El impacto a gran escala de la pérdida de la naturaleza en el desarrollo socioeconómico, combinado con otros factores como las finanzas sostenibles y la evolución de la normativa, están convirtiendo las consideraciones relacionadas con la naturaleza en una cuestión empresarial fundamental. “Si actúan ahora, las aseguradoras pueden ayudar a reducir los riesgos relacionados con la naturaleza e incentivar el cambio hacia modelos de negocio más sostenibles, lo que será fundamental para la transición hacia una economía positiva para la naturaleza, con un balance neto cero y más resistente”, afirma la Asociación de Ginebra.

Con motivo del 15º Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, la institución publica un informe en el que ofrece información sobre el impacto de la actividad humana en la naturaleza y la “profunda interconectividad” entre la pérdida de la naturaleza y el cambio climático. El trabajo explora los retos y oportunidades de los riesgos relacionados con la naturaleza para el sector asegurador.

«Las innovaciones en materia de seguros para hacer frente a las pérdidas ocasionadas por la naturaleza, tanto en lo que respecta a la inversión como a la suscripción, son realmente notables; el reto para el sector es ahora desplegarlas a gran escala. Si siguen formando las asociaciones adecuadas -dentro y fuera del sector- y aplican sus conocimientos técnicos pertinentes- las aseguradoras tienen el potencial de hacer una importante contribución a la agenda de la naturaleza», indica Jad Ariss, director general de la Asociación de Ginebra.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You missed

Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


[Inserta el contenido del artículo aquí.]

El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.