El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago ha decretado la medida cautelar de prisión preventiva contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien ha sido formalizado por la Fiscalía Centro Norte como autor de delitos de corrupción, que abarcan desde administración desleal hasta estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco.

El tribunal, respondiendo a la solicitud del Ministerio Público, consideró la libertad del militante del Partido Comunista como un peligro para la seguridad de la sociedad, ordenando su ingreso al anexo Capitán Yaber, donde deberá cumplir con la medida cautelar.

En respuesta a la decisión de la justicia, Jadue declaró: “Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar”. El alcalde ha anunciado que apelará a la medida, la cual calificó como “desproporcionada”.

La jueza Paulina Moya entregó una explicación detallada de la argumentación del tribunal para decretar la prisión preventiva en la causa. Se tuvo en cuenta la gravedad de la pena asociada a los delitos, que pueden alcanzar hasta los 15 años de cárcel. También se consideró que la mayoría de los hechos formalizados son «delitos funcionarios, cuyos bienes jurídicos asociados buscan mantener la integridad y honestidad en el ejercicio de la función pública».

Moya enfatizó en que Jadue, como alcalde en funciones hasta finales de este año, tiene un rol directo en la gestión financiera del municipio y, por tanto, una posición que implica una relación directa y esencial con la administración de recursos. Por lo tanto, consideró que su permanencia en el cargo podría representar un peligro para el patrimonio de la comuna, incluso configurando un riesgo de reiteración.

El cientista político Luis Moncayo analizó las principales claves de la situación, subrayando que se trata de un pronunciamiento de una medida precautoria de una jueza, basada en los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público y también por la defensa del alcalde.

La formalización del alcalde Jadue ha causado un remezón en el escenario político. Moncayo señaló que tanto oficialismo como oposición deben permitir que el Poder Judicial actúe. Sin embargo, destacó que el Partido Comunista ha defendido públicamente a Jadue, incluso con medidas de presión previas al fallo.

El caso de Jadue se suma a una serie de casos de corrupción que han afectado directamente a la crisis de representación e institucional en el país. En la Región de Coquimbo, ha sido mediático el caso de la exintendenta Lucía Pinto y de la gobernadora Krist Naranjo, ambas indagadas en el contexto de querellas por fraude al fisco.

Moncayo considera que estos hechos evidencian una debilidad del sistema político chileno, la falta de control una vez que las autoridades asumen sus funciones. A pesar de que la normativa otorga facultades fiscalizadoras, el experto argumenta que no proporciona herramientas eficaces para que esta fiscalización sea efectiva y eficaz.

El cientista político propone la entrega de más poder a los órganos colegiados como una solución a este problema. Según él, estos órganos pueden controlar más a las autoridades cuando estas cometen faltas o delitos. Finalmente, Moncayo sugirió la necesidad de un voto revocatorio, para que la ciudadanía pueda retirar su apoyo a autoridades altamente cuestionadas.