El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció una inversión de $2,3 billones para prevenir y mitigar los efectos del Súper Niño. Sin embargo, según el desglose oficial del programa, la mayor parte de los recursos se concentra en infraestructura hídrica, mientras que las partidas destinadas a salud, asistencia directa, vivienda y relocalización resultan limitadas o no están contempladas.

El fenómeno de El Niño, intensificado por el cambio climático, ya provoca lluvias intensas, desbordes y cortes de rutas en distintas zonas del país. En Neuquén se registraron tormentas persistentes y en Corrientes había más de 600 personas evacuadas o autoevacuadas, de acuerdo con Defensa Civil. La provincia de Buenos Aires todavía no atravesó el punto más crítico de las inundaciones previstas.

Dos planes y dudas sobre el presupuesto

Las alertas se profundizaron en junio, cuando la Organización Meteorológica Mundial advirtió una probabilidad del 80% de que El Niño se desarrollara entre junio y agosto. Ese mes, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, conducido por Gabriel Katopodis, presentó junto al Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias (CORE) el denominado Plan de Gestión del Riesgo Climático.

El presupuesto de esa primera iniciativa no quedó claramente establecido. Mientras distintos medios mencionaron cifras de entre $1,3 billones, $1,7 billones y $2,1 billones, el documento ministerial de junio consignaba $530.742 millones.

El 26 de agosto, Axel Kicillof anunció en el Salón Dorado el Plan provincial de políticas de prevención y mitigación del fenómeno del Súper Niño, con una inversión declarada de $2,3 billones. La novedad fue la conformación de una mesa interministerial para coordinar acciones y sostener el vínculo con los 135 municipios.

No obstante, el Gobierno provincial no explicó cómo se articulan ambos programas. El documento de agosto no menciona el plan de junio ni precisa si los $2,3 billones corresponden a fondos nuevos o a la suma de obras y programas preexistentes. Carlos Bianco, ministro de Gobierno, definió esa cifra como la inversión total de distintos organismos bonaerenses. Posteriormente, Infraestructura presentó su iniciativa de junio como parte del plan de agosto, con una asignación de $2,1 billones.

El peso de las obras hidráulicas

El núcleo de los dos planes mantiene una estructura similar: monitoreo y coordinación; prevención y respuesta; y medidas estructurales. En junio se contemplaban 135 intervenciones y siete estudios para prevenir el riesgo hídrico urbano; en agosto, ese número pasó a 141 obras. La política de adaptación productiva a extremos climáticos mantuvo diez intervenciones.

El 90% de los recursos del plan, equivalentes a unos $2,1 billones, queda bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura. Las medidas estructurales concentran aproximadamente $1,96 billones, es decir, el 84% del total: $1,7 billones se orientan a drenajes urbanos y defensas costeras, mientras que $257.231 millones corresponden a infraestructura hidráulica regional.

Entre las intervenciones mencionadas se encuentran obras en las cuencas del Luján y el Maldonado, además de desagües en Moreno, Lomas de Zamora y Almirante Brown. El artículo original sostiene que estas obras son necesarias, aunque advierte cuestionamientos de vecinos de la cuenca del Luján sobre la eficacia o las consecuencias del ensanche del cauce.

El documento de agosto define estas obras como medidas de “mitigación” del cambio climático. Sin embargo, el texto señala que, en términos técnicos, se trata de acciones de adaptación, ya que buscan limitar daños y no reducir emisiones. Según esa observación, el plan no incorpora medidas destinadas a disminuir gases de efecto invernadero.

Barrios populares y asistencia limitada

En la provincia de Buenos Aires viven 17,5 millones de personas, y tres de cada cuatro residen en la Región Metropolitana, que ocupa apenas el 4,5% del territorio provincial. Allí se localizan 2.327 barrios populares, habitados por 2,7 millones de personas: el 15% de la población concentrada en el 4,4% de la superficie urbana, según datos del Plan Buenos Aires Hábitat de 2025.

La Matanza reúne casi 396.000 habitantes en barrios populares; Lomas de Zamora, 243.000 —el 35% de su población—; y el Gran La Plata, 172.000. El texto recuerda la inundación del 2 y 3 de abril de 2013 en La Plata, que dejó al menos 89 víctimas fatales.

En esos barrios, el 74% de los hogares tiene a una mujer como principal responsable y el 39% de la población tiene entre 0 y 19 años. Además, el 85% no posee conexión formal a la red de agua y el 95% carece de conexión cloacal formal.

