Vanesa Daza, hermana de Celia Daza, preguntó “¿Quién habilitó esa clínica?” durante una concentración frente al Ministerio de Salud de Jujuy. La movilización buscó exigir explicaciones al Gobierno provincial y a las autoridades por la situación de la enfermera jujeña.

Celia sufrió un grave accidente el pasado 8 de septiembre cuando se dirigía a trabajar a la clínica Padre Betancourt. Como consecuencia, su pierna derecha quedó severamente comprometida y enfrenta un riesgo inminente de amputación. Su familia reclama una derivación urgente a Buenos Aires para que pueda acceder al tratamiento médico necesario.

Según el planteo de sus familiares, el Estado provincial habilita estos establecimientos y favorece sus negocios vinculados a la salud pública. Mencionan, entre otros aspectos, el sistema de becas destinado a la clínica Padre Betancourt y la reciente entrega del dispositivo convivencial Nuevos Comienzos a la administración privada de la misma empresa.

El caso también señala un entramado de clínicas privadas en la provincia, algunas de ellas vinculadas, de manera directa o encubierta, con funcionarios como Quintar, Rivarola o Bohuid. La denuncia apunta a que estos establecimientos comparten condiciones de precarización para sus trabajadores.

Asimismo, se menciona la situación del doctor Agustín Yécora, actual secretario de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad de Jujuy, quien también trabaja como psiquiatra en la clínica privada Padre Betancourt. Para quienes reclaman por Celia, esta situación evidencia la relación entre la gestión de la salud pública y los intereses del sector privado, en un contexto que describen como de vaciamiento progresivo del sistema público.

El reclamo por cobertura y derivación

Ante los pedidos de la familia, denuncian que la patronal mantiene silencio. Exigen que los responsables garanticen de manera inmediata la cobertura médica, la ART y el traslado de Celia a Buenos Aires.

La familia cuestiona además las condiciones laborales existentes en la clínica Padre Betancourt. Sostiene que Celia se trasladaba diariamente a su trabajo sin tener sus derechos laborales garantizados y denuncia que la trabajadora no estaba registrada. En ese sentido, atribuyen responsabilidad al empleador por la falta de protección ante el accidente.

Pedido de solidaridad

El reclamo central es que Celia Daza sea derivada sin demoras a Buenos Aires. Su entorno considera que tanto el Estado como la patronal deben asegurar esa atención y convoca a acompañar el pedido de justicia, junto con el rechazo a la precarización laboral y las políticas de ajuste en el sector sanitario.