica que esas evacuaciones se realizaron con barcazas y embarcaciones de manera improvisada, y que parte del ganado de mayor tamaño era llevado a pie hacia campos más altos.
En Corrientes, las localidades de Paso de los Libres, Monte Caseros y Alvear registraron cortes de energía al superar los niveles de evacuación. También se cerraron puertos y se suspendió el paso fronterizo fluvial. El artículo cuestiona la gestión del gobernador Juan Pablo Valdés, de la UCR Corrientes, y plantea que la infraestructura provincial no recibe prioridad fuera de las necesidades logísticas del agronegocio.
Daños a la producción y riesgo de subas de precios
Las tormentas y los excesos hídricos también generaron traslados de emergencia de ganado en el Delta bonaerense, con el objetivo de evitar ahogamientos. En el NEA, los daños afectaron a la horticultura estacional y a la agricultura familiar.
De acuerdo con relevamientos citados en el texto, los temporales y el granizo vinculados a El Niño destruyeron más de 300 invernaderos en Misiones. Entre los cultivos afectados se encuentran verduras de hoja como acelga y lechuga.
Asimismo, el informe de IERAL, El Niño en el NEA: qué cultivos enfrentan mayores riesgos, advirtió que el exceso de agua en Corrientes, Chaco y Formosa podría ocasionar problemas en cultivos a cielo abierto, favorecer la aparición de hongos y plagas, y dañar la red de caminos rurales. La intransitabilidad de esos caminos dificultó que pequeños productores pudieran retirar de las chacras la producción que logró sobrevivir.
El artículo sostiene que la pérdida de quintas locales puede ser utilizada por grandes intermediarios como argumento para remarcar precios de verduras. También cuestiona que, mientras se garantiza logística y recursos para el agronegocio exportador, las familias campesinas no contarían con mecanismos oficiales de asistencia equivalentes.
Recortes, fondos y obras hídricas
El texto afirma que el Servicio Meteorológico Nacional sufrió un recorte del 43% en términos reales, lo que, según plantea, afecta su capacidad para sostener el monitoreo territorial y emitir alertas tempranas ante fenómenos climáticos severos.
También sostiene que el fondo fiduciario financiado mediante el impuesto a los combustibles, destinado por ley a obras de prevención de inundaciones, fue utilizado por el Ministerio de Economía para otros fines. Según la publicación, casi el 90% de esos recursos estaría invertido en Letras del Tesoro.
En ese sentido, el artículo afirma que, bajo la emergencia establecida por el DNU 70/23, 28 de las 49 obras hídricas estratégicas nacionales se encuentran paralizadas o neutralizadas. La nota incluía una convocatoria a movilizarse el jueves 15 de octubre para reclamar la derogación del decreto.
Además, menciona que Myriam Bregman y Nicolás del Caño vienen reclamando desde hace tres años que la Cámara de Diputados trate el rechazo al DNU 70/23.
Críticas a la gestión bonaerense
La publicación también atribuye responsabilidad a gobernadores de la oposición peronista. En particular, cuestiona al gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y plantea que la falta de fondos nacionales es utilizada para explicar problemas propios de gestión e infraestructura.
Según el artículo, obras de canalización y saneamiento en las cuencas de los ríos Luján, Reconquista y Matanza-Riachuelo avanzan lentamente o están detenidas. También indica que los planes hidráulicos para el Conurbano y La Plata continúan archivados.
El texto cuestiona que la administración bonaerense priorice el pago de servicios de la deuda externa provincial y la rentabilidad de desarrollos inmobiliarios privados sobre las obras destinadas a prevenir inundaciones. Señala, además, que Kicillof difundió alertas y recomendaciones para preparar mochilas de emergencia ante posibles evacuaciones, pero sin anunciar obras financiadas mediante impuestos a grandes terratenientes.
Como conclusión, la nota sostiene que las lluvias extremas continuarán produciéndose, pero que el riesgo social asociado a ellas se agrava por decisiones estatales, la falta de infraestructura y la orientación de los recursos públicos.