El proyecto de ley D-1680/25-26, presentado en la Legislatura bonaerense, propone crear el Sistema Provincial de Protección Ambiental de La Matanza e incorporar distintas áreas del distrito a regímenes de resguardo. La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense, abarca la Reserva Natural de Gregorio de Laferrere, ubicada en el predio del ex Aeroclub; la Reserva Natural de Ciudad Evita; el humedal Arroyo La Esperanza, en Virrey del Pino; y el Eco Parque Manzanares, en Villa Luzuriaga.

La discusión, sin embargo, trasciende el tratamiento parlamentario. En uno de los municipios más poblados del conurbano, el debate ambiental involucra las condiciones de vida de millones de trabajadores y trabajadoras, el acceso a los bienes comunes y los intereses económicos que intervienen sobre el territorio.

El ambiente sano como derecho

Los espacios verdes no constituyen un lujo: los humedales cumplen una función en la regulación del agua y la reducción del impacto de las inundaciones, mientras que la vegetación contribuye a moderar las temperaturas. A su vez, las reservas naturales protegen la biodiversidad y ofrecen ámbitos para el encuentro y la recreación comunitaria.

Cuando estos espacios se deterioran, las consecuencias recaen especialmente sobre quienes cuentan con menos recursos para afrontar la contaminación, las inundaciones o la falta de infraestructura. En ese sentido, la defensa ambiental está vinculada con la defensa de las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora.

La provincia de Buenos Aires cuenta con instrumentos legales de protección, entre ellos las leyes 11.723 y 12.704. No obstante, la existencia de normas no asegura por sí sola su cumplimiento: se requieren presupuesto, controles efectivos y mecanismos de participación que permitan a las comunidades intervenir en las decisiones sobre los lugares donde viven.

La experiencia del Eco Parque Nativo Manzanares refleja el papel de la organización vecinal. En Villa Luzuriaga, vecinos y vecinas promovieron la recuperación de un predio deteriorado por la acumulación de residuos para convertirlo en un espacio verde con vegetación nativa. Paralelamente, organizaciones ambientales de La Matanza reclamaron respuestas municipales frente a la proliferación de basurales y el deterioro de otros espacios.

En Gregorio de Laferrere, vecinos denunciaron deficiencias en la recolección de residuos, a cargo de Martín y Martín. También señalaron el ingreso de camiones municipales y privados que, según las denuncias, habrían depositado basura y escombros en el terreno del antiguo aeroclub, cuya declaración como reserva natural es reclamada por organizaciones comunitarias.

Estos planteos demandan investigación y respuestas públicas. La gestión de los residuos requiere planificación e infraestructura orientadas a las necesidades de la población. El texto sostiene que no es suficiente apelar a la responsabilidad individual mientras el Estado mantiene un modelo de ordenamiento territorial que reproduce la desigualdad socioambiental y subordina las condiciones de vida de los sectores populares a intereses económicos.

Financiamiento para proteger y recuperar

La conservación de reservas, el saneamiento de terrenos y la recuperación de humedales exigen recursos permanentes destinados a infraestructura, personal especializado, mantenimiento y fiscalización ambiental.

Por ese motivo, el debate no debería limitarse a la declaración de áreas protegidas, sino que también debe definir el origen de los fondos necesarios para garantizar su preservación. El artículo plantea que esos recursos no deben surgir de ajustes sobre los trabajadores ni de trasladar costos a los barrios populares.

Asimismo, propone discutir mecanismos para que las grandes fortunas y los grupos económicos aporten al financiamiento de las políticas ambientales según su capacidad. Las empresas que incurran en contaminación, cuando las infracciones sean comprobadas, deberían responder por ellas.

En La Matanza, la cuestión ambiental contrapone los intereses de grandes grupos económicos con las necesidades de la población trabajadora. El texto menciona a Sika-Klaukol, cuestionada durante años por denuncias vecinales por contaminación en Virrey del Pino; a Mercado Libre, por su expansión logística en terrenos del Mercado Central, en Ciudad Celina; y a Martín y Martín, contratista municipal del servicio de recolección de residuos.

