La Legislatura bonaerense aprobó la expropiación de la última vivienda en la que residió Rodolfo Walsh, ubicada en San Vicente. El inmueble será recuperado para convertirse en un espacio de memoria y preservar el lugar donde el periodista y escritor pasó sus últimos días antes de ser secuestrado y desaparecido durante la última dictadura cívico-militar.

La sanción definitiva de la ley se produjo luego de dos años de espera para su tratamiento en el Senado provincial. La noticia se conoció el jueves 5 de noviembre, el mismo día del fallecimiento de Patricia Walsh, hija del escritor y una de las principales impulsoras del reclamo para que la propiedad fuera incorporada al patrimonio estatal y abierta a la comunidad.

La diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman recordó el acompañamiento a Patricia Walsh en la lucha por la recuperación de la casa. Señaló que, casi dos años atrás, ambas habían concurrido a la Legislatura bonaerense para reclamar por el inmueble, cuando el proyecto obtuvo media sanción en Diputados, aunque luego permaneció demorado en el Senado.

El senador Christian Castillo indicó que presentó el proyecto como reproducción de una iniciativa de la diputada Laura Cano. Según expresó, la aprobación constituye un homenaje a Patricia Walsh y el resultado de la pelea que sostuvo durante años.

El lugar donde Walsh escribió la Carta Abierta a la Junta Militar

La casa de San Vicente posee un valor histórico y político central. Allí Rodolfo Walsh escribió la Carta Abierta a la Junta Militar, difundida el 24 de marzo de 1977, al cumplirse el primer aniversario del golpe militar. En ese documento denunció asesinatos, desapariciones, torturas y el funcionamiento de centros clandestinos de detención, además de las consecuencias económicas y sociales del plan de la dictadura.

Walsh cuestionó la concentración de la riqueza, el endeudamiento externo, el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y el ataque a sus organizaciones. Un día después de divulgar la carta, el 25 de marzo de 1977, un grupo de tareas lo interceptó en la ciudad de Buenos Aires, lo secuestró y lo trasladó a la ESMA. Desde entonces continúa desaparecido.

Durante el debate legislativo se recordó que Walsh llevaba consigo el boleto de compraventa de la propiedad de San Vicente al momento de su secuestro. La expropiación permitirá conservar ese espacio vinculado a su trayectoria y acercar a las nuevas generaciones la historia de su obra, su militancia y los crímenes del terrorismo de Estado.

La iniciativa generó cuestionamientos y cruces con sectores libertarios durante su tratamiento en Diputados. Sin embargo, el reclamo sostenido por familiares, organismos de derechos humanos y organizaciones políticas permitió que el proyecto alcanzara su aprobación definitiva.

El legado de Patricia Walsh

La sanción de la ley también reconoce la trayectoria de Patricia Walsh, periodista, exdiputada nacional y militante por los derechos humanos. Dedicó gran parte de su vida a combatir la impunidad de los responsables del genocidio y a exigir justicia por los crímenes de la dictadura.

Su vida estuvo marcada por el asesinato de su hermana Victoria Walsh, conocida como Vicki, en septiembre de 1976, y por el secuestro y desaparición de su padre seis meses más tarde. Victoria fue asesinada el 29 de septiembre de 1976, durante la Masacre de la calle Corro, junto a otros militantes. Patricia participó posteriormente de la querella en el juicio por esos hechos, representada por Myriam Bregman, Lilén Reyes y Matías Aufieri, integrantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).

Con el retorno democrático, se incorporó a la lucha por los derechos humanos. En los años 90 militó en H.I.J.O.S. Regional Capital Federal, participó de movilizaciones y escraches contra los genocidas, y en 1997 ingresó a la Legislatura porteña por Izquierda Unida. En 2001 asumió como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el Congreso promovió el proyecto para anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que habían garantizado impunidad a responsables de los crímenes de la dictadura. La anulación de esas normas en 2003 permitió reactivar los juicios por delitos de lesa humanidad.

Además, impulsó denuncias contra el endeudamiento externo y defendió los derechos de las mujeres, la legalización del aborto y los reclamos de los sectores más vulnerados. En los últimos meses de su vida mantuvo su compromiso con la causa judicial por la Masacre de la calle Corro.

La expropiación de la casa de Rodolfo Walsh concreta así una demanda que Patricia sostuvo durante años, aunque no llegó a celebrar su aprobación. Bregman afirmó que la conquista reafirma el compromiso de continuar la lucha por Memoria, Verdad y Justicia y por los 30.000 desaparecidos.