Para la emergencia, el plan contempla insumos para 100 centros de evacuados, con una partida de $500 millones. Si se destinaran exclusivamente a los barrios populares, equivaldría a un centro cada 23 barrios o cada 27.000 personas, con un cálculo aproximado de $190 por habitante. El programa, sin embargo, abarca a toda la provincia.

También prevé para el conjunto bonaerense dos ambulancias 4×4, dos móviles de rescate, seis carpas, cinco gazebos sanitarios y 45 botiquines. Incluye 50.000 colchones —uno cada 54 personas de barrios populares— y 10.000 kits para reparar techos, equivalentes a uno por cada 71 hogares. El área de Seguridad informó además la disponibilidad de 11 helicópteros y 427 embarcaciones, sin detallar montos en el PDF.

Salud, vivienda y urbanización

El plan no asigna partidas específicas para vivienda, relocalización ni urbanización. La Política 8, vinculada al agua y las cloacas, dispone de $20.750 millones, menos del 1% del presupuesto total, y está destinada a sostener servicios existentes. Las nuevas plantas proyectadas en junio, valuadas en US$482 millones y pendientes de aval nacional, no figuran en el plan de agosto.

Las áreas de asistencia social y prevención directa reciben recursos acotados. Salud cuenta con $2.424 millones, cerca del 0,1% del total, equivalente a unos $138 por habitante. El OPISU dispone de $130.827 millones, el 5,6% del programa, aunque el 99% corresponde a obras hidráulicas; la asistencia integral de emergencia para familias suma $220 millones, menos del 0,01% del plan. Desarrollo de la Comunidad recibe $10.970 millones, el 0,47%, para colchones, kits de techo y 87.500 raciones de alimentos.

En materia hospitalaria, no se detalla cuánto se destinará a obras en el sistema de salud. El plan solo prevé $1.021 millones para impermeabilizar ocho edificios, reparar grupos electrógenos y podar árboles en cinco hospitales. La diferencia con los $1,7 billones destinados a drenajes y defensas costeras equivale a unas 700 veces menos recursos para Salud.

El artículo pone como ejemplo a La Matanza, el distrito con mayor población en barrios populares. Su único hospital pediátrico, el Hospital del Niño de San Justo, dependiente del municipio de Fernando Espinoza, atiende a todo el oeste del conurbano y funciona sin guardia. En el Materno Infantil Germani de Laferrere, la internación pediátrica permanece cerrada desde hace años.

También menciona al Hospital Néstor Kirchner de Laferrere, cuya construcción comenzó en 2010. La obra fue paralizada durante las gestiones de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en 2016 y, aunque fue retomada desde 2019, funciona parcialmente. Atiende guardias desde 2023, pero el área materno-infantil registra un avance oficial del 23,55% y una fecha de finalización prevista para 2025 que ya venció. El programa para el Súper Niño no le destina fondos para concluirla.

Trabajadores de la emergencia

El texto también cuestiona las condiciones salariales de quienes sostienen la respuesta frente a inundaciones: docentes, trabajadores de salud, municipales, Defensa Civil y personal de escuelas y hospitales. Una maestra de grado que recién se inicia en la provincia cobraba $945.980 en octubre, tras un aumento del 6% en dos cuotas, cifra equivalente al 58% de los $1.632.505 que una familia tipo necesitó en septiembre para no ser pobre, según el INDEC.

En el sistema de salud provincial, más de 20.000 becarios sostienen servicios sin pase a planta. En los municipios, los salarios son fijados por los intendentes. Según FESIMUBO, en distritos como Merlo, gobernado por Gustavo Menéndez, los básicos rondan los $150.000 y existen contrataciones mediante monotributo y becas para tareas permanentes.

La falta de profesionales también impactó en la guardia del Hospital del Niño de San Justo: a fines de mayo de 2023 renunciaron 32 trabajadores en una semana por bajos salarios, por lo que la atención de guardia pasó a funcionar solo los jueves. El artículo recuerda que la Ley 14.656 prevé un Consejo del Empleo Municipal que aún no se encuentra operativo, pese a que en 2023 el Ministerio de Trabajo bonaerense había anunciado que convocaría a conformarlo.

Falta de precisiones y reclamo judicial

El PDF de agosto distribuye los $2,3 billones entre 37 políticas de ocho organismos, pero no aclara qué recursos son nuevos y cuáles corresponden a programas u obras en marcha. Nueve políticas figuran sin monto y la partida ambiental, de $5.885 millones, aparece bajo la denominación de “escenario de máxima”.

De las 141 obras incluidas en la Política 12, 39 estaban terminadas y 93 en ejecución; es decir, el 94% ya se encontraba en alguna de esas etapas. Solo nueve estaban proyectadas. Las diez obras de la Política 13 también estaban finalizadas o en desarrollo.

