El Senado aprobó este jueves 19 de noviembre la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa recibió el respaldo unánime de los 71 legisladores presentes y reemplaza el esquema de emergencia vigente por un régimen permanente de prestaciones y financiamiento.
El acuerdo reunió a La Libertad Avanza, el peronismo, la UCR, el PRO y otros bloques. Sin embargo, las organizaciones de discapacidad mantuvieron sus cuestionamientos: advierten que el Gobierno sigue incumpliendo obligaciones y reclaman intervenir en las decisiones que afectan al sector.
El proyecto retoma gran parte de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada en 2025 tras meses de movilizaciones y reclamos. No obstante, en vez de prorrogar esa norma y exigir su aplicación efectiva, establece un nuevo marco permanente y deja atrás el carácter transitorio de la emergencia.
La ley conserva las pensiones no contributivas por discapacidad en un valor equivalente al 70% de la jubilación mínima. Además, habilita su compatibilidad con un empleo registrado o el monotributo, siempre que los ingresos no excedan dos salarios mínimos, vitales y móviles. Para acceder al beneficio se requiere el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y se fijan criterios de evaluación socioeconómica.
También mantiene el nomenclador único de prestaciones y dispone actualizaciones de aranceles según la movilidad jubilatoria. Para afrontar las deudas estatales con prestadores, incorpora un cronograma de cancelación de pagos pendientes. A su vez, contempla el programa Incluir Salud y mecanismos de control sobre las pensiones, con notificación previa y posibilidad de descargo ante suspensiones.
El texto suma modificaciones que, según el artículo original, el Gobierno aceptó tras la presión de organizaciones y bloques opositores. Entre ellas figuran pautas más precisas para otorgar pensiones, límites a las bajas compulsivas, partidas presupuestarias para sostener el sistema, garantías de acceso a prestaciones de salud y la obligación de regularizar las deudas con prestadores.
El debate continúa centrado en las garantías para que el Gobierno cumpla con la ley y asegure los recursos necesarios para su implementación.
La izquierda pidió extender la emergencia y cuestionó el acuerdo
En la Cámara de Diputados, el proyecto había obtenido 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. Los cuatro representantes del Frente de Izquierda —Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Romina Del Plá y Juan Carlos Giordano— se abstuvieron.
La postura se basó en el reclamo de las organizaciones de discapacidad, que solicitaban la prórroga de la emergencia en lugar de negociar un nuevo régimen con el Gobierno, al que cuestionan por incumplir la normativa vigente.
Durante el debate, Del Caño sostuvo que la izquierda no podía acompañar una propuesta presentada como superadora mientras el Ejecutivo mantenía deudas con los prestadores, reducía recursos y reprimía las protestas del sector. “Respetamos el mandato del colectivo de la discapacidad y reclamamos la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad por la que todo el colectivo de la discapacidad viene luchando en la calle y desde hace tiempo”, afirmó.
El diputado también cuestionó la presentación oficial del proyecto como una solución definitiva: “Nos quieren vender que esta sería una ley superadora, pero es el mismo Gobierno el que incumple la ley actual”.
Otro de los cuestionamientos apuntó a la falta de consulta con personas con discapacidad, sus familias y trabajadores del sistema de prestaciones. Desde la izquierda señalaron que la iniciativa fue resultado de negociaciones parlamentarias y no de un debate con quienes reciben o sostienen esos servicios.
Del Caño denunció además que las prestaciones se pagaban un 40% por debajo de los valores establecidos por la Ley de Emergencia, debido a la falta de actualización vinculada con la inflación de 2023 y 2024.
Por su parte, Natalia Rodríguez, integrante de la Red de Discapacidad, cuestionó el acuerdo parlamentario y remarcó que la Ley de Emergencia fue una conquista de las personas con discapacidad, sus familias, trabajadores y organizaciones que se movilizaron contra el ajuste.
Rodríguez también advirtió sobre el alcance de las negociaciones. El diputado de Unión por la Patria Germán Martínez indicó que el nuevo proyecto recuperaba cerca del 75% de la Ley de Emergencia. Ante ello, la referente planteó qué ocurrirá con el 25% restante y qué implica sustituir una ley obtenida mediante movilización por un nuevo régimen acordado con un Gobierno que, según sostuvo, no cumplió sus obligaciones.
Para Rodríguez, la respuesta no depende únicamente de acuerdos entre dirigentes ni de una nueva denominación para el sistema. Consideró necesario garantizar recursos, supervisar su ejecución y asegurar la participación de las personas con discapacidad en las políticas sobre apoyos, educación, salud, trabajo, transporte y vida independiente.
La sanción del Senado concluye una instancia parlamentaria, pero no resuelve por sí misma la crisis del sector. Las deudas con prestadores, el deterioro de las prestaciones y la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones continúan afectando a miles de familias. El debate sigue enfocado en quién garantiza los recursos y de qué modo se controla la aplicación de la ley.