En ese marco, se plantean interrogantes sobre las condiciones que reciben estas empresas para desarrollar sus actividades, los recursos públicos destinados a ellas y los controles aplicados respecto de sus responsabilidades sociales y ambientales. También se reclaman explicaciones a los gobiernos de Fernando Espinoza y Axel Kicillof sobre las políticas y facilidades otorgadas a estos actores, así como sobre los controles existentes y los compromisos asumidos frente a las demandas de la población.

Mientras avanzan los negocios, los barrios continúan reclamando servicios, saneamiento y protección de los espacios verdes. La discusión central, según el texto, es qué modelo de desarrollo urbano se prioriza: la expansión de las ciudades no debería responder exclusivamente a la rentabilidad inmobiliaria o empresarial, sin considerar los límites ambientales ni las necesidades de quienes habitan los barrios. Los humedales y los espacios verdes son bienes comunes, cuyo valor social no puede reducirse a una medición económica.

El reclamo contra Sika-Klaukol

El conflicto sostenido por vecinos autoconvocados contra Sika-Klaukol en Virrey del Pino expone las dificultades que atraviesan las comunidades que denuncian problemas ambientales. Los reclamos por presunta contaminación industrial abren el debate sobre las garantías con las que cuentan los vecinos para defender su salud ante los intereses de una gran empresa.

En octubre de 2026, integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra Sika-Klaukol denunciaron episodios de hostigamiento policial y un procedimiento en el espacio donde realizan sus reuniones. De acuerdo con su relato, durante ese operativo se retiraron materiales y documentación relacionados con sus reclamos. La organización informó que presentó una denuncia ante la Auditoría General de Asuntos Internos.

Estas denuncias deben ser investigadas y esclarecidas. Ninguna comunidad debería ser intimidada por organizarse o exigir la aplicación de las normas ambientales. El derecho a la protesta y a la organización resulta indispensable para garantizar una participación real en las decisiones territoriales.

El caso también pone en discusión la necesidad de contar con inspecciones independientes, información pública accesible y sanciones cuando se comprueben infracciones. La protección ambiental no puede depender de la capacidad económica de una empresa ni del tiempo que una comunidad lleve reclamando.

La ley y la organización comunitaria

El proyecto 1680 contempla herramientas de protección ambiental, actividades educativas y la creación de un Comité de Gestión Vecinal para el Eco Parque Manzanares, integrado por instituciones comunitarias y organismos públicos. Su alcance efectivo dependerá de la disponibilidad de recursos y de la implementación de formas reales de participación.

Los vecinos deben poder acceder a la información y tener un papel protagónico en las decisiones sobre la organización del territorio que habitan. Una declaración legislativa, por sí sola, no elimina los basurales ni asegura la preservación de los ecosistemas si no se acompaña de presupuesto, mantenimiento y controles.

Las experiencias de Laferrere, Villa Luzuriaga y Virrey del Pino evidencian, además, la importancia de la organización comunitaria para sostener los reclamos y evitar que los problemas ambientales queden fuera de la agenda pública. El artículo plantea la necesidad de articular estas luchas con sectores vecinales, ambientales y de trabajadores en la Coordinadora de Trabajadorxs de La Matanza.

Esa coordinación permitiría reunir demandas que habitualmente aparecen fragmentadas: la protección de reservas naturales, el combate contra los basurales, las denuncias por contaminación y los reclamos por mejores servicios e infraestructura. Sin desconocer las particularidades de cada conflicto, el objetivo es construir una fuerza colectiva que exija respuestas a las autoridades y cuestione las prioridades que subordinan las necesidades sociales a los intereses económicos, mediante la participación democrática y la independencia de quienes protagonizan las luchas.

Preservar una reserva, recuperar un humedal o erradicar un basural forman parte, en La Matanza, de una discusión más amplia sobre qué ciudad se construye, para quiénes y bajo qué prioridades. Defender los espacios verdes implica defender la salud, el acceso a los bienes comunes y el derecho de las mayorías trabajadoras a vivir en un ambiente sano.

Para que ese derecho se concrete, el texto concluye que se necesitan recursos aportados por quienes concentran la riqueza, controles sobre las actividades contaminantes y una organización capaz de sostener los reclamos. La protección ambiental requiere presupuesto, participación popular y coordinación entre quienes buscan transformar las condiciones de vida en sus barrios.