Una asamblea integrada por cerca de 100 personas, entre organizaciones socioambientales, investigadores, docentes y referentes políticos, convocó a movilizarse el miércoles 4 de noviembre desde las 10 frente a sedes del INTA en distintos puntos del país. El reclamo central es la revocación de la exoneración de la investigadora Virginia Aparicio.
Aparicio, investigadora del INTA y del Conicet, fue sancionada luego de participar del proyecto internacional SPRINT, que analizó la presencia de agrotóxicos en el ambiente, los alimentos y los cuerpos de las personas.
De la asamblea participaron, entre otros, el biólogo e investigador Guillermo Folguera; la legisladora porteña del Frente de Izquierda Vanina Biasi; docentes de la Facultad de Agronomía de la UBA; integrantes del BFS y de Alerta Roja Ambiental.
Durante el encuentro se resolvió impulsar movilizaciones y protestas ante las sedes del INTA de todo el país. También se propusieron volanteadas para divulgar los resultados científicos del proyecto SPRINT y denunciar lo que las organizaciones consideran una persecución contra la investigadora.
En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración está prevista para las 10 en la sede ubicada en avenida Rivadavia 1439. En Mar del Plata se organizará una caravana desde la Universidad Nacional de Mar del Plata hacia el INTA Balcarce. En Córdoba, habrá una concentración a la misma hora frente a la Facultad de Agronomía de la UNC. En tanto, las protestas de Río Grande y Ushuaia fueron convocadas para las 17.
La exoneración dispuesta por el INTA
El Consejo Directivo del INTA, presidido por Nicolás Bronzovich, resolvió la exoneración de Aparicio mediante la Resolución 366. Esta es la sanción disciplinaria más severa de la administración pública nacional: supone la pérdida del empleo y la inhabilitación para ejercer funciones en organismos públicos nacionales.
Según plantean su abogado y diversas organizaciones científicas, gremiales y socioambientales, la acusación carece de sustento y constituye un intento de disciplinamiento contra quienes investigan los efectos del agronegocio sobre la salud y el ambiente.
La situación se profundizó el viernes 30 de octubre, cuando las autoridades del INTA intimaron a Aparicio a dejar su lugar de trabajo en la Estación Experimental Balcarce, pese a que permanecía abierto el plazo para presentar recursos administrativos. El lunes 2 de noviembre, la científica regresó acompañada por su abogado y una escribana para retirar sus pertenencias.
El abogado Mario Bolla prepara recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio contra la resolución. La defensa dispone de 20 días hábiles para presentar las impugnaciones y sostiene que la medida debe ser anulada. En caso de no obtener una respuesta favorable en la instancia administrativa, prevé recurrir a la vía judicial.
Las organizaciones convocantes buscan ampliar las expresiones de apoyo y promover pronunciamientos públicos de universidades, organismos científicos, sindicatos y organizaciones sociales.
Los estudios sobre agrotóxicos
Para quienes acompañan a Aparicio, el caso excede un conflicto laboral individual. Los resultados del proyecto SPRINT registraron residuos de agrotóxicos en muestras ambientales y humanas, información que consideran relevante para las denuncias sostenidas durante años por pueblos fumigados.
La asamblea propuso continuar difundiendo esos resultados entre la población y ampliar el debate público sobre los impactos del agronegocio. Además, acordó mantener la coordinación de acciones y convocó a una nueva reunión para el sábado 7 de noviembre a las 10.
También se anunció la participación en el verdulazo previsto para el 18 de noviembre, impulsado por sectores de la producción frutihortícola del AMBA.
Los convocantes sostienen que la movilización busca fortalecer el reclamo por la reincorporación de Virginia Aparicio, rechazar cualquier forma de persecución y defender el derecho de las comunidades a conocer las sustancias presentes en sus cuerpos, el agua, los alimentos y los territorios.