El monto asignado a intervenciones similares varía entre documentos. En junio se informaban $284.983 millones para 135 obras y siete estudios; en agosto, la Política 12 pasó a $1,7 billones; y el 27 de octubre Infraestructura mencionó $1,7 billones para 139 obras y siete estudios. El artículo plantea que no se explica la diferencia entre esas cifras.

Además, el plan le atribuye $2,1 billones al Ministerio de Infraestructura, aunque el Presupuesto provincial 2026 asigna a esa cartera $1,2 billones para todo el año. El documento no precisa si la diferencia proviene de obras plurianuales, créditos o aportes de otros organismos.

Tampoco se detallan las modalidades de adjudicación, las empresas contratistas, el estado de los créditos, la ubicación de los 100 centros de evacuados ni la cobertura de los 45 botiquines. El 22 de octubre, dos productores rurales de Carlos Casares presentaron un amparo de acceso a la información pública contra el Ministerio de Infraestructura para solicitar expedientes, estudios técnicos, licitaciones, adjudicatarias y pagos vinculados al plan. El pedido formal había sido presentado el 22 de julio sin respuesta, y el Ministerio indicó que contestaría “a la brevedad”.

Fondos nacionales, deuda y debate sobre prioridades

La Provincia sostiene que el Gobierno nacional retiene $293.000 millones del Fondo Hídrico y $2,1 billones de los Aportes del Tesoro Nacional, una suma total cercana a $2,4 billones. El texto afirma que los recursos del Fondo Hídrico tienen destino legal para obras de ese tipo, mientras que los ATN podrían dirigirse a asistencia, vivienda y salud, aunque el Gobierno bonaerense no definió un destino específico para esos fondos.

El artículo cuestiona además los pagos de deuda externa realizados por la Provincia. El 2 de marzo se giraron US$424,5 millones a bonistas y el 1 de septiembre otros US$420 millones. Ambos vencimientos suman cerca de US$845 millones, aproximadamente $1,3 billones al tipo de cambio oficial referido, más de la mitad del presupuesto completo del plan para el Súper Niño.

Asimismo, plantea que la Provincia podría aumentar las alícuotas de Ingresos Brutos para grandes empresas, hacer progresivo el Impuesto Inmobiliario Rural para grandes propietarios y gravar grandes extensiones de barrios privados construidos sobre humedales. Entre las empresas mencionadas figuran Toyota, Ford, Volkswagen, Mercedes-Benz, Tenaris-Siderca, YPF, Profertil, Dow, Los Grobo, Lartirigoyen y Cresud.

Déficit habitacional y causas estructurales

La Provincia concentra el 48% del déficit habitacional del país, porcentaje que asciende al 62% al considerar viviendas ubicadas en entornos ambientales críticos, según datos de OFAVA citados en el artículo. El texto señala que las definiciones oficiales de barrio popular podrían dejar afuera sectores inundables que no reúnen todos los requisitos administrativos.

En el proyecto de Presupuesto 2026, los ministerios de Infraestructura y Hábitat, el Instituto de la Vivienda y el OPISU suman el 3,82% del total presupuestario, frente al 7,34% ejecutado en 2021. Según el análisis citado, no se prevé la construcción de nuevas viviendas.

El artículo también cuestiona el modelo productivo y urbano provincial. Señala que más del 70% del territorio cultivable bonaerense está destinado al agronegocio y sostiene que la expansión de la frontera agrícola en la llanura chacopampeana incrementó las zonas inundables y elevó las napas freáticas. Además, plantea que no existe una ley provincial de protección de humedales y cuestiona la vigencia de convalidaciones para barrios cerrados iniciadas en 2018 y ampliadas mediante la resolución 159/26.

Propuestas planteadas

Como alternativa, el texto reclama un plan integral, socioambiental y con participación de trabajadores y vecinos organizados. Propone ampliar los recursos para salud, asistencia inmediata, saneamiento, relocalización y urbanización de barrios populares; mejorar salarios y regularizar a personal precarizado de hospitales, escuelas y municipios.

También plantea realizar auditorías sobre los $2,3 billones anunciados, informar cuánto corresponde a recursos nuevos, identificar a las empresas contratistas y transparentar el destino de cada partida. Por último, propone discutir fuentes de financiamiento mediante mayores aportes de grandes empresas y el no pago de la deuda que vence en marzo.

La conclusión del artículo sostiene que, aunque las obras hidráulicas son necesarias, la respuesta ante el Súper Niño no debería limitarse a infraestructura y debería incorporar políticas de vivienda, salud, asistencia social, prevención, urbanización y control público de los recursos.