Durante el fin de semana del 9, 10 y 11 de octubre se realizó en Jujuy el Rally Transmontaña de Enduro, una competencia que, según las denuncias de comunidades originarias y referentes ambientales, afectó áreas de elevada sensibilidad ecológica de las Yungas y avanzó sobre territorios ancestrales.
El diputado nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, fue señalado como una de las figuras centrales de la organización y promoción del evento. De acuerdo con lo difundido, el legislador sobrevoló la zona antes de la carrera en un helicóptero con consignas partidarias. Las críticas también apuntaron al respaldo del Gobierno provincial encabezado por Carlos Sadir.
Cuestionamientos por el impacto ambiental
La competencia reunió a más de 600 vehículos motorizados fuera de ruta. El circuito atravesó sectores de las Yungas, selvas en galería, vertientes y cursos de agua cercanos a la Ruta Provincial N.º 20, a unos 35 kilómetros de la capital jujeña.
El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy informó públicamente que las empresas organizadoras —AJEM, Yungas Race y Transmontaña— no contaban con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado ni con la Factibilidad Ambiental previa requerida por la Ley N.º 5063. Pese a ello, la carrera se llevó adelante.
Además, el Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA – CONICET/UNJu) había elaborado un dictamen técnico previo en el que advirtió sobre posibles consecuencias como la compactación de los suelos, el deterioro de la vegetación de ribera y alteraciones en las cuencas hídricas utilizadas por las poblaciones locales.
Reclamos del Pueblo Ocloya
Uno de los principales cuestionamientos se relacionó con el paso de la competencia por el territorio de la Comunidad Indígena Las Capillas, con Personería Jurídica 002/16 SPI, integrante del Pueblo Ocloya y acompañada por el Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya (CDCAPO).
La comunidad resolvió no autorizar el ingreso a sus tierras ni otorgar consentimiento, tras denunciar incumplimientos de compromisos asumidos por los organizadores el pasado 26 de septiembre. También cuestionó la falta de una adecuada Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), derecho contemplado en el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT.
Las autoridades comunitarias manifestaron, además, su rechazo a que el territorio considerado sagrado fuera utilizado para propaganda política partidaria. Según las denuncias, el desarrollo del rally puso en riesgo bienes naturales, fuentes de agua destinadas al consumo y la producción, así como sitios sagrados.
Denuncias y pedidos de intervención
La Comunidad Las Capillas y el Pueblo Ocloya presentaron denuncias penales e intervenciones ante el Juzgado Ambiental y la Fiscalía Ambiental de Jujuy para solicitar la determinación de responsabilidades. El cacique del Pueblo Ocloya, Néstor Jeréz, se presentó ante la Comisión de Pueblos Indígenas de la Legislatura provincial para pedir una audiencia y una intervención inmediata.
El Gobierno de Carlos Sadir también fue cuestionado por haber habilitado el evento. La Legislatura provincial, por mayoría, aprobó un proyecto impulsado por el legislador libertario Kevin Ballesty que declaró la competencia de «interés legislativo».
Por su parte, el bloque del PTS FITU informó que presentó un proyecto de resolución para requerir informes al Ministerio de Ambiente y a la Secretaría de Pueblos Indígenas. La iniciativa solicita asimismo el relevamiento y la remediación de los daños denunciados en las Yungas, además del respeto de los derechos de los pueblos originarios.