Casi 4 de cada 10 hogares argentinos dependen de las garrafas para acceder al gas. Al mismo tiempo, empresas del sector concentran la prestación de un servicio esencial y registran importantes ganancias. Este informe repasa los cambios en tarifas y subsidios durante el gobierno de Javier Milei, la estructura empresarial del negocio y las dificultades de quienes no cuentan con gas de red.

El costo de calefaccionarse durante el invierno

El último invierno tuvo ola polar en el AMBA, frío extremo y fuertes nevadas en la Patagonia. En ese contexto, el aumento de las facturas de gas volvió a poner en discusión cómo se calefaccionan los hogares, qué recursos tienen disponibles y quiénes acceden efectivamente a la red.

Durante el gobierno de Milei se produjo un fuerte incremento en las tarifas de los servicios públicos, incluido el gas natural. El vocero del Gobierno, Adrián Ravier, recomendó a los hogares abrigarse en lugar de utilizar gas. Sin embargo, el gas no solo se emplea para calefaccionar: también es necesario para cocinar y acceder al agua caliente.

De acuerdo con el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), el gasto en gas natural aumentó 1.391% entre diciembre de 2023 y octubre de 2026, por encima de la inflación del período, que fue de 261%. El Gobierno modificó además el sistema de asistencia: dejó de aplicarse la segmentación y fue reemplazada por los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Un pedido de acceso a la información pública realizado al Ministerio de Economía para conocer la cantidad de usuarios subsidiados de Metrogas y Naturgy BAN en el AMBA indicó que, en noviembre de 2023, había 2.358.891 usuarios con subsidios. En abril de este año, la cifra descendió a 1.994.692. Esto implica casi 365.000 usuarios subsidiados menos, una caída de 15,4%.

Según el IIEP, un usuario residencial promedio de gas de red abona el 73% del costo de abastecimiento, mientras que el Estado cubre el 27% restante. Para las familias que recurren a garrafas, el uso de gas resulta todavía más costoso.

La factura promedio nacional de julio para un usuario sin subsidios fue de $54.829 mensuales, considerando la estacionalidad. Para quienes reciben subsidios, el promedio fue de $36.278.

En julio se aprobaron nuevos cuadros tarifarios con dos grupos: usuarios sin subsidio, que pagan el costo total, y usuarios subsidiados, que recibían una bonificación adicional del 25% durante el invierno. En octubre, el esquema volvió a modificarse: los usuarios subsidiados pasaron a recibir una bonificación del 50% hasta un límite de consumo regulado según la región. Para noviembre se anunció otro incremento en las tarifas de gas de hasta 3,65%.

Analía Zárate, del Observatorio Petrolero Sur (OPSur), señaló que los cambios estructurales de la gestión de Milei se vinculan con la Ley Bases y el capítulo referido al RIGI. Según explicó, la política energética pasó de priorizar el autoabastecimiento a orientarse hacia la maximización de las ganancias empresariales y la liberación de los precios internos. También destacó que el RIGI otorga grandes beneficios impositivos a las inversiones de mayor escala.

Zárate mencionó además la condonación de la deuda de Edenor y Edesur con Cammesa, incluida en un proyecto aprobado en septiembre junto con la Ley de Zonas Frías. Esa norma reduce y elimina subsidios al gas para familias residentes en áreas de bajas temperaturas.

Quiénes controlan la cadena del gas

El servicio de gas, al igual que el eléctrico, fue privatizado. Desde la sanción de la Ley N.º 24.076 en 1992, la industria del gas natural quedó dividida en tres tramos: producción, transporte y distribución.

Tras la crisis de 2001, la Ley de Emergencia dispuso en enero de 2002 la pesificación de las tarifas de transporte, distribución y del gas en boca de pozo. Las privatizaciones continuaron durante los gobiernos kirchneristas y no se revisaron integralmente los marcos regulatorios.

En la extracción participan empresas como YPF, Tecpetrol, TotalEnergies, Pan American Energy (PAE), Pluspetrol y Pampa Energía. El transporte está controlado por Transportadora General del Norte (TGN) y Transportadora General del Sur (TGS), que conectan las cinco cuencas gasíferas existentes en el país.

La distribución, en tanto, se encuentra en manos de nueve compañías: Metrogas, Naturgy BAN, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Distribuidora del Gas del Centro, Distribuidora del Gas Cuyana, Litoral Gas, Naturgy NOA y Gas NEA.

En agosto de este año, YPF vendió a Edenor el total de su participación accionaria en Metrogas y en la comercializadora MetroEnergía por US$780 millones. Edenor está mayoritariamente controlada por el grupo Edelcos, cuyos propietarios son José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. Manzano también posee una participación de 9,23% en Metrogas a través de Integra Capital.

El informe anual de 2025 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), ex Enargas, señala que las distribuidoras que reúnen el 60,4% de los usuarios residenciales del país son Metrogas, con 26,5%; Naturgy BAN, con 18,3%; y Camuzzi Gas Pampeana, con 15,6%.

