Las facturas de electricidad superiores a $100.000 mensuales dejaron de ser una excepción para hogares de distintas zonas del país. De acuerdo con el último Reporte de Tarifas y Subsidios del Observatorio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet, correspondiente a octubre de 2026, un hogar sin subsidios con un consumo mensual de 265 kilovatios hora (kWh) ya supera ese monto en numerosas jurisdicciones.
El estudio expone marcadas diferencias entre provincias. Neuquén lidera el listado, con una factura mensual de $160.311 para ese nivel de consumo. Le siguen Río Negro, con $134.082; Santa Fe, con $125.810; Chubut, con $123.250; Salta, con $116.467; Mendoza, con $112.374; Córdoba, con $108.354; y Jujuy, con $101.374. En el AMBA, el monto alcanza los $111.236 en el área atendida por Edesur y los $107.152 en la de Edenor.
Las cifras incluyen impuestos y corresponden a un hogar sin subsidios que utiliza 265 kWh mensuales. No reflejan de manera exacta lo que abona cada familia, dado que el importe final varía según el consumo, la categoría tarifaria y las bonificaciones vigentes para cada usuario. Sin embargo, permiten observar el costo que alcanza el servicio eléctrico en las diferentes regiones.
Para ese mismo consumo, el promedio nacional de una factura sin subsidios es de $95.641 mensuales. En los hogares que reciben bonificaciones sobre el precio mayorista de la energía, el promedio desciende a $63.332. La brecha evidencia la incidencia que conserva la asistencia estatal en las facturas residenciales, aunque el acceso depende del esquema de subsidios en vigencia.
Una factura de luz cada vez más difícil de afrontar
El informe del IIEP permite medir el impacto de la política tarifaria aplicada por el gobierno de Javier Milei. Desde diciembre de 2023, la factura eléctrica de un hogar sin subsidios del AMBA creció 387%, por encima de la inflación estimada de 261% para el mismo período. En términos interanuales, el aumento de la electricidad fue de 49%, mientras que el índice general de precios avanzó 33%.
La actualización tarifaria forma parte de la política oficial destinada a reducir los subsidios energéticos. El Gobierno busca que los usuarios cubran una mayor porción del costo de la energía y focaliza las bonificaciones en hogares definidos según sus ingresos y los límites de consumo establecidos.
El sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) sustituyó al esquema previo de segmentación. En octubre, los hogares incluidos en el beneficio recibían una bonificación del 50% sobre el precio mayorista de la electricidad dentro del bloque de consumo subsidiado, junto con un descuento extraordinario del 25% para consumos de hasta 200 kWh por mes. La bonificación no alcanza de la misma manera a todo el consumo ni elimina los restantes cargos de la factura.
La disminución de subsidios no supone que el Estado haya dejado de financiar al sector. Según el IIEP, las transferencias a la energía crecieron 8% en términos reales durante el acumulado de 2026 hasta octubre. A su vez, las transferencias a CAMMESA, administradora del mercado mayorista eléctrico, aumentaron 26% real.
El reporte atribuye este incremento al mayor costo de la energía despachada durante el invierno, que excedió las previsiones. De este modo, el funcionamiento del sistema no se explica únicamente por la relación entre subsidios estatales y tarifas pagadas por los usuarios: también inciden los costos de generación, transporte y distribución, las regulaciones y las herramientas de financiamiento público.
En este escenario, los hogares enfrentan facturas más altas mientras el Estado sostiene transferencias millonarias al sector. La discusión abarca la distribución de esos costos, el destino de los recursos y los resultados que reciben los usuarios.
Las razones de las diferencias entre provincias
Las variaciones entre las facturas eléctricas no dependen solo de la política nacional de subsidios. El IIEP señala que la dispersión tarifaria está vinculada también con los costos de distribución, las características de las redes, la frecuencia de actualización de los cuadros tarifarios y la carga tributaria de cada jurisdicción.
Una factura está integrada por tres componentes centrales: el precio de la energía, el Valor Agregado de Distribución (VAD) y los impuestos. El VAD cubre las tareas de operación y mantenimiento de la red, además de las inversiones que deben realizar las distribuidoras en función del marco regulatorio.
En el promedio nacional para usuarios sin subsidios, el 33% de la factura corresponde a la energía, el 41% al VAD y el 25% a impuestos. No obstante, estas proporciones cambian de forma significativa según la jurisdicción.
En Neuquén, la energía representa 20% de la boleta, el VAD llega a 50% y los impuestos explican el 30%. En el área de Edenor, en cambio, la energía equivale a 54%, el VAD a 24% y los impuestos a 21%. En Mendoza, los impuestos representan 33% de la factura, mientras que en Santa Fe alcanzan 34%.
El informe advierte que las provincias aplican ritmos diferentes para actualizar el componente de distribución y que algunas jurisdicciones continúan adecuando sus cuadros tarifarios al nuevo esquema de subsidios. Por ese motivo, dos hogares con consumos similares pueden recibir facturas muy distintas. La comparación, sin embargo, debe considerar que la electricidad es un servicio esencial y que su costo depende de decisiones regulatorias adoptadas por distintos niveles del Estado.
