La inflación volvió a acelerarse en octubre. De acuerdo con el Indec, los precios subieron 2,2%, tres décimas más que en septiembre y el mayor registro mensual desde abril. En los primeros diez meses del año, la suba acumulada fue de 26,3%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,1%.

El resultado pone en discusión la promesa de Javier Milei de llevar la inflación a cero. En el mismo período de 2025, la inflación acumulada había sido de 24,8%. Según el planteo expuesto, pese al ajuste, la recesión y el deterioro de los ingresos de los sectores populares, los precios crecieron más que el año anterior.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la inflación núcleo fue de 1,5%, el nivel más bajo desde julio de 2025. También vinculó parte de la suba de octubre con los cambios en el régimen de Zona Fría, una modificación aprobada por el oficialismo que reduce subsidios al gas.

La categoría Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró un incremento de 4,2% durante octubre, el más elevado entre los rubros que integran el IPC. El gas fue uno de los principales impulsores de ese aumento.

Las subas tarifarias responden a varios factores: el traslado a los usuarios de mayores precios internacionales de la energía, la reducción de subsidios y el incremento de las tarifas. A ello se agregan las modificaciones al régimen de Zona Fría, que recortaron la asistencia estatal para entre 1,6 y 2,5 millones de usuarios, según las estimaciones citadas sobre el alcance de la reforma.

No se precisó cuánto impactó específicamente esa modificación en el índice de octubre, aunque Caputo la mencionó entre los elementos que influyeron en el resultado. La reforma, defendida por el oficialismo como parte de la reducción del gasto público, tiene un efecto directo sobre los gastos de las familias.

El Gobierno sostiene una política de actualización de tarifas orientada a reducir subsidios y garantizar las ganancias de las empresas privatizadas. Estos aumentos se suman a los de otros servicios esenciales y profundizan la pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

Según el análisis, la explicación oficial no alcanza para comprender por qué la inflación continúa en estos niveles. La separación de componentes del índice, como ocurre al resaltar el IPC núcleo, deja en segundo plano el impacto cotidiano de las subas en tarifas, alimentos, alquileres y transporte, que continúan aumentando por encima de los salarios.

La recesión no logra reducir la inflación

El programa económico de Milei y Caputo provocó una recesión con el objetivo de contener los precios. La actividad económica se redujo durante el segundo trimestre y las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central prevén otra contracción de 2,3% para el tercero. De esta forma, la economía acumularía dos trimestres consecutivos en baja.

La industria y la construcción se encuentran entre las actividades más afectadas. En septiembre, la producción industrial manufacturera cayó 1,8% interanual, mientras que en los primeros ocho meses del año acumuló una contracción de 2,7%. El deterioro de estos sectores, que generan empleo y ocupan un lugar central en el entramado productivo, repercute en los puestos de trabajo, los salarios y el consumo.

El texto sostiene que, aun con esa caída de la actividad, no se logra llevar la inflación a cero. En esa línea, cuestiona que el deterioro impuesto a trabajadores, jubilados y sectores populares no se traduzca en la estabilización prometida.

Entre los factores estructurales mencionados se encuentra la política cambiaria. El Gobierno mantiene, según esta mirada, un dólar artificialmente barato para contener precios, favorecer determinados negocios financieros y exhibir una estabilidad que no se correspondería con las condiciones económicas. El atraso cambiario, a su vez, estimula las importaciones, perjudica a la producción local y ejerce presión sobre las reservas del Banco Central.

A esto se añade la liberalización de la compra de dólares para personas físicas y la desregulación financiera, medidas que facilitan la salida de divisas. Mientras se habilita la dolarización de ganancias y la especulación financiera, los pagos de deuda externa y la fuga de capitales representan una salida constante de recursos.

Desde 2023 ingresaron al país cerca de 82.200 millones de dólares, pero el Banco Central solo logró acumular 21.800 millones en reservas. El esquema económico requiere divisas que, de acuerdo con el análisis, su propia política contribuye a volver escasas.

La desconfianza del capital internacional también se refleja en el riesgo país. Tras ubicarse cerca de los 400 puntos en julio, superó los 900 en noviembre. Los vencimientos de deuda en moneda extranjera para 2027 rondan los 25.000 millones de dólares, en un contexto en el que el financiamiento externo continúa cerrado. Los acreedores ponen en duda la capacidad oficial para reunir las divisas necesarias para afrontar esos compromisos.

El atraso cambiario, la fuga de capitales, el endeudamiento y el deterioro productivo configuran una economía cada vez más vulnerable, según el artículo. El Gobierno busca sostener un esquema que necesita dólares para mantener el tipo de cambio y pagar deuda, pero que al mismo tiempo debilita sectores productivos y facilita la salida de divisas.

El riesgo de una nueva crisis

Milei y Caputo mantienen como objetivo central la baja de la inflación. Sin embargo, el análisis advierte que intentar lograrlo mediante ajuste, recesión y atraso cambiario podría sentar las bases de una nueva crisis económica. La escasez de dólares, el crecimiento de la deuda y la debilidad de la actividad productiva no se resolverían únicamente con una desaceleración de los precios.

Además, el Gobierno enfrenta un escenario internacional menos favorable. Milei obtuvo parte de la estabilidad de su programa a partir del respaldo de Donald Trump y del rescate financiero otorgado por el Tesoro de Estados Unidos en 2025. No obstante, la reciente derrota electoral del trumpismo en Estados Unidos plantea dudas sobre la disposición y capacidad de Washington para intervenir nuevamente ante una eventual corrida cambiaria en Argentina.

La experiencia argentina indica que los esquemas basados en atraso cambiario, endeudamiento y fuga de capitales suelen enfrentar límites por la falta de divisas. Cuando eso sucede, las respuestas impulsadas por gobiernos y el FMI suelen incluir devaluaciones, nuevos ajustes y una mayor pérdida de ingresos para los trabajadores.

Como alternativa, el texto propone desconocer soberanamente la deuda externa, a la que califica de ilegítima e ilegal, para dejar de destinar recursos al pago del FMI y los fondos buitre. También plantea establecer un monopolio estatal del comercio exterior bajo control de los trabajadores, con el objetivo de administrar las divisas de las exportaciones según necesidades sociales y no en función de la especulación o los negocios de grandes empresas.