La Cámara de Diputados debatió un proyecto para modificar el Código Penal bajo la figura de “vandalismo rural”, impulsado por el PRO, a través del diputado pampeano Martín Ardohain, en acuerdo con La Libertad Avanza. La iniciativa busca elevar las penas de prisión para hechos considerados atentatorios contra la propiedad privada y quedó en condiciones de ser tratada en el recinto.
Durante la discusión, Ardohain defendió el texto al sostener que existen delitos que actualmente son considerados contravenciones. En paralelo, Unión por la Patria presentó una propuesta propia, elaborada por el diputado Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador, que prevé penas más severas y amplía su alcance a establecimientos industriales y productivos.
La diputada del PTS-FIT Myriam Bregman cuestionó ambas iniciativas. Respecto del proyecto promovido por el PRO y La Libertad Avanza, señaló que podría servir para proteger a grandes propietarios rurales, entre ellos Joe Lewis, empresario inglés vinculado al conflicto por Lago Escondido. También afirmó que el texto constituía un régimen penal especial para el ámbito rural y lo relacionó con el debate sobre la extranjerización de tierras.
Bregman objetó especialmente un artículo que contemplaba penas agravadas cuando la instigación se realizara a través de medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales. Según planteó, la redacción podía afectar la libertad de opinión y de expresión, además de habilitar acciones contra el periodismo. Tras sus cuestionamientos, La Libertad Avanza y el PRO retiraron ese artículo del dictamen.
La legisladora sostuvo que disposiciones similares continúan incluidas en los artículos 88 y 111 del proyecto oficial conocido como ley de “defensa de soberanía nacional” o “ley Malvinas”. De acuerdo con su crítica, esas normas podrían utilizarse para perseguir opiniones y periodistas.
El dictamen de mayoría del proyecto sobre vandalismo rural contó con el respaldo de UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal, además del oficialismo y el PRO.
Por su parte, la iniciativa de Unión por la Patria se denomina “Ley estragos, daños agravados y protección de infraestructuras críticas y productivas”. Gutiérrez explicó que la propuesta, cuya idea atribuyó a Sergio Massa, no solo aumenta las penas, sino que amplía los supuestos alcanzados por la legislación penal.
El texto prevé penas de uno a cuatro años de prisión y multas cuando se produzcan daños en instalaciones de establecimientos rurales, industriales o productivos, incluida la producción durante su transporte, si se afecta de forma relevante el funcionamiento o la continuidad de la actividad.
Frente a esa redacción, Bregman interrogó a Gutiérrez sobre una eventual aplicación de la norma a los trabajadores de FATE, que mantenían un reclamo frente a la planta. La diputada advirtió que una definición amplia de daño, peligro o establecimientos industriales y productivos podría alcanzar medidas de fuerza, incluida una huelga. Según el artículo original, no recibió respuestas de los integrantes del bloque peronista en la comisión.
Otro planteo de Bregman estuvo dirigido a la definición de “peligro común”, por considerar que podía abarcar situaciones de riesgo muy amplias. El dictamen final modificó esa formulación para precisar el alcance del riesgo.
La propuesta de Unión por la Patria también incorpora la noción de infraestructura crítica, un concepto que, según el artículo, también es utilizado por La Libertad Avanza y guarda similitud con definiciones vigentes en Estados Unidos. En ese país, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, conocida como CISA y dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, refiere a sistemas y activos cuya incapacidad o destrucción tendría consecuencias debilitantes para la seguridad, la economía, la salud pública o la seguridad nacional.
El proyecto de Unión por la Patria incorpora una pena de cinco a quince años de prisión para casos de estrago doloso que afecten infraestructura crítica vinculada al abastecimiento, la energía, las comunicaciones, la defensa, la seguridad nacional o servicios esenciales. Consultado sobre ese punto, Gutiérrez señaló que el concepto comprende, por ejemplo, a Yacyretá o Atucha I y II, y no a una fábrica de productos comerciales.
Bregman advirtió que las definiciones amplias o imprecisas pueden resultar peligrosas si quedan en manos de jueces que, según afirmó, protegen la extranjerización de tierras. También cuestionó la posible inclusión de sectores como Vaca Muerta dentro de la categoría de infraestructura crítica y presentó, como integrante de la Comisión de Legislación Penal, un dictamen de rechazo a ambas iniciativas.
La diputada vinculó este debate con otros antecedentes legislativos y recordó que el bloque del Senado liderado por José Mayans acompañó parte de las leyes represivas promovidas por Patricia Bullrich. Para Bregman, debates presentados bajo títulos vinculados a la seguridad o la soberanía pueden utilizarse para avanzar sobre las libertades democráticas.