Corrientes, Chaco y la ciudad de Santa Fe reúnen a más de 3.900 personas evacuadas o autoevacuadas por la crecida del río Paraná. Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa precipitaciones superiores a los valores habituales en buena parte del país hasta enero, en un contexto en el que los barrios ribereños reclaman asistencia y obras de infraestructura.

De acuerdo con registros de Defensa Civil de Corrientes, del Gobierno del Chaco y de la Municipalidad de Santa Fe difundidos por medios locales a comienzos de noviembre, la crecida ya obligó a miles de familias a abandonar sus viviendas. El pico del fenómeno se espera entre diciembre y enero.

Personas desplazadas en Corrientes, Chaco y Santa Fe

En Corrientes, el 23 de octubre se contabilizaban 646 evacuados y autoevacuados. Según la Defensa Civil provincial, la cifra ascendió a 1.687 personas: 409 permanecían en centros de evacuación y 1.278 habían dejado sus hogares por sus propios medios.

Vecinos de las zonas anegadas cuestionaron la falta de asistencia e información sobre cómo recuperar sus viviendas. En una transmisión de TN del 27 de octubre, una residente de Corrientes cuya casa estaba cubierta por el agua afirmó: “Nadie viene a ayudarnos ni a explicarnos qué hacer o cómo vamos a recuperar nuestras casas”.

En Chaco, el parte oficial provincial del 3 de noviembre mantenía el registro de 2.239 personas desplazadas de 629 hogares. Las localidades de Barranqueras, Puerto Vilelas e Isla del Cerrito continuaban bajo alerta roja. Ante la situación, vecinos de la zona recurren a lanchas y embarcaciones propias para asistir a otras familias.

En la ciudad de Santa Fe, el municipio alojaba a nueve familias, integradas por 31 personas —18 de ellas menores—, en el Centro de Asistencia Integral de Alto Verde. En Colastiné Norte, ocho familias abandonaron sus casas y levantaron refugios precarios al otro lado del terraplén, desde donde reclaman agua y baños. Se trata de familias que residen fuera de los anillos de defensa.

Aunque el Paraná comenzó a descender, el Instituto Nacional del Agua advirtió que las lluvias de noviembre podrían generar nuevas crecidas.

Pronóstico: lluvias por encima de lo normal hasta enero

Diciembre y enero suelen ser los meses con mayores precipitaciones en el centro y norte argentino. Según el pronóstico climático trimestral publicado por el SMN el 30 de octubre, se esperan lluvias superiores a los niveles normales en todo el Litoral. En Misiones y Corrientes, la probabilidad supera el 55 %.

La previsión también abarca el oeste de Santa Fe, Córdoba, el este de San Luis, La Pampa y la provincia de Buenos Aires, especialmente su sector occidental. El organismo señaló, además, que en el centro y noreste del país podrían ocurrir eventos localmente más intensos de lo habitual. Por el contrario, para el NOA, San Juan y el sur de la Patagonia se estiman lluvias normales o inferiores a lo normal.

El riesgo no está determinado únicamente por la lluvia que cae en cada localidad. El caudal que desciende por el Paraná tarda semanas en atravesar la cuenca. El director de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, definió la situación como una “emergencia de largo plazo, hasta marzo o abril”, según declaraciones a Perfil el 27 de octubre.

En Rosario, la Prefectura prevé que el río alcance cerca de 4,80 metros a mediados de diciembre, cerca del nivel de alerta fijado en 5 metros. A esto se suma la humedad acumulada en los suelos: de acuerdo con un relevamiento provincial, a mitad de año más del 75 % del territorio bonaerense presentaba suelos húmedos o sobresaturados.

El texto identifica dos zonas particularmente comprometidas: el Litoral, por el agua proveniente de Brasil y Paraguay junto con las precipitaciones asociadas a El Niño, y la llanura chacopampeana, donde el cambio en el uso del suelo vinculado al agronegocio elevó las napas y expandió las áreas inundables.

El fenómeno de El Niño también modifica los promedios de temperatura. El informe del SMN prevé temperaturas superiores a las normales en el NOA y el sur de la Patagonia, combinadas con precipitaciones por debajo de lo habitual. Según el artículo, estas condiciones pueden favorecer sequías y el desarrollo de grandes incendios.

Cuestionamientos a las respuestas oficiales

El artículo plantea que los efectos de los eventos meteorológicos se agravan por las desigualdades sociales y por un modelo extractivista basado en el uso de combustibles fósiles, el desmonte destinado al agronegocio y la especulación con alimentos. También sostiene que las lluvias intensas beneficiaron a grandes multinacionales cerealeras al elevar los rendimientos de soja, trigo y maíz, en un contexto de aumentos de hasta el 18 % en esos productos, según el Banco Mundial.

En Corrientes, el gobernador Juan Pablo Valdés (UCR) descartó el 19 de octubre declarar la emergencia hídrica, aunque luego la estableció durante 180 días mediante el Decreto 1271/2026. El 29 de octubre, el Concejo Deliberante de la capital recién comenzaba a analizar su adhesión. Valdés anunció créditos subsidiados del Banco de Corrientes para turismo, infraestructura y familias, aunque sin precisiones públicas sobre requisitos ni fechas. La asistencia directa, señaló, quedaría para un “segundo momento” si fuera necesaria.

