La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este martes los pliegos de los primeros jueces, camaristas, fiscales y asesores tutelares que integrarán el nuevo fuero laboral porteño. La votación reunió 49 votos afirmativos, dos negativos y una abstención.
Las únicas posiciones en contra correspondieron a las legisladoras del Frente de Izquierda. El peronismo, que en agosto se había abstenido durante el tratamiento del convenio de transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad, esta vez acompañó las designaciones junto con el PRO, La Libertad Avanza y otros bloques vinculados a los exintegrantes de Juntos por el Cambio. La sesión especial duró menos de 15 minutos y no hubo discursos.
El convenio aprobado en agosto habilitó el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad y fijó un plazo de 180 días para definir recursos, personal y edificios. Con los nuevos nombramientos, el oficialismo de Jorge Macri avanzó en la puesta en funcionamiento de la estructura judicial.
Entre los designados figuran seis camaristas: Diego Tula, Martín Furchi, Patricia Ceriani, Silvia Gutiérrez Garay, Horacio Pitrau y Gabriela Fernández. También fueron aprobados diez jueces de primera instancia, además de fiscales y asesores tutelares.
La nómina combina funcionarios con experiencia en la Justicia Nacional del Trabajo y en el Poder Judicial porteño, junto con perfiles de distintos vínculos políticos, sindicales y profesionales. Entre ellos se encuentra Horacio Pitrau, quien fue secretario de Trabajo durante el gobierno de Mauricio Macri y funcionario del Ministerio de Trabajo en la gestión de Jorge Triaca; Silvia Gutiérrez Garay, quien trabajó como abogada del SUTERH conducido por Víctor Santa María; y Sebastián Caset, relacionado con un estudio especializado en derecho laboral empresario y relaciones sindicales.
La primera etapa del proyecto contempla diez juzgados de primera instancia y dos salas de Cámara. Sin embargo, la iniciativa de Jorge Macri prevé una ampliación de hasta 80 juzgados y diez salas de Cámara, además de un Código Procesal Laboral propio y un servicio de conciliación.
Desde el Frente de Izquierda cuestionaron el proceso. La diputada nacional Myriam Bregman, dirigente del PTS, había sostenido que el traspaso de la Justicia laboral formaba parte de una negociación entre el gobierno de Javier Milei y el PRO de Jorge Macri. Tras la aprobación de los nombramientos, volvió a señalar el acuerdo político que, según su planteo, está detrás de la conformación del nuevo fuero.
Por su parte, Alejandrina Barry, legisladora porteña MC del PTS en el Frente de Izquierda, cuestionó la reorganización del Poder Judicial de la Ciudad. En sus intervenciones públicas mencionó las causas contra trabajadores del subte y afirmó que el nuevo esquema podría afectar los reclamos laborales y las medidas de fuerza de trabajadores y sectores populares.
El artículo original también vincula la creación del fuero con el contexto de las reformas laborales promovidas por el gobierno de Javier Milei y con los debates sobre indemnizaciones, convenios colectivos y organizaciones sindicales. Mientras el oficialismo plantea la necesidad de agilizar los procesos y terminar con la denominada “industria del juicio”, sectores de izquierda y organizaciones de trabajadores advierten sobre el alcance que tendrá la nueva estructura en los conflictos entre empleados y empresas.
La votación se produjo luego de la designación de Javier Martín López Zavaleta como Fiscal General, aprobada con el acompañamiento de PRO, LLA y el peronismo. López Zavaleta fue identificado en el artículo como continuador de Juan Bautista Mahiques y cercano al operador judicial macrista Daniel “Tano” Angelici. En aquella ocasión, el Frente de Izquierda votó en contra y fue acompañado por algunos legisladores del kirchnerismo.
El proceso de transferencia aún requiere definir el convenio específico entre Nación y Ciudad, los recursos, el destino del personal de la Justicia Nacional del Trabajo y la futura ampliación de la estructura. No obstante, con las primeras designaciones aprobadas, el Gobierno porteño dio un paso concreto para iniciar el nuevo fuero laboral de la Ciudad.