Los resultados definitivos se conocerán el 25 de octubre, pero la jornada electoral del domingo dejó en Brasil un marcado avance de la derecha. En un escenario global de creciente polarización política y social, vuelve a plantearse el debate sobre cómo enfrentar de manera estructural a referentes como Trump, Bolsonaro y Milei.
La ultraderecha reaparece condensando rasgos misóginos, patriarcales, conservadores, racistas, sionistas, neoliberales y proimperialistas. Brasil fue una de sus expresiones más recientes. Sin embargo, el contexto internacional también muestra procesos de polarización: mientras AFD avanza en Sajonia-Anhalt, Die Linke obtiene triunfos en Berlín; mientras la derecha festeja en San Pablo, cientos de miles de personas se movilizan en Madrid, París y decenas de ciudades, enfrentando la represión.
La derrota de Lula tuvo un impacto significativo. Aunque un triunfo de la derecha era una posibilidad, su magnitud fue destacada: el Frente Amplio perdió cerca de 3,3 millones de votos respecto de la primera vuelta de 2022. A la vez, el ultraderechista Flávio Bolsonaro heredó y amplió el espacio político de su padre, Jair Bolsonaro, al sumar unos 5 millones de sufragios.
El retroceso no se limitó a la elección presidencial. La derecha y la centroderecha obtuvieron 11 de las 13 gobernaciones definidas en primera vuelta y también incrementaron fuertemente su representación legislativa. Sergio Moro, identificado como una figura del lawfare impulsado desde Washington, fue elegido gobernador del estado de Paraná. Por su parte, Tarcísio de Freitas, gobernador derechista de San Pablo, fue reelecto con una cantidad de votos muy superior a la obtenida en 2022.
Tras su reelección, De Freitas sostuvo que una mayoría en el Senado permitiría elegir a su presidente y que la Cámara alta restablecería el sistema de controles y equilibrios. Sus declaraciones fueron interpretadas como una advertencia hacia integrantes del Poder Judicial, un actor central de la política institucional brasileña.
Al finalizar la jornada, Lula llamó a ganar la segunda vuelta. El panorama aparece complejo, ya que los votos aún en disputa tenderían mayoritariamente hacia la derecha. No obstante, la expectativa está puesta en los más de 30 millones de brasileños y brasileñas que se abstuvieron de votar.
Durante los últimos cuatro años, la ultraderecha amplió su influencia con respaldo internacional. Según el análisis, la injerencia estadounidense creció de forma acelerada, con episodios como el cierre temporal de la Embajada en Brasil bajo el argumento de razones de seguridad. También se señala que, once días antes de los comicios, Facebook restringió cuentas del PT y del propio Lula, en un contexto de alineamiento del gran capital tecnológico con Trump.
Las elecciones también pueden leerse como un voto castigo a la gestión de Lula, dentro de una tendencia regional en la que los oficialismos sufren derrotas electorales con independencia de su orientación política. El politólogo Javier Cachés indicó que, si Bolsonaro triunfa en tres semanas, serían 18 las derrotas de gobiernos oficialistas sobre 21 elecciones regionales desde 2018. Petro y Jair Bolsonaro, por ejemplo, debieron dejar el poder al finalizar sus mandatos.
Una primera lección para la política argentina, y en particular para el actual gobierno de ultraderecha, sería atender a las razones económicas detrás de esos votos de castigo. En Brasil se estima que el 33% de los ingresos se destina al pago de deudas, personales y familiares. Además, 8 de cada 10 familias tienen algún tipo de endeudamiento y se calcula que 81 millones de personas están en mora, lo que equivale a un tercio de la población.
Al igual que en Argentina, el endeudamiento funciona como complemento de la caída de los ingresos regulares. Si bien Brasil registra una tasa de desocupación históricamente baja, del 5,3%, la precarización laboral extendida se traduce en salarios bajos.
La reforma laboral de 2017, Ley 13.467, aprobada durante el gobierno de Temer, profundizó la flexibilización laboral mediante contratos de corta duración, subcontratación y reducción de derechos sociales. En los últimos cuatro años, al menos cinco millones de trabajadores y trabajadoras perdieron conquistas laborales al pasar de contratos formales a la condición de contratistas independientes.
El artículo sostiene que Lula mantuvo la reforma laboral, en una de las principales continuidades respecto de los gobiernos de Temer y Jair Bolsonaro. También cuestiona que el actual lulismo haya desatendido a los sectores más empobrecidos: el aumento de la Bolsa Familia, programa que alcanza a 20 millones de familias pobres, llegó dos semanas antes de la elección tras tres años de pérdidas frente a la inflación. La demora es atribuida a las restricciones fiscales asumidas por la administración del Frente Amplio.
En una entrevista con C5N, José Natanson definió el proceso como una suerte de contrarrevolución de la derecha brasileña que, paradójicamente, no respondía a una revolución previa. El texto considera que la moderación del PT y Lula favoreció la radicalización de la ultraderecha, al sostener continuidades estructurales con el período bolsonarista y profundizar las contradicciones sociales.
La segunda lección planteada para Argentina es que la ultraderecha no puede ser derrotada mediante concesiones y negociaciones. El análisis afirma que Lula y el PT no buscaron revertir los avances reaccionarios producidos entre 2016 y 2022, sino establecer coincidencias con la agenda del gran capital. Como ejemplo menciona la elección del derechista Gerardo Alckmin como compañero de fórmula de Lula.
De cara a las elecciones de 2027, el texto ubica al peronismo argentino en una estrategia similar de moderación. Señala que Axel Kicillof, durante su visita a Nueva York, se presentó ante representantes de fondos buitres como un dirigente que no pondría en cuestión el derecho de propiedad. En ese marco, menciona a José Luis Manzano, exministro de Menem y actual propietario de Edenor.
La tercera conclusión es que Brasil expresaría un nuevo fracaso de las estrategias que buscan enfrentar a la derecha a través de gobiernos progresistas y programas de conciliación de clases. Desde esta perspectiva, esas políticas prometen reformas cada vez más limitadas e intentan contener a la derecha en lugar de derrotarla estructuralmente.
El bolsonarismo y la ultraderecha internacional son definidos como representantes de un gran capital que impulsa una guerra social persistente contra las mayorías populares. El texto afirma que el trumpismo, al frente del Poder Ejecutivo imperial, profundiza esa ofensiva, y cita como ejemplo la intervención en Bolivia contra el fiscal que detuvo a Fernando Cerimedo.
Frente a un escenario mundial atravesado por tensiones, avance imperialista y subordinación de las clases dominantes locales al capital financiero internacional, el artículo propone una política revolucionaria basada en la independencia política de la clase trabajadora y del pueblo pobre.
Ese horizonte, según el análisis, se nutre de las rebeliones en curso: las movilizaciones juveniles en París, las protestas masivas en Madrid, Barcelona, Sevilla y otras ciudades españolas, y la resistencia que enfrentó a la ICE en Minneapolis. La conclusión sostiene que el futuro se construye en la lucha de clases y no en la conciliación.