La expansión de la inteligencia artificial, la computación en la nube y el almacenamiento masivo de información suele presentarse como un proceso digital e inmaterial. Sin embargo, detrás de cada consulta a sistemas generativos y de cada servicio en línea existe una infraestructura industrial de gran escala: los centros de datos.

Estos complejos concentran decenas de miles de unidades de procesamiento gráfico (GPU) y funcionan de manera ininterrumpida, las 24 horas de los 365 días del año. Su operación genera enormes cantidades de calor, por lo que requieren sistemas de refrigeración líquida y torres de enfriamiento evaporativo que consumen volúmenes constantes de agua dulce ultrapurificada. También demandan una provisión eléctrica continua comparable a la de ciudades enteras.

Desde una perspectiva de ecología política marxista, el artículo sostiene que esta actividad profundiza la fractura metabólica entre la acumulación capitalista y los ciclos de la naturaleza. Las ganancias y el control tecnológico se concentran en centros financieros y tecnológicos como Silicon Valley, Singapur, Pekín o Wall Street, mientras que los costos energéticos, hídricos y ambientales se trasladan a territorios periféricos.

Batam: la expansión digital al servicio de Singapur

La isla indonesia de Batam, en el archipiélago de las Islas Riau, se encuentra a apenas veinte kilómetros de Singapur. La cercanía ilustra una nueva división regional: Singapur consolidó durante la última década cerca del 60 % de la capacidad de centros de datos del sudeste asiático, pero en 2019 impuso una moratoria para nuevas instalaciones.

La decisión se produjo luego de que estos complejos llegaran a absorber el 7 % de la electricidad de la ciudad-Estado, con efectos sobre su seguridad hídrica e inmobiliaria. En 2022, la moratoria fue reemplazada por cupos restrictivos ligados a criterios de “eficiencia extrema”.

Según el texto, la respuesta empresarial fue trasladar la expansión hacia Indonesia. La autoridad de desarrollo Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) y zonas económicas especiales como el Nongsa Digital Park promovieron la instalación de infraestructura digital en la isla.

Batam tiene más de 1,2 millones de habitantes y depende casi totalmente del agua de lluvia almacenada en ocho embalses superficiales. El reservorio de Duriangkang aporta más del 50 % del abastecimiento insular, junto con los de Nongsa, Muka Kuning y Sei Harapan.

Investigaciones hidrogeológicas y reportes de BP Batam habían advertido sobre la reducción de las reservas a causa de la deforestación, la sedimentación y la crisis climática. Aun así, se autorizaron más de una docena de grandes centros de datos. El fenómeno de El Niño agravó las sequías en el país.

De acuerdo con crónicas de BBC News y France 24, mientras los complejos del Nongsa Digital Park disponen de suministro permanente para refrigerar servidores, barrios como Bakau Serip y otros asentamientos obreros padecen cortes de agua que se extienden durante días o semanas. Las familias dependen de repartos irregulares de camiones cisterna de ABH, que en ocasiones entregan agua turbia o no potable, o deben destinar parte de sus ingresos a comprar bidones.

La presión también alcanza al sistema eléctrico. Datos citados de The Japan Times y W.Media indican que la capacidad proyectada de los centros de datos en Batam supera los 500 megavatios (MW) en una primera etapa y podría superar 1.000 MW al final de la década. El artículo afirma que esa demanda equivaldría a duplicar el consumo eléctrico histórico residencial e industrial de la isla, cuya generación, administrada por PLN Batam, continúa dependiendo del gas fósil y del carbón.

Tras las protestas vinculadas a la escasez de agua desde octubre de 2026, BP Batam y el Gobierno indonesio anunciaron que los nuevos operadores deberán financiar sus propias plantas desalinizadoras. El texto cuestiona esta alternativa por su alto consumo energético y por el vertido de salmuera con químicos y metales pesados, que podría afectar manglares y áreas de pesca artesanal de las Islas Riau.

Los capitales detrás de los proyectos de Batam

La expansión de Batam reúne inversiones de distintas potencias y fondos. Por el lado estadounidense, se mencionan alianzas entre Nvidia, Firmus Technologies y ST Telemedia para instalar capacidades de inteligencia artificial en el Nongsa Digital Park. También aparecen fondos como Warburg Pincus, a través de Princeton Digital Group y BW Digital, con desarrollos que pueden alcanzar los 100 MW.

Por otra parte, firmas vinculadas a Pekín y Hong Kong, como GDS Holdings y DayOne, anunciaron inversiones de hasta 5.000 millones de dólares para ampliar la capacidad de cómputo de compañías como Alibaba, Tencent y ByteDance. El artículo señala además la participación de la paraestatal indonesia NeutraDC, en asociación con Singtel y BDx, para desarrollar más de 51 MW en el parque industrial de Kabil.

Chubut y el desembarco de los proyectos de hiperescala

El texto establece un paralelo entre Batam y la Patagonia argentina. Bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno de Javier Milei, la región es promocionada como destino para instalaciones de hiperescala.

En Chubut, el gobernador Ignacio Torres anunció el proyecto Atlas GigaHub en la Zona Franca de Trelew. La iniciativa es promovida por la firma Green Capital e incluye anuncios de inversión de entre 1.500 y 2.800 millones de dólares para construir un megacentro de datos abastecido con parques eólicos.

