El artículo original sostiene que el Senado de Paraguay aprobó por unanimidad la destitución de Santiago Peña de la Presidencia, con 44 votos favorables —incluidos 25 legisladores del Partido Colorado— y una ausencia.

Según esa versión, Peña fue detenido en su domicilio tras la decisión parlamentaria y posteriormente trasladado al Regimiento Escolta Presidencial, donde debía permanecer hasta prestar declaración indagatoria el sábado por la mañana.

El texto también señala que una comisión bicameral del Congreso tomó juramento a Pedro Alliana, hasta entonces vicepresidente, como nuevo presidente de Paraguay. Añade que el Senado eligió a Antonio Barrios para ocupar la Vicepresidencia.

La publicación vincula la crisis política con el supuesto colapso de Ueno Bank y afirma que la entidad habría afectado a más de tres millones de ahorristas y jubilados. De acuerdo con el artículo, la intervención del banco se produjo tras detectarse problemas de solvencia y créditos otorgados a empresas relacionadas con el mismo grupo económico por encima de los límites legales.

También se indica que el 60% de la población adulta del país tendría una cuenta en la entidad, que habría acumulado cerca de tres millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes. Siempre según el texto, la situación dejó fondos bloqueados y comprometió recursos de organismos como el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

La nota atribuye a Peña vínculos comerciales con el grupo propietario de Ueno Bank hasta marzo de 2025 y menciona la designación de Carlos Carvallo, exdirectivo de Ueno, al frente del Banco Central. Asimismo, asegura que ocho directivos de la entidad fueron detenidos y que la Fiscalía abrió una investigación penal contra el entonces mandatario.

En cuanto a la interna oficialista, el artículo afirma que Horacio Cartes, expresidente y titular del Partido Colorado, respaldó el juicio político contra Peña en el marco de una disputa de influencia dentro de la fuerza política. También sostiene que Peña intentó renunciar para conservar una banca como senador vitalicio, pero que el Congreso rechazó esa salida y continuó con el proceso de destitución.

La publicación describe además movilizaciones de ahorristas, jubilados y trabajadores frente al Congreso, donde habrían reclamado la devolución de depósitos y el juicio político. Según el texto, el Banco Central anunció pagos parciales de emergencia y el Senado aceleró el tratamiento de una norma para facilitar la restitución de fondos.

El artículo concluye que la crisis expone presuntos vínculos entre el poder político, el sistema financiero y los grandes negocios, mientras los afectados reclaman respuestas concretas.