Al menos 30 personas murieron y cientos resultaron heridas tras un grave accidente ferroviario ocurrido en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, a la altura de Toledo. Según la información disponible, un tren AVE de Renfe colisionó por detrás con un convoy de Iryo que se encontraba detenido. El sistema principal de señalización estaba averiado.

El siniestro se produjo poco antes de las nueve de la mañana. El AVE había partido de la estación madrileña de Atocha a las 8:00 y chocó con el tren de Iryo en el kilómetro 118 de la línea. Como consecuencia del impacto, los dos últimos vagones del convoy de Iryo descarrilaron y cayeron por un terraplén. La cifra de víctimas continúa actualizándose.

El accidente tiene lugar un día antes de la huelga convocada por los maquinistas de Renfe, quienes reclaman el cumplimiento de compromisos de seguridad que, según denuncian, permanecen pendientes desde la movilización realizada en febrero tras el accidente de Adamuz.

Pocas horas después del choque, el Ministerio de Transportes filtró como explicación un posible «error humano». Sin embargo, el artículo original cuestiona esta interpretación y atribuye la situación a un modelo ferroviario marcado por averías en el material, recortes de personal, subcontratación del mantenimiento y falta de financiación.

Antecedentes: Adamuz y Gelida

El suceso de Toledo ocurre menos de diez meses después del accidente registrado el 18 de enero en Adamuz, Córdoba. En aquella ocasión, un tren de Iryo descarriló a la entrada de la estación e invadió la vía contigua, por la que circulaba un tren de Alvia. El balance fue de 46 fallecidos y 126 heridos.

Dos días después de ese accidente, un desprendimiento de un talud sobre las vías en Gelida, Barcelona, causó la muerte de un maquinista en prácticas.

Los trabajadores ferroviarios sostienen que estos hechos no son fatalidades aisladas, sino el resultado de un sistema que, a su juicio, ha reducido la inversión en conservación de la red y ha externalizado labores fundamentales. Entre 2018 y 2022, el Estado español destinó el 16% de su gasto ferroviario al mantenimiento y conservación de la red existente, frente al 84% dedicado a nuevas obras.

Según estas denuncias, la señalización, el mantenimiento y la seguridad fueron trasladándose a empresas subcontratadas, mientras la liberalización de la alta velocidad incrementó el tráfico sobre las mismas vías sin que el mantenimiento creciera al mismo ritmo.

Críticas a la gestión ferroviaria

El texto responsabiliza al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro de Transportes, Óscar Puente, por no haber cumplido los compromisos acordados con los sindicatos después del accidente de Adamuz. También critica al Partido Popular, al que vincula con el inicio de la privatización ferroviaria, y a Vox, al que atribuye la defensa de un modelo todavía más orientado al mercado.

La Ley del Sector Ferroviario de 2003, aprobada durante el Gobierno de José María Aznar, abrió la vía a la segmentación y externalización de servicios. Posteriormente, fue aplicada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y actualizada en 2015 y 2022, durante gobiernos del PP y de coalición del PSOE con Unidas Podemos, respectivamente. El artículo señala además que el Gobierno de Sánchez abrió la alta velocidad a la competencia privada y mantuvo la externalización del mantenimiento.

Huelga de maquinistas el 29 de octubre

Después de los accidentes de Adamuz y Gelida, los maquinistas convocaron paros los días 9, 10 y 11 de febrero para exigir medidas básicas de seguridad, la reversión de las externalizaciones y una mayor inversión en mantenimiento. El primer día de huelga, Óscar Puente firmó un acuerdo con el sindicato Semaf y con CCOO y UGT, lo que permitió desconvocar los paros. La CGT y otros sindicatos consideraron insuficiente aquel acuerdo.

Semaf mantiene ahora una huelga de 24 horas para el jueves 29 de octubre en todo el Grupo Renfe. El sindicato denuncia el bloqueo de acuerdos relacionados con seguridad ferroviaria, protocolos ante emergencias meteorológicas, incorporación de maquinistas, atención a trabajadores que sufren arrollamientos y fiabilidad del material rodante.

El Ministerio estableció servicios mínimos del 73% para la alta velocidad. El texto considera que esta medida limita el alcance de la huelga y plantea que el accidente de Toledo refuerza las reclamaciones de los maquinistas.

Petición de una investigación independiente

La Izquierda Diario reclama una comisión de investigación independiente, integrada por trabajadores ferroviarios, maquinistas, personal de circulación y mantenimiento, además de asociaciones de víctimas y usuarios. La propuesta plantea que esta comisión pueda acceder a la documentación de Adif, Renfe, Iryo y las empresas contratistas, sin depender del Ministerio de Transportes.

El artículo expresa solidaridad con las víctimas y sus familias, así como con la huelga convocada, y propone acabar con las externalizaciones, reforzar la contratación de personal, aplicar un plan urgente de mantenimiento y renacionalizar el sistema ferroviario bajo control de trabajadores y usuarios.