El pasado domingo 4 de agosto, el Complejo Penitenciario de Huachalalume fue escenario de una violenta disputa que resultó en la muerte de un recluso. Este trágico evento ha llevado a Gendarmería a poner en marcha una serie de medidas destinadas a restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población penitenciaria.
Una de estas medidas ha sido la suspensión segmentada del acceso a los talleres y herramientas de trabajo en varias áreas del establecimiento penitenciario. Esta acción ha provocado una reacción de más de 60 internos del «Módulo 42», que han presentado un Amparo Constitucional ante la Corte de Apelaciones de La Serena, con el objetivo de recuperar su acceso a los talleres y herramientas que utilizan en su trabajo diario, que incluye artesanía, carpintería y talabartería, entre otros oficios permitidos y regulados dentro del penal.
El abogado Rodolfo Bórquez, representante de los internos, sostiene que esta medida infringe el derecho al trabajo de los reclusos, especialmente considerando que no se ha demostrado que la riña se originó con los materiales a los que ellos tienen acceso. Bórquez subraya que ninguno de los trabajadores independientes del Módulo 42 estuvo involucrado en la disputa, y mucho menos con sus herramientas de trabajo.
Para poder limitar los derechos de un reo, argumenta Bórquez, este debe estar sometido a un régimen disciplinario, es decir, sancionado por alguna falta. Sin embargo, esto no ha sucedido en el caso de los internos del Módulo 42 que están siendo afectados por la suspensión del acceso a los talleres y herramientas.
Según el abogado, alrededor de 50 personas que trabajan de manera independiente en la cárcel, entre artesanos, talabarteros y carpinteros, están actualmente sin poder trabajar debido a una situación que no les concierne directamente. Añade que, aunque comprende que las actividades puedan suspenderse durante unas horas después de un incidente como el ocurrido, es inaceptable que se les impida trabajar durante una semana entera.
Además, Bórquez expresa su preocupación