Durante 2025, Metrogas ganó $132.486 millones, equivalentes a US$107 millones al tipo de cambio mayorista promedio de ese año. Al 30 de septiembre de 2026, acumuló casi $450.000 millones, expresados en pesos constantes de esa fecha: unos $1.648 millones por día.

Naturgy BAN obtuvo en 2025 ganancias por $183.092 millones, o US$147 millones al tipo de cambio mayorista promedio. En el primer semestre de este año registró una ganancia de $48.758 millones, equivalente a $269 millones diarios. Por su parte, Camuzzi Gas Pampeana informó ganancias de $10.794 millones en el primer semestre, cerca de $60 millones por día.

Varias de estas compañías fueron favorecidas por la renovación de habilitaciones incorporada en la Ley Bases. El investigador Esteban Martine señaló en el capítulo “Vaca Muerta: una década de saqueo”, del libro Extractivismo en Argentina, que distribuidoras como Metrogas, Eco Gas, Camuzzi y Naturgy, así como las transportistas TGS y TGN, podrán renovar sus habilitaciones por 20 años adicionales a los 35 años fijados con la privatización de Gas del Estado en los años noventa.

Un informe de Gustavo García Zanotti y Martín Schorr sobre las privatizadas durante el gobierno de Milei afirma que entre las mayores expansiones de facturación y ganancias se encuentran empresas de transporte y distribución de gas natural, entre ellas TGS, TGN, ambas Camuzzi, Metrogas y Naturgy. Sin embargo, la elevada rentabilidad no se tradujo en un aumento significativo de las inversiones: en transporte y distribución de gas, las inversiones reales permanecieron estables o incluso retrocedieron.

Acceso desigual al gas de red

La falta de acceso a gas natural condiciona la vida cotidiana de millones de familias, tanto para calefaccionarse como para cocinar. Pese a las reservas gasíferas del país, el acceso a la red es desigual entre provincias.

Según el Censo 2022, el 53% de los hogares del país contaba con gas natural de red, equivalente a 8,3 millones de familias. En cambio, el 38,9% utilizaba gas en garrafa, que se consolidó como la segunda fuente de provisión domiciliaria después de la red. El resto recurría a electricidad, gas en tubo o a granel, leña, carbón u otros combustibles.

Corrientes es la provincia con mayor proporción de hogares abastecidos mediante garrafas, con 85,4%. Le siguen Chaco, con 84,8%; Misiones, con 83,5%; Formosa, con 82%; La Rioja, con 77,6%; y Catamarca, con 75%.

El gas en garrafa también constituye la fuente mayoritaria para cocinar en Santiago del Estero, con 65,1%; Entre Ríos, con 63,1%; Jujuy, con 57,1%; Tucumán, con 53,8%; y Santa Fe, con 45,1%.

Los últimos datos del ENReGE indican que existían 8,9 millones de usuarios residenciales de gas natural de red en 2025. Si se observa la información del Censo 2022 por población, menos de la mitad de los habitantes del país, unos 22,2 millones de personas, tenía acceso a la red.

Para Analía Zárate, la cifra de personas sin acceso a la distribución de gas natural sigue siendo alta y, además, viene descendiendo sin que exista una política de transición energética hacia la electrificación u otras alternativas de abastecimiento.

La especialista citó el caso de Comodoro Rivadavia, una ciudad emblemática de la actividad petrolera donde persisten problemas de acceso al gas, dificultades tarifarias y familias que deben calefaccionarse con leña. También mencionó a Añelo, en el centro de Vaca Muerta, donde el 33,8% de la población no tiene gas de red, de acuerdo con el Censo 2022 del Indec.

En Añelo, explicó Zárate, existe un crecimiento habitacional no planificado, con construcciones sobre pozos no cerrados o mal cerrados. En esas condiciones, la provisión de gas natural no es posible por razones de seguridad. El auge de la producción energética y el acceso de la población al servicio, señaló, no avanzan necesariamente en paralelo.

Esteban Martine advierte en Extractivismo en Argentina que todos los años se repiten noticias sobre personas fallecidas tras incendios en viviendas donde se usaban métodos precarios de calefacción. Un caso reciente fue el de un trabajador petrolero que murió luego de incendiarse su casilla de madera en el barrio La Esperanza, en la meseta de Añelo.

Garrafas y cambios en el Programa Hogar

Los hogares que no disponen de gas de red suelen utilizar garrafas. El Gobierno modificó el Programa Hogar, que brindaba asistencia para su compra. La Disposición 1/2026 fijó un subsidio de $9.593 por cada garrafa de 10 kilos, monto que se actualizará cuando lo determine la Secretaría de Energía.

