La Corte Suprema declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/23, firmado por Javier Milei, que permitían a las empresas de medicina prepaga fijar libremente los aumentos de sus cuotas. A partir de esta decisión, los incrementos deberán contar nuevamente con la autorización previa de la Superintendencia de Servicios de Salud, encargada de revisar los valores de los planes.

La resolución se conoce luego de meses de fuertes subas que afectaron a miles de familias y complicaron la continuidad de la cobertura médica privada. Desde la llegada de Milei al Gobierno, la desregulación del sector permitió que las compañías aplicaran aumentos con impacto directo sobre sus afiliados.

En el caso “Bobbio c/ Swiss Medical”, el máximo tribunal invalidó los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023. Estas disposiciones habían eliminado las facultades estatales para controlar los precios. Con el fallo, la autoridad de aplicación recupera la obligación de fiscalizar y evaluar la razonabilidad de los incrementos, aunque el alcance formal de la sentencia corresponde al expediente analizado.

La decisión no implica una reducción automática de las facturas ni el regreso inmediato de las cuotas a sus valores anteriores. Tampoco obliga, de manera generalizada, a las empresas a devolver lo cobrado por los aumentos ni establece un mecanismo de actualización ligado automáticamente a la inflación.

La diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Myriam Bregman, cuestionó el alcance de la resolución. “Llega varios aumentos después”, afirmó, y sostuvo que no estaban dadas las condiciones excepcionales para que el Poder Ejecutivo utilizara facultades legislativas mediante un decreto de necesidad y urgencia.

Bregman planteó que, si la conveniencia política no constituye una circunstancia excepcional de necesidad y urgencia, la Corte debería explicar por qué no declara inconstitucional la totalidad del DNU 70/23. Según su planteo, las condiciones políticas existentes al momento de dictar el decreto eran las mismas para todos los temas incluidos en esa norma.

Un freno parcial a la desregulación

El fallo representa un revés para las empresas de medicina prepaga y para la política de desregulación y reducción de controles estatales impulsada por el Gobierno. Sin embargo, no constituye una impugnación integral del decreto.

La Corte intervino exclusivamente sobre los dos artículos relacionados con las prepagas y mantuvo vigente el resto del DNU, que introdujo cambios en numerosas regulaciones económicas, laborales y sociales sin atravesar previamente el debate legislativo ordinario.

Por eso, continúa abierta la discusión sobre la constitucionalidad del DNU 70/23 y sobre los límites del Poder Ejecutivo para modificar leyes a través de decretos. Para los usuarios, mientras tanto, persiste el problema inmediato de afrontar cuotas cada vez más difíciles de pagar y de reclamar por el impacto de los aumentos aplicados desde diciembre de 2023.