Las tasas de supervivencia empresarial en 2022 siguen por debajo de los niveles prepandémicos, según el último estudio de Iberinform sobre longevidad empresarial. A lo largo del actual ejercicio no se han apreciado cambios significativos en estos indicadores, que registraron un empeoramiento generalizado en 2021.

En comparación con los valores previos a la pandemia, el deterioro máximo se alcanza entre las empresas de cinco años, donde el retroceso de las tasas de supervivencia llega a los cinco puntos. Esta caída es de cuatro puntos en las empresas de cuatro años, de tres puntos entre las de seis años y de dos puntos entre las de siete y ocho años. El momento crítico de todo proyecto empresarial suele sobrevenir a partir del tercer año ya que la inyección inicial de capital permite a la inmensa mayoría cumplir sin problemas los primeros 24 meses de vida. Sin embargo, a partir de ese punto, aquellas empresas que no son capaces de generar números negros afrontan un futuro incierto.

En base al estudio, uno de cada tres proyectos empresariales en España quiebra antes del quinto año de vida. Uno de cada dos no llegará a cumplir el octavo, donde la tasa de supervivencia cruza el ecuador y queda recortada al 49%. Los años siguientes presentan todavía tasas de mortalidad superiores a los tres puntos porcentuales. A los 12 años, la tasa de supervivencia se limita ya al 36%.

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Gobierno apela a determinación del Tribunal Ambiental por Dominga


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El gobierno ha decidido apelar a la reciente determinación del Tribunal Ambiental relacionada con el controvertido proyecto minero Dominga. Esta decisión ha generado un amplio debate en la esfera pública, influyendo en diversas áreas como el medio ambiente, la economía y la política.

La apelación surge como respuesta a la resolución del Tribunal Ambiental que había fallado a favor del proyecto Dominga, permitiendo su avance tras años de disputas legales y administrativas. El proyecto Dominga, que contempla la extracción de hierro y cobre en la Región de Coquimbo, ha sido objeto de intensas críticas por parte de organizaciones ambientalistas y comunidades locales, quienes argumentan que podría causar un daño irreparable a los ecosistemas marinos y terrestres de la zona.

El gobierno, al presentar su apelación, argumenta que el fallo del Tribunal no consideró adecuadamente los impactos ambientales negativos que el proyecto podría tener. Además, se cuestiona la evaluación de los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa encargada del proyecto, que según las autoridades, contienen deficiencias significativas.

Por otro lado, los defensores del proyecto Dominga sostienen que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa ambiental y que el desarrollo del proyecto traerá importantes beneficios económicos, incluyendo la creación de empleos y un impulso a la economía local. La empresa a cargo del proyecto ha manifestado su disposición a implementar medidas de mitigación para minimizar los posibles efectos adversos en el medio ambiente.

La controversia en torno al proyecto Dominga también ha tenido repercusiones políticas, polarizando aún más a los distintos sectores del país. Mientras que algunos grupos políticos apoyan la decisión del gobierno de apelar, argumentando la necesidad de proteger el medio ambiente y las comunidades locales, otros critican la medida, señalando que obstaculiza el desarrollo económico y la inversión extranjera.

En este contexto, el debate sobre Dominga se inserta en un marco más amplio de discusión sobre el modelo de desarrollo que el país desea seguir, equilibrando la protección del medio ambiente con el crecimiento económico. La apelación presentada por el gobierno será revisada por instancias judiciales superiores, que deberán considerar los argumentos de ambas partes antes de emitir un veredicto final.

La decisión de apelar también pone de manifiesto la importancia de fortalecer los procesos de evaluación ambiental en el país, asegurando que sean rigurosos y transparentes. Este caso resalta la necesidad de contar con mecanismos efectivos que garanticen que los proyectos de gran envergadura como Dominga se desarrollen de manera sostenible y responsable.

En conclusión, la apelación del gobierno a la determinación del Tribunal Ambiental en el caso del proyecto Dominga es un reflejo de las complejas interacciones entre desarrollo económico y conservación ambiental. El resultado de este proceso judicial tendrá implicaciones significativas para el futuro de la minería y la protección del medio ambiente en el país.