El caso de Nancy Godoy, docente rural que había denunciado la falta de agua y otras deficiencias en la Escuela Rural N° 626, volvió a poner en debate las condiciones de funcionamiento de los establecimientos educativos del interior de Corrientes. La escuela está situada dentro de la estancia El Curupí, en El Malezal, donde posteriormente fue hallado el cuerpo de la maestra.
Godoy había dejado asentado en agosto que el establecimiento no contaba con bomba de agua, presentaba paredes agrietadas y carecía de baños y mobiliario, pese a figurar como receptor de partidas para infraestructura y comedor. Tras 21 días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado semisumergido en la laguna Yacaré.
El gobernador Juan Pablo Valdés, quien asumió el 10 de diciembre de 2025, anunció en los últimos días que avanzará con una reestructuración y cambios en los ministerios de Educación y Seguridad. La declaración ocurrió luego de una reunión con la ministra de Educación, Ana Miño, y el ministro de Seguridad, Adán Gaya.
Miño habló públicamente por primera vez el 30 de octubre, dos días después del hallazgo del cuerpo. Señaló que no se había pronunciado antes para no interferir en la investigación y comunicó la apertura de un sumario interno, con un plazo de 72 horas, contra la supervisora y el exdirector de la institución.
La situación de la Escuela N° 626 expuso además las dificultades de acceso que enfrentaba la docente. Para llegar al establecimiento, Godoy debía realizar un trayecto de tres horas que incluía remís, lancha y caballo. Para permanecer en el lugar, dependía del alojamiento facilitado por personal de la estancia.
En la causa hay cinco personas detenidas con prisión preventiva: tres capataces y peones de El Curupí, imputados por femicidio; una trabajadora, imputada por homicidio simple; y un peón, acusado de falso testimonio. El artículo original cuestiona que escuelas públicas funcionen dentro de propiedades privadas y plantea responsabilidades estatales por las condiciones de las 866 escuelas rurales de la provincia.
Plan de reorganización de establecimientos rurales
La ministra Ana Miño anunció una propuesta de “reorganización y relocalización” para escuelas de baja matrícula. Según los datos difundidos, hay 265 escuelas con menos de cinco alumnos y 113 con menos de tres.
El planteo es cuestionado desde sectores que consideran que la baja matrícula está vinculada a la falta de caminos, transporte e infraestructura, y advierten que la medida podría derivar en el cierre de escuelas rurales. Reclaman, en cambio, garantizar agua potable, baños, vivienda digna y transporte oficial para los docentes que trabajan en zonas rurales.
También piden que se hagan públicos los convenios entre el Ministerio de Educación y las estancias donde funcionan escuelas, así como auditorías sobre las partidas de infraestructura, en particular las correspondientes a la Escuela N° 626 de El Malezal.
Funcionarios bajo cuestionamiento
Ana Miño asumió como ministra de Educación el 11 de diciembre de 2025. Es oriunda de Paso de los Libres, contadora pública nacional, profesora en Ciencias Económicas y Jurídicas y profesora universitaria en Economía. Hasta dos días antes de asumir se desempeñaba como secretaria académica de un ISFD. Sucedió a Praxedes López, quien ocupó el cargo durante ocho años en las gestiones de los Colombi y Valdés.
El artículo señala que no hay una declaración jurada patrimonial pública de Miño disponible en línea y cuestiona que no haya explicado por qué la Escuela N° 626 aparecía activa y con partidas asignadas pese a las denuncias de Godoy. El sumario fue dirigido a la supervisora Edith Sánchez y al exdirector Norberto Gamarra.
Por su parte, Gustavo Adán Gaya, ministro de Seguridad desde el 10 de diciembre de 2025, es abogado por la UNNE y militante de la UCR. Fue concejal, intendente de Yapeyú en dos períodos, diputado provincial y ministro de Desarrollo Social entre 2019 y 2025.
El texto también cuestiona declaraciones de Gaya acerca de su presencia en Esquina desde el 15 de octubre y menciona que la subsecretaria Ingrid Jetter, integrante del PRO, está procesada por la Justicia Federal en una causa vinculada a presuntas retenciones de haberes de empleadas durante su etapa como diputada nacional. Asimismo, indica que no hay una declaración jurada pública del ministro.
Reclamos por infraestructura y recursos
Entre los pedidos centrales se encuentra la apertura de los registros de partidas, obras y convenios de las escuelas rurales. Los cuestionamientos apuntan a que la reorganización anunciada no contempla necesidades básicas como agua potable, baños, viviendas para docentes y transporte.
El artículo compara la falta de recursos para instalar una bomba de agua en El Malezal, cuyo costo estima en 200 mil pesos, con la renovación por diez años del manejo de 700.000 hectáreas del Iberá a cargo de Rewilding, destinado al turismo con tarifas de 400 dólares por noche.
También cita cifras atribuidas a SUTECO: en 2023 habría habido $213.960 millones de Nación para la educación correntina y 18 obras escolares, mientras que para 2027 se proyectarían cero obras y $377.424 millones menos.
El reclamo final sostiene que no debe cerrarse ninguna escuela rural y exige justicia por Nancy Godoy, junto con inversiones que aseguren el acceso a la educación de niños y niñas de las zonas rurales de Corrientes.