La Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, recibió hoy a un contingente de bomberos y especialistas franceses que apoyarán en el combate contra los incendios forestales en la zona centro sur de Chile.

“Tengo el gusto de estar acá hoy recibiendo una vez más la solidaridad internacional. En esta ocasión, estamos dándole la bienvenida a 83 efectivos que vienen desde Francia”, afirmó la Canciller.

La Ministra estuvo acompañada por el Embajador de Francia en Chile, Pascal Teixeira da Silva, el Encargado de Negocios de la Unión Europea en Chile, Quentin Weiler, además de miembros de la CONAF.

 

LAS PALABRAS DE LAS AUTORIDADES

“Queremos agradecer al Gobierno y al pueblo de Francia. La verdad es que conmueve el apoyo que hemos recibido de distintos países, tanto de la región como de Europa, en esta grave catástrofe que está sufriendo el sur de Chile. Y conmueve saber que no estamos solos, conmueve saber que hay hombres y mujeres que cruzan océanos para ayudarnos a combatir los incendios”, afirmó la Canciller.

Por su parte, el Embajador de Francia en Chile señaló que “esperamos que la movilización de la comunidad internacional y, especialmente, de tres países europeos, España, Portugal y Francia, vaya a permitir aliviar la tarea muy difícil de la seguridad civil, de los Bomberos, de la CONAF, en la lucha contra los incendios”.

En tanto, el Encargado de Negocios de la UE en nuestro país afirmó que la ayuda procedente de Europa “es parte de un esfuerzo en conjunto y es una muestra otra vez de la solidaridad de la Unión Europea y los Estados miembros con Chile en un momento muy difícil. La solidaridad es clave en estos momentos”.

Con el arribo del contingente francés, ya han llegado a Chile más de 800 brigadistas y especialistas extranjeros, provenientes, además, de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Italia, México, Portugal y Venezuela.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.