Un amplio conjunto de organismos de derechos humanos, sindicatos y agrupaciones de Argentina, Uruguay y Chile difundió un comunicado para exigir la liberación inmediata de Bettina Kopcke, ciudadana alemana y esposa de Leonardo Bertulazzi. Las entidades cuestionaron la decisión de la jueza María Servini y sostuvieron que sobre Kopcke no pesa ninguna causa ni sentencia que justifique su detención.
Según el texto, el Gobierno de Javier Milei, con el acompañamiento de grandes empresas periodísticas y en coincidencia con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, acusa de manera falaz de “terrorista” a Bertulazzi, un ciudadano italiano de 74 años que reside en Argentina desde hace más de dos décadas.
Las organizaciones señalaron que Bertulazzi vivió y trabajó pacíficamente en el país durante más de veinte años bajo condición de refugiado, debido a la persecución política ejercida por el Estado italiano. De acuerdo con esta postura, en 2024 los poderes Ejecutivo y Judicial argentinos resolvieron detenerlo y avanzar con un proceso de extradición a Italia.
El caso volvió a cobrar relevancia tras la fuga de Bertulazzi del departamento de San Telmo donde cumplía prisión domiciliaria desde hacía dos años. El artículo sostiene que escapó ante la inminencia de una extradición por delitos presuntamente cometidos hace medio siglo, que considera prescriptos.
Luego de la fuga, el Gobierno detuvo a Marcos González Rodríguez, Ethel Villalta y Mónica Mellid Cañiza, acusados de haber colaborado presuntamente con el escape de Bertulazzi, conocido como “El Tano”. Los tres recuperaron la libertad menos de 48 horas después, al no existir pruebas que justificaran mantenerlos detenidos.
Esta semana, la Policía Federal, por orden de la jueza Servini, detuvo a Bettina Kopcke, esposa del exintegrante de las Brigadas Rojas. El comunicado afirma que la medida no cuenta con sustento probatorio y la califica como una maniobra destinada a presionar a Bertulazzi para que se entregue voluntariamente.
El reclamo de las organizaciones
En el documento, las entidades firmantes expresaron su “profunda preocupación y repudio” por la detención de Kopcke, ocurrida el 18 de noviembre durante la noche. También responsabilizaron por su salud e integridad a quienes ordenaron y ejecutaron la medida.
El comunicado cuestionó la legitimidad de la orden de la jueza María Romilda Servini y sostuvo que es contraria a derecho porque Kopcke no tiene ninguna causa ni sentencia que pudiera afectar su libertad. Las organizaciones definieron la decisión como un acto de “absoluta crueldad” y “servil al poder político de turno”.
Además, consideraron que detener a familiares directos de una persona que busca preservar su libertad y su vida constituye una “estrategia extorsiva inaceptable” en democracia. Recordaron que, según su planteo, Bertulazzi tuvo condición de refugiado en Argentina desde 2004, vivió y trabajó en el país por más de veinte años y fue juzgado en ausencia en Italia por delitos que calificaron como absolutamente prescriptos.
Las entidades afirmaron que el proceso de extradición de Bertulazzi y la detención de Kopcke expresan la “perversidad del sistema imperante” y la complicidad de jueces y fiscales con el gobierno de Milei y sus aliados. Finalmente, manifestaron su solidaridad con Kopcke y reclamaron su inmediata libertad.
Organizaciones firmantes
El documento fue suscripto por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (ADPH); Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza; Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte; Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Liga Argentina por los Derechos Humanos; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas; H.I.J.O.S. Capital; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Servicio de Paz y Justicia (Serpaj); Buena Memoria; Secretaría de DDHH CTA Autónoma; Secretaría de DDHH CTA de los trabajadores; NIETES; Asociación de ex Detenidos Desaparecidos (AEDD); Uruguayos en Argentina por los Derechos Humanos; Comisión Vesubio y Puente 12; Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia; Correpi; Hermanxs por la Memoria, la Verdad y la Justicia; Pañuelos en Rebeldía; Incidencia Feminista; Encuentro militante Cachito Fukman; HIJOS zona Oeste; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Neuquén; Foro contra la impunidad y por la Justicia de Santa Fe; APEL; Movimiento antirrepresivo (MAR) Santiago de Chile; Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba; NIETES CABA; Asociación Mutual Sentimiento; Secretaría de DDHH de la Federación Gráfica Bonaerense; Asociación de Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo; Cadhu; Centro de Abogados y Activistas por los Derechos Humanos; Plenaria Memoria y Justicia de Montevideo, Uruguay; Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo; Colectivo Memoria Militante; Familiares y Compañeres de Darío y Maxi; Fadhus; Red Socialista por los Derechos Humanos; HIJOS Ciudad de Buenos Aires; Colectivo de sobrevivientes y familiares de la masacre del Pabellón Séptimo; Comisión por Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata; Anfedh; y Hermaxs de Desaparecidxs y Asesinadxs por el Terrorismo de Estado, entre otras adhesiones.
Bettina Kopcke al momento de su detención | Foto: redes de Alejandra Monteoliva.