AMBA: las subas no aseguran una mejora del servicio
Los datos también reabren un problema que afecta a millones de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense: el incremento de las tarifas no garantiza una mejora en la calidad del suministro.
Un análisis difundido en la segunda edición del newsletter Impacto Real de La Izquierda Diario examinó el funcionamiento del sistema eléctrico en el AMBA, la estructura de las distribuidoras y el vínculo entre los aumentos tarifarios, las ganancias empresariales y las inversiones.
Los cortes de luz, según ese análisis, se repiten desde hace décadas y atravesaron gobiernos de distinto signo. Durante la gestión de La Libertad Avanza, las tarifas registraron fuertes aumentos sin que desaparecieran los problemas de suministro.
Según el relevamiento del IIEP de octubre, la factura de referencia de un hogar sin subsidios en el área de Edesur supera los $111.000 mensuales, mientras que en el área de Edenor supera los $107.000. La comparación con el promedio nacional también muestra la incidencia del costo de distribución en determinadas jurisdicciones.
De acuerdo con datos de los balances de ambas compañías, Edenor informó ganancias por $239.236 millones en 2025 y por $117.854 millones durante el primer trimestre de 2026. Por su parte, Edesur registró ganancias de $29.219,5 millones en 2025 y de $46.084,8 millones en el primer trimestre de 2026.
Estos resultados contrastan con los problemas persistentes en la red. Un informe de Gustavo García Zanotti y Martín Schorr sobre empresas privatizadas durante el gobierno de Milei indicó que Edenor y Edesur destinaron a inversión productiva el equivalente al 14% de sus ventas tanto en 2023 como en 2025. Es decir, el incremento tarifario no implicó una mayor proporción de recursos orientados a inversión productiva.
Desde la privatización de SEGBA en 1992, la distribución eléctrica del AMBA se encuentra en manos privadas. Edenor y Edesur actúan como concesionarias de un servicio monopólico, por lo que los usuarios no tienen la posibilidad de elegir otra empresa distribuidora ante inconvenientes en el suministro.
En este modelo, el Estado regula las tarifas, fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones empresariales y aporta recursos al sistema. Aun así, las familias continúan expuestas a los cortes y a los incrementos en sus facturas.
Menos usuarios subsidiados y mecanismos para las distribuidoras
La reducción de las bonificaciones también se observa en los datos relevados para el newsletter. Mediante un pedido de acceso a la información pública dirigido al Ministerio de Economía, se obtuvo que en noviembre de 2023 había 3.535.126 usuarios subsidiados de Edenor y Edesur. Para abril de 2026, el número se redujo a 2.835.921. La caída fue de casi 700.000 usuarios, cerca de 20%.
El dato permite dimensionar el cambio en la política energética: menos hogares reciben asistencia estatal y una parte mayor del costo recae directamente sobre quienes abonan el servicio.
Al mismo tiempo, las empresas conservan un rol central dentro del sistema y perciben ingresos por tarifas reguladas. En el caso de Edenor y Edesur, el Estado intervino además para resolver una parte de sus deudas con CAMMESA a través de un mecanismo de compensación incluido en la reforma del régimen de Zonas Frías. La medida contempló deudas históricas de las distribuidoras y créditos que las compañías reclamaban por los años de congelamiento tarifario.
Así, mientras el Gobierno plantea que la baja de subsidios apunta a ordenar las cuentas públicas y trasladar costos a los usuarios, las distribuidoras acceden a mecanismos que reducen sus obligaciones financieras.
El debate, por lo tanto, no se limita a definir cuánto debe pagar cada hogar por la electricidad. También incluye las obligaciones de las empresas, el control sobre el destino de los recursos, las inversiones requeridas para la infraestructura y las razones por las que el alza de tarifas no siempre se traduce en un servicio más confiable.
Un servicio esencial y el desafío de la accesibilidad
Una factura que supera los $100.000 mensuales implica un problema concreto para los hogares, especialmente al sumarse a los gastos de gas, agua, transporte, alimentos y alquiler. La electricidad es indispensable para conservar alimentos, estudiar, trabajar, iluminar una vivienda y afrontar temperaturas extremas.
La comparación provincial confirma que el costo no es homogéneo y que el diseño tarifario responde tanto a decisiones políticas y regulatorias como a las condiciones técnicas de cada red de distribución.
La discusión de fondo se vincula con el modelo necesario para asegurar un servicio accesible y de calidad. Además de la reducción del gasto público o de la rentabilidad empresaria, resulta necesario considerar cuánto pagan los hogares, qué prestación reciben y quién controla que los recursos sean destinados a sostener y mejorar la red.
Los números del IIEP indican que el costo de la electricidad ya excede los $100.000 mensuales para un consumo de referencia en numerosas jurisdicciones. En un contexto de reducción de subsidios y grandes diferencias tarifarias, el desafío es evitar que el acceso a un servicio esencial dependa cada vez más de la capacidad de pago de cada familia.