El 3 de noviembre, el gobernador mencionó entre 500 y 600 evacuados y autoevacuados, una cifra equivalente a cerca de un tercio de las personas registradas por la Defensa Civil provincial el día anterior. El artículo también menciona el femicidio de Nancy Godoy, docente que había denunciado las condiciones laborales y edilicias de las escuelas.

En Chaco, el gobierno de Leandro Zdero (UCR), aliado electoral de La Libertad Avanza desde 2025, sostenía cuatro centros de contención con asistencia alimentaria y sanitaria. La gestión dispuso que presos fabriquen camas para evacuados y comunicó la medida con la frase: “se terminó el confort para los que delinquen”.

En Santa Fe, el gobierno de Maximiliano Pullaro (UCR) gestionó ante el Senasa excepciones para acelerar el traslado de hacienda y mantiene una plataforma que ofrece campos, forraje y transporte a productores. Según el Ejecutivo provincial, más del 72 % del ganado ya había salido de las islas. Un productor de la isla del Charigüé explicó que buscaban “salvar a las madres para que continúe la producción”.

Por otra parte, Vía Navegable Argentina reforzó el dragado y balizamiento de la hidrovía para evitar que la crecida interrumpa los embarques del Gran Rosario, desde donde sale el 75 % de las exportaciones agroindustriales del país.

En Rosario, vecinos de Empalme Graneros se concentraron el 28 de octubre para reclamar la licitación de un canal que permita llevar el agua directamente al Paraná. El barrio padeció 17 inundaciones durante el siglo XX.

En Neuquén, luego del temporal de fines de octubre, el gobernador Rolando Figueroa firmó el Decreto 1714/2026, que declaró la emergencia meteorológica por seis meses y habilitó contrataciones directas de bienes, servicios y obras a través de un comité ministerial. La actividad en Vaca Muerta continuó: el jefe de Gabinete de Rincón de los Sauces informó que los cortes de ruta mantuvieron a operarios más de 24 horas sin relevo, con posibilidad de alcanzar las 36 horas. El sindicato petrolero denunció condiciones precarias para trabajadores que quedaron varados en los pozos.

En la provincia de Buenos Aires, el artículo sostiene que el gobierno de Axel Kicillof destina menos del 1 % de los fondos previstos para el Súper Niño a la emergencia social. Señala que esto afecta a barrios populares donde viven 2,69 millones de personas, muchas de ellas en áreas inundables y sin cloacas. En el cinturón hortícola del Gran La Plata, la humedad ya demoraba siembras y cosechas; algunos productores advirtieron que el 25 % de la producción podría resultar afectada.

En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Jorge Macri reconoce que la red pluvial puede desagotar hasta 60 milímetros por hora y que una tormenta de mayor intensidad provocaría anegamientos. Según la Defensoría del Pueblo porteña, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 se produjeron 621 desalojos que afectaron a 4.482 personas. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) indicó que el presupuesto de hábitat para 2026 es el más bajo de los últimos 14 años. A su vez, el último censo popular relevó 11.892 personas en situación de calle, un 64 % más que en 2019.

Respecto del gobierno nacional de Javier Milei, el artículo cuestiona la falta de políticas preventivas. Señala que el SMN sufrió un recorte del 43 % en términos reales; que cerca del 90 % del Fondo Hídrico, destinado por ley a obras contra inundaciones, está invertido en Letras del Tesoro; y que 28 de las 49 obras hídricas estratégicas nacionales se encuentran paralizadas bajo el DNU 70/23.

La respuesta nacional se canaliza mediante la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad, y a través del despliegue de la Armada y la Fuerza Aérea en el Litoral. El Plan Federal ENOS 2026/2027, aprobado por la misma cartera, no cuenta con fondos propios y deja la primera respuesta en manos de municipios y provincias, con asistencia nacional posterior y complementaria. Durante su presentación en Resistencia, el 3 de agosto, no se anunciaron partidas específicas para Chaco ni para el NEA.

Las propuestas planteadas ante la emergencia

Un estudio de científicos del CONICET, publicado en la revista Science en 2023, determinó que el reemplazo de bosques y pasturas por cultivos de granos en la llanura chacopampeana provocó el ascenso de las napas y la ampliación de las zonas inundables.

El artículo sostiene que la respuesta no debería limitarse a obras ni a operativos de fuerzas armadas. Como antecedente, menciona la inundación de Bahía Blanca de marzo de 2025, cuando la asistencia fue sostenida por clubes, escuelas y vecinos, mientras Gendarmería intervino en tareas represivas.

Propone conformar comités de emergencia en cada barrio, integrados por vecinos, trabajadores de la salud, docentes y organizaciones, para definir protocolos de evacuación y controlar el destino de los recursos. También plantea garantizar información pública sobre los riesgos de cada ciudad, acopiar alimentos, agua y medicamentos antes de diciembre, utilizar viviendas ociosas como centros de evacuación y fortalecer la atención sanitaria, el acceso a una vivienda digna, las cloacas y los desagües.

Entre otras medidas, reclama el derecho a detener la producción en los lugares de trabajo ante riesgos climáticos, con relevos a cargo de las empresas, y evitar descuentos o exigencias de presentismo en las escuelas durante inundaciones.

Por último, propone financiar la emergencia mediante impuestos a las ganancias extraordinarias de cerealeras y petroleras, derogar el DNU 70/23, restituir el Fondo Hídrico, sancionar una ley de humedales y planificar el uso del suelo sin subordinación al agronegocio. El texto concluye que la solidaridad organizada en las zonas ribereñas debe ampliarse para exigir planes de emergencia acordes a la magnitud de la situación.