El próximo 18 de noviembre a las 9 comenzará en Bahía Blanca un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad. El acusado es Néstor Luis Montezanti, exdocente de la Universidad Nacional del Sur (UNS), exjuez y expresidente de la Cámara Federal de Apelaciones local.

Montezanti deberá comparecer ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 por su presunta participación en la organización paraestatal Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) y por hechos de intimidación pública relacionados con la ocupación armada de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en 1974.

Las audiencias se desarrollarán los miércoles, de 9 a 13 horas, en la sala de Chiclana 402. La acusación incluye los delitos de asociación ilícita, en carácter de autor, e intimidación pública, como coautor.

El debate permitirá revisar el accionar de las bandas paraestatales, sus conexiones con instituciones y la continuidad de algunos de sus integrantes en estructuras de inteligencia y represión estatales.

La Triple A y la violencia paraestatal previa al golpe

La Triple A comenzó a actuar públicamente en 1974, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Sus acciones estuvieron dirigidas contra militantes políticos, sindicalistas, estudiantes, docentes, trabajadores y organizaciones populares.

En Bahía Blanca, la estructura contó con la participación de personas vinculadas a los ámbitos político, sindical y universitario, entre ellas el dirigente sindical y diputado Rodolfo Ponce, el rector interventor de la UNS Remus Tetu y los hermanos Jorge y Pablo Argibay, entre otros.

La organización llevó adelante amenazas, atentados, asesinatos y tareas de inteligencia destinadas a identificar y perseguir a quienes consideraba enemigos políticos. La existencia y el funcionamiento criminal de la Triple A bahiense fueron acreditados judicialmente en la sentencia del 24 de septiembre de 2021, que condenó a cuatro de sus integrantes.

Según la acusación fiscal, Montezanti habría realizado tareas de inteligencia y utilizado su condición de docente universitario, así como sus vínculos sindicales, para identificar y señalar a estudiantes, docentes y militantes que podían convertirse en objetivos de persecución.

La ocupación armada de la UTN

Uno de los hechos centrales que será analizado en el juicio es la toma armada de la Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN, iniciada el 26 de agosto de 1974 en el marco de una disputa por la conducción de la institución.

La ocupación fue protagonizada por un grupo relacionado con sectores sindicales y políticos que buscaba impedir el desplazamiento de un decano. Se extendió por más de dos meses, hasta noviembre, y estuvo acompañada por la presencia de personas armadas y situaciones de intimidación hacia estudiantes y autoridades.

La Fiscalía sostiene que Montezanti participó de esos sucesos junto a miembros de la patota paraestatal. Su presencia fue mencionada por distintos testigos, cuyos relatos fueron considerados convincentes y veraces en una causa por calumnias promovida por el propio Montezanti.

En aquella causa, el juez José Luis Ares dio por acreditado que entre los hombres armados que ocuparon la UTN había un hombre vestido con traje y corbata, identificado como el entonces docente. La acusación también indica que Montezanti habría empleado sus vínculos universitarios y su actividad como asesor de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para conseguir información sobre estudiantes y trabajadores perseguidos por su militancia.

La toma de la UTN se produjo en un contexto de escalada de la violencia política, en el que se buscaba desarticular la organización estudiantil y obrera, perseguir a la militancia y disciplinar a quienes cuestionaban el orden social existente.

El asesinato de David “Watu” Cilleruelo

El asesinato de David “Watu” Cilleruelo es presentado como una expresión de la represión paraestatal en el ámbito universitario. Cilleruelo, oriundo de Río Negro, era estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional del Sur y militante de la Federación Juvenil Comunista.

Fue asesinado en 1975, en los pasillos de la institución, por Jorge Oscar Argibay, integrante de la Triple A y personal de seguridad durante la intervención de Remus Tetu. Argibay había participado en los hechos de la UTN junto a Montezanti y, tras ser detenido por el homicidio de Cilleruelo, lo designó como su abogado defensor.

Este vínculo fue incorporado por la Fiscalía para reconstruir las relaciones entre ambos y el entramado de la organización paraestatal. Durante la intervención de Tetu, la UNS se convirtió en un espacio de persecución política, con desplazamientos de docentes, ataques a la organización estudiantil y un clima de amenazas e intimidación.

De la Triple A a la inteligencia durante la dictadura

La investigación también aborda las continuidades entre la violencia paraestatal anterior al golpe de Estado y el aparato de inteligencia de la dictadura. De acuerdo con la causa, entre 1980 y 1982 Montezanti se desempeñó como Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Destacamento de Inteligencia 181 del Ejército en Bahía Blanca.

Su incorporación habría sido impulsada por el coronel José Osvaldo “Balita” Riveiro, vinculado a la Triple A y condenado en ausencia en Francia por su participación en el Plan Cóndor. El Destacamento de Inteligencia 181 fue una pieza central del dispositivo represivo regional, donde se procesaba información obtenida mediante interrogatorios y torturas a personas secuestradas en el centro clandestino La Escuelita.

Montezanti integró además durante décadas el cuerpo docente de la UNS: fue profesor entre 1971 y 2015 y titular de tres cátedras del Departamento de Derecho. Su nombre figuró en un listado de personal civil de inteligencia vinculado al Batallón 601, lo que volvió a poner bajo discusión su trayectoria y sus relaciones con organismos represivos.

La dictadura, según el planteo expuesto en la causa, no construyó su dispositivo de persecución a partir del 24 de marzo de 1976, sino que se apoyó en redes políticas, sindicales, empresariales, universitarias y de inteligencia que ya operaban en los años previos. La Triple A fue una manifestación de esa violencia organizada, que luego se profundizó y sistematizó con el terrorismo de Estado.

Cuestionamientos por su paso por el Poder Judicial

En 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, Montezanti fue designado juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca. Posteriormente, su llegada a uno de los principales tribunales de la región fue cuestionada por sus antecedentes y sus vínculos con estructuras de inteligencia.

En 2015, el Consejo de la Magistratura resolvió suspenderlo e iniciar un proceso de remoción. Entre los fundamentos se mencionaron conductas incompatibles con la vigencia de los derechos humanos y la falta de idoneidad moral y vocación democrática requeridas para ejercer la magistratura.

Una causa impulsada por memoria, verdad y justicia

La causa contra Montezanti es resultado de años de investigación y de la actividad de organismos de derechos humanos, familiares, sobrevivientes y organizaciones políticas, sociales, sindicales y universitarias. Fue imputado en 2015, indagado en 2018 y procesado en 2020.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de Bahía Blanca. Intervendrán la Fiscalía y las querellas de H.I.J.O.S. Bahía Blanca y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

El inicio del debate abre una instancia para reconstruir las responsabilidades de quienes participaron en la persecución anterior al golpe de Estado y para analizar el papel de las instituciones en el sostenimiento del aparato represivo.

En el marco de la convocatoria por el juicio, el sábado 14/11 a las 15 horas se realizará un festival de arte y música, junto con la reparación del mural que repudia a Montezanti en 12 de Octubre y San Juan. La actividad es convocada por el Festival por el Juicio y Castigo a Montezanti.

Asimismo, el miércoles 18/11, día de inicio del juicio, fue convocada una vigilia desde las 8 horas frente al Tribunal Oral Criminal N.º 1, en Chiclana y Lavalle.