En un contexto de recortes en el Estado durante la gestión de Javier Milei, con más de 81.000 puestos de trabajo eliminados según el artículo original, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) puso en marcha una campaña para incorporar personal a través de un concurso público.

La convocatoria, difundida con afiches que incluyen la imagen de un centurión romano y la bandera argentina, invita a formar parte del organismo para enfrentar “nuevas amenazas a la seguridad nacional”. La SIDE presentó la iniciativa como el primer concurso público de su historia para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación y como parte de un proceso de transparencia, profesionalización y desarrollo de una carrera basada en el mérito, la capacitación y los resultados.

Presupuesto y gastos reservados

La campaña se produce luego de que el Gobierno incrementara el presupuesto de la SIDE en $49.261 millones, hasta alcanzar los $146.397 millones. De ese total, el 11% corresponde a gastos reservados, cuya utilización no se detalla por motivos vinculados a la seguridad nacional.

El resto de los recursos está destinado a salarios, aguinaldos, equipamiento informático, mobiliario de oficina y equipos recreativos. En 2024, Milei había intentado asignar $100.000 millones en gastos reservados para la SIDE mediante un DNU que fue rechazado por el Congreso. Durante 2025, el organismo recibió tres ampliaciones presupuestarias y cerró el año con casi $107.000 millones.

El artículo cuestiona que estos fondos sean administrados sin rendición de cuentas suficiente y vincula el manejo político del área con Santiago Caputo, a quien describe como una figura central en la conducción de hecho de la inteligencia estatal, pese a no ocupar un cargo formal en el organigrama oficial.

Cuestionamientos por el rol de Caputo y la seguridad nacional

La publicación también atribuye a Caputo un papel relevante en la salida del país de Flávio Bolsonaro, a quien señala como buscado por la Justicia brasileña en una causa por corrupción y lavado de dinero. Según el texto, el traslado habría involucrado recursos estatales y aviones de empresas privadas, incluida una firma investigada por facturas apócrifas y lavado de dinero, para llevar a Bolsonaro y a su familia desde Misiones hacia Estados Unidos.

Además, el artículo cuestiona el avance en el Congreso de la denominada Ley Malvinas. Según su descripción, el proyecto prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por Milei e integrado por funcionarios y el titular de la SIDE, con facultades para tomar decisiones bajo confidencialidad y sin control legislativo.

Desde una mirada crítica, la nota sostiene que la ampliación de funciones y recursos de la SIDE contrasta con los ajustes en salud, educación, jubilaciones y empleo público. También plantea que el Gobierno utiliza la estructura de inteligencia para proteger a sectores aliados y perseguir a trabajadores, pueblos originarios y voces opositoras.

El texto concluye cuestionando la falta de explicaciones de Caputo ante el Congreso y denuncia que la combinación de gastos reservados, expansión presupuestaria y nuevas facultades de seguridad fortalece a la SIDE sin controles suficientes.

Imagen ilustrativa creada con IA por LID a partir de la publicidad de la SIDE.