CCOO y UGT anuncian una huelga general antes de las elecciones del 29 de noviembre

La Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) del Estado español han confirmado, mediante un comunicado conjunto, que convocarán una huelga general antes de las elecciones del 29 de noviembre. Será la primera convocatoria de este tipo impulsada por ambas centrales desde 2012.

El anuncio es presentado como resultado de las acampadas y del movimiento por la vivienda. El texto sostiene que será necesario organizar asambleas y comités en cada centro de trabajo y estudio para garantizar el desarrollo de la huelga y evitar que quede bajo el control exclusivo de las burocracias sindicales.

CCOO y UGT han señalado que la huelga se centrará en los salarios y la vivienda durante este otoño europeo, aunque todavía no se ha fijado una fecha. Según han indicado, el día de la movilización se acordará con los sindicatos de inquilinas, el sindicalismo combativo y los movimientos sociales.

De acuerdo con fuentes sindicales citadas por la prensa, las direcciones de CCOO y UGT pretendían inicialmente repetir el esquema de la anterior huelga general por Palestina: dejar a la CGT como única convocante y limitar su participación a paros parciales. Sin embargo, el incremento de la movilización habría modificado esos planes. Cientos de miles de personas en todo el Estado han coreado el lema «huelga, huelga, huelga general», mientras que las acampadas y el movimiento por la vivienda se han consolidado como interlocutores. Tras más de una década de pasividad frente a recortes y ataques, las cúpulas sindicales se vieron obligadas a actuar.

En su comunicado, CCOO y UGT sitúan la convocatoria en el marco de sus propuestas para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Entre ellas figuran incrementos salariales de entre el 4% y el 7%, cláusulas de revisión salarial y medidas para favorecer el acceso a la vivienda.

También hacen referencia a la Propuesta Sindical Unitaria, que plantea la creación de un parque público de vivienda protegida y permanente, la limitación de los alquileres y la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios. Su reivindicación se resume en que «los salarios tienen que garantizar el acceso a un bien básico como es la vivienda».

La patronal ya había tratado de criminalizar de forma preventiva la huelga general. Ante ello, los sindicatos han respondido que no se trata de una huelga política, sino de una movilización «mixta», al incorporar también demandas salariales.

Una huelga durante la campaña electoral

La comunicación de la convocatoria se produce pocos días después de que el Congreso rechazara los decretos de vivienda y de que Pedro Sánchez adelantara las elecciones al 29 de noviembre. Las organizaciones sindicales han asegurado que la huelga tendrá lugar antes de esa fecha.

El anuncio ha sido interpretado de dos formas: como una respuesta a la presión social en las calles y como un posible último servicio al Gobierno, que podría emplear la movilización para reforzar el discurso del «mal menor» frente a la derecha.

El texto plantea que el resultado de la huelga no dependerá únicamente de las direcciones de CCOO y UGT, sino también de que el movimiento se apropie de la convocatoria para lograr sus demandas y evitar que se convierta en un acto de campaña electoral.

Asambleas y comités en los centros de trabajo y estudio

La convocatoria abre la posibilidad de trasladar el debate sobre la huelga general a empresas, centros educativos, facultades y barrios. La propuesta pasa por organizar asambleas en los lugares de trabajo y estudio para debatir tanto la huelga como su programa, así como elegir comités de huelga coordinados con las acampadas, los sindicatos de inquilinas y el resto de sectores movilizados.

El artículo cita como precedentes la huelga educativa de Catalunya, donde las asambleas de trabajadoras han funcionado como espacios democráticos de organización y decisión, y el conflicto del metal gaditano, en el que las asambleas han permitido resistir preacuerdos considerados insuficientes.

Entre los espacios ya existentes se menciona la Mesa sindical por la huelga general constituida en Madrid, formada por el Sindicato de Inquilinas, CGT, COBAS, Solidaridad Obrera y CNT. En Catalunya, la plataforma «Ens costa la vida» reúne al Sindicat de Llogateres, al sindicalismo combativo y a decenas de colectivos.

El 14 de octubre comenzará una huelga indefinida docente en Madrid. El planteamiento es extenderla al conjunto del sector educativo y al movimiento estudiantil, de modo que cada instituto y facultad se convierta en un espacio de organización. En noviembre, Catalunya prevé un nuevo ciclo de huelgas educativas y Andalucía tiene convocada otra huelga general educativa ese mismo mes.

Las trabajadoras del 0-3, correspondientes al primer ciclo de educación infantil, las del sector social, la plantilla de Airbus y otros sectores en conflicto podrían confluir en este frente. Desde las asambleas y los comités se propone exigir que la fecha de la huelga se establezca cuanto antes, que sea cercana y que se decida democráticamente junto a quienes han protagonizado las movilizaciones.

Reivindicaciones sobre vivienda, salarios y servicios públicos

El programa planteado va más allá de la aplicación de unas leyes de vivienda que, según el texto, han demostrado ser insuficientes. Entre las demandas surgidas en las plazas de todo el Estado se encuentran los contratos indefinidos, la bajada de los alquileres, el fin de los desahucios y la expropiación sin indemnización de las viviendas vacías en manos de bancos y fondos buitre.

A estas exigencias se suman subidas salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido, con revisión automática si los precios vuelven a aumentar de forma notable, y la defensa de los servicios públicos frente a las privatizaciones y los recortes.

La conclusión del texto es que las burocracias sindicales se han movido por la presión de las movilizaciones y que la garantía para mantener esa presión pasa por una huelga organizada desde abajo, mediante asambleas y comités con capacidad de decisión en cada lugar de trabajo y estudio.