El oficialismo, con el impulso de La Libertad Avanza y negociaciones con bloques parlamentarios aliados, busca avanzar con la designación de Fernando Zarabozo, funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), como integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). El tratamiento en el Senado está previsto para el 26 de noviembre y luego pasaría a la Cámara de Diputados.
La candidatura generó el rechazo de organismos de derechos humanos, que cuestionan al abogado por sus posturas públicas en defensa de las fuerzas de seguridad y por expresiones que, según advierten, justifican la violencia institucional.
El CNPT es un organismo autárquico creado por ley nacional, encargado de supervisar penales, alcaldías y comisarías para prevenir torturas y otros malos tratos contra personas privadas de su libertad. Para los sectores que rechazan la postulación, la incorporación de Zarabozo comprometería la función de control y fiscalización del organismo.
Cuestionamientos a la candidatura
Zarabozo, promovido por La Libertad Avanza, fue cuestionado por haber celebrado públicamente el ataque a rebencazos contra militantes y manifestantes que se dirigían al Lago Escondido en una movilización por la soberanía. También se le atribuyen burlas reiteradas hacia Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, fallecido en 2017 tras un operativo de la Gendarmería Nacional en la Lof Cushamen.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACIFAD) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunciaron la maniobra. Las organizaciones señalaron exposiciones académicas en las que Zarabozo calificó como “actos de terrorismo” a protestas sociales registradas en Chile y Colombia, sin contemplar las violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas estatales.
Según estos organismos, la designación busca debilitar la tarea fiscalizadora del comité y colocar en estructuras de control a referentes que convalidan la impunidad ante la represión y la violencia estatal. En ese marco, vincularon la postulación con las políticas de seguridad del Gobierno de Javier Milei, incluidos los protocolos antipiquetes.