Los beneficiarios del ex Programa Hogar debieron reinscribirse para actualizar su solicitud dentro del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados. En julio, el sitio especializado Econojournal informó que solo se había inscripto el 6% de los beneficiarios del programa anterior: unas 250.000 personas. Para acceder al reintegro, además, se exige el pago mediante las billeteras virtuales BNA+ y MODO.

El nuevo esquema restringió el universo de beneficiarios y exige acreditar condiciones de vulnerabilidad, como residir en barrios del RENABAP, contar con certificado de discapacidad o percibir algún tipo de pensión.

Según Zárate, en lugar de auditar a las empresas proveedoras para determinar cómo fijan sus precios, el nuevo sistema implica auditar los ingresos y las condiciones de vida de los usuarios de energía.

El valor del subsidio se encuentra por debajo de los precios de mercado. En julio, una garrafa de YPF Gas costaba $30.000 en su modelo de acero y $33.000 en el nuevo modelo de plástico en el Gran Buenos Aires. De ese modo, el subsidio cubría solo cerca del 30% del precio. Entre abril y septiembre se reconocen hasta dos garrafas mensuales por hogar; entre octubre y marzo, el cupo se reduce a una unidad.

Romina, vecina de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, relató que utilizó gas envasado prácticamente toda su vida. Aunque la red pasa por la vereda de su vivienda, nunca instalaron el servicio y, con el encarecimiento posterior, continuaron utilizando garrafas.

Durante el invierno emplea dos garrafas de 10 kilos por mes, con uso controlado, y utiliza la cocina para calefaccionar la vivienda que comparte con su hijo porque no tiene estufa. Esas dos garrafas le cuestan $50.000 mensuales y no recibe subsidios. También señaló que la entrega a domicilio encarece el precio, mientras que retirar la garrafa en el punto de venta requiere contar con un vehículo para transportarla.

En Tierra del Fuego, el gobernador Gustavo Melella recortó en mayo parte de los subsidios al gas envasado o GLP. Como respuesta, vecinos realizaron más de 10 jornadas ininterrumpidas de acampe y vigilia frente a la Casa de Gobierno.

Nancy Minolfi, vecina del barrio Dos Banderas de Ushuaia e integrante de la Mesa Interbarrial, indicó que los vecinos presentaron un proyecto propio en la Legislatura y reclaman que sea tratado. En una provincia donde las temperaturas pueden alcanzar 10 grados bajo cero o menos, el acceso al GLP es esencial.

Según explicó, durante el verano el Gobierno subsidiaba 240 kilos —24 garrafas mensuales— y 450 kilos —45 garrafas— en invierno. Tras el ajuste, los montos se redujeron a 190 kilos en verano y 400 kilos en invierno, con la posibilidad de 50 kilos adicionales únicamente en casos excepcionales.

Minolfi sostuvo que una familia tipo puede utilizar una garrafa por día en verano, aun cuidando el consumo, y dos por día durante el invierno. Esto representa un promedio de 300 kilos mensuales en verano y el doble en invierno para vivir en condiciones adecuadas. Hasta octubre, los 400 kilos costaban $64.000 por mes y resultaban insuficientes; para octubre, con el descenso del cupo a 190 kilos y el aumento, el costo proyectado era de $41.800.

El debate sobre el modelo energético

La situación reabre el debate sobre por qué unas pocas empresas privadas deciden sobre un servicio básico como el gas, indispensable para cocinar, calentar agua y calefaccionar los hogares.

En 1945 se nacionalizó el servicio de gas en la Capital Federal y, entre 1947 y 1948, el Estado adquirió varias empresas del sector en la provincia de Buenos Aires. Según el historiador Mario Rapoport, se extendió la red mediante nuevos centros de distribución, se buscó transformarla en un servicio social y se redujeron las tarifas un 30%. Entre 1943 y 1949, el número de clientes casi se duplicó. Gas del Estado llegó a convertirse en la tercera empresa de su tipo a nivel mundial.

Más tarde, esa empresa pública y otras firmas estatales atravesaron procesos de desfalco. La privatización durante el menemismo fragmentó la estructura energética nacional, que hasta entonces integraba extracción, producción y distribución.

El artículo plantea que, bajo un modelo de gestión privada —con subsidios durante el kirchnerismo, subas tarifarias durante el macrismo y los cambios aplicados por Milei— las empresas registraron ganancias mientras las inversiones se mantuvieron limitadas. También propone debatir una transición energética justa, planificada democráticamente y adaptada a las condiciones climáticas de cada región.

Recomendaciones para profundizar

Entre los materiales sugeridos se encuentra el artículo “Más abrigo y más deuda, el invierno de los hogares argentinos en el gobierno de Milei”, de Analía Zárate y Rosaura Barletta, publicado por OPSur; la nota y video “En Tierra del Fuego crecen las protestas contra el tarifazo del gas”, de Lucho Aguilar; y el libro Extractivismo en Argentina. Saqueos, resistencias y estrategias en disputa, publicado por Ediciones IPS y compilado por Juan Duarte y Esteban Mercatante.