La Legislatura del Chubut sancionó el Proyecto de Ley N.º 084/26, expediente N.º 245/26 HL, presentado por la diputada oficialista Andrea Aguilera, del bloque Despierta Chubut. La norma crea el “Régimen Provincial de Promoción de la Economía del Conocimiento y de Fomento de Emprendimientos, Empresas, Cooperativas y Consorcios de Base Tecnológica”.

Según el artículo, la ley fue aprobada con votos del oficialismo provincial del PRO, partidos provinciales y legisladores peronistas que se dividieron entre el apoyo y la abstención, sin votos negativos. El texto sostiene que el régimen beneficia especialmente a los centros de procesamiento de datos mediante su inclusión como infraestructura digital estratégica.

La norma contempla aportes no reembolsables, incentivos tributarios, subsidios a salarios y cargas patronales, créditos subsidiados del Banco del Chubut y un Fondo de Fomento Tecnológico, denominado FONTECH. También permite la cesión, uso o venta de tierras fiscales, con prioridad para la meseta central, y habilita subsidios temporales para servicios asociados a parques tecnológicos.

El artículo 27 de la ley exige que los proyectos declaren sus necesidades de energía y agua cuando corresponda. No obstante, el texto cuestiona que la evaluación y autorización dependan del Poder Ejecutivo, mientras que el Consejo Asesor Provincial —con participación de universidades y organismos como el CONICET-CENPAT— tenga carácter consultivo y no vinculante.

Agua, energía y falta de estudios acumulativos

El discurso oficial presenta a la Patagonia como una región favorable por sus vientos constantes y sus bajas temperaturas. Sin embargo, el artículo advierte que los centros de datos de más de 100 MW igualmente pueden requerir millones de litros de agua durante los picos de temperatura estivales, además de agua desmineralizada para reponer circuitos y para otras aplicaciones.

La preocupación se concentra en la cuenca del río Chubut, afectada por una crisis hídrica estructural, reducción de caudales y episodios de turbidez. Estos problemas han dejado sin agua potable, según el texto, a ciudades como Trelew, Rawson y Puerto Madryn.

También se cuestiona la falta de estudios de impacto ambiental acumulativos aprobados, de audiencias públicas vinculantes y de precisiones sobre el caudal de agua o la prioridad de suministro eléctrico que se otorgaría a las empresas en escenarios de sequía o déficit energético.

La disputa entre Estados Unidos y China

El artículo describe a la Patagonia como escenario de una disputa entre capitales estadounidenses y chinos. En el caso de Green Capital SA, señala que investigaciones periodísticas basadas en registros europeos y del Boletín Oficial identificaron a la firma polaca de energías renovables como una estructura intermediaria sin antecedentes comprobables en la construcción u operación de centros de datos de hiperescala.

El texto menciona vínculos del proyecto Atlas GigaHub con proveedores de hardware, financiamiento e ingeniería de origen chino, una situación que habría despertado preocupación en la Embajada de Estados Unidos y en el Comando Sur.

Como antecedente, se cita el caso de Huawei en Neuquén, donde la cooperativa eléctrica CALF había firmado un acuerdo con la empresa china para desarrollar un centro de datos modular y soluciones de ciudades inteligentes. Según el artículo, la diplomacia estadounidense intervino ante autoridades provinciales y nacionales, cuestionando la iniciativa por razones de seguridad y espionaje.

Al mismo tiempo, el texto afirma que Javier Milei promovió en California las oportunidades de la Patagonia y los beneficios del RIGI ante ejecutivos de OpenAI, Meta, Google, Apple y Tesla. En el plano local, menciona proyectos de YPF Luz y Central Puerto para vender energía a grandes tecnológicas, operaciones de minería de criptoactivos y procesamiento de inteligencia artificial.

El artículo cuestiona las exenciones fiscales y aduaneras previstas por la Zona Franca de Trelew y el RIGI, que incluyen estabilidad tributaria por 30 años, beneficios para la importación de servidores y libre disponibilidad de divisas desde el tercer año.

Además, señala el artículo 193 de la Ley 27.742, que establece que los Vehículos de Proyecto Único adheridos al RIGI no pueden ser afectados por restricciones regulatorias sobre el suministro, transporte y procesamiento de insumos destinados a sus exportaciones. El texto interpreta que esta disposición puede priorizar el acceso corporativo a recursos críticos frente a demandas locales.

Respecto del empleo, la nota sostiene que los centros de datos son intensivos en capital y de baja generación de puestos permanentes. Como referencia, indica que un complejo de hiperescala de 100 MW, luego de un período de construcción de aproximadamente 18 meses, puede operar con entre 30 y 50 técnicos especializados.

Una discusión sobre recursos comunes y desarrollo tecnológico

El artículo plantea que la expansión mundial de los centros de datos responde a necesidades de automatización, vigilancia algorítmica, publicidad dirigida, industria militar y especulación financiera, antes que a objetivos sociales o ambientales.

En ese marco, recupera la experiencia del Chubutazo de 2021, que frenó la zonificación megaminera bajo la consigna “El agua vale más que el oro”. El texto llama a rechazar la instalación de megacentros de datos, la ley aprobada en Chubut y el RIGI nacional, y propone la organización de asambleas socioambientales, sindicatos, trabajadores de la energía, el agua y la tecnología.

La conclusión sostiene que el agua dulce y la energía deben ser considerados derechos humanos y no recursos subordinados a la rentabilidad de las grandes corporaciones tecnológicas. Como alternativa, propone la nacionalización del sistema energético y de los recursos estratégicos bajo control democrático de trabajadores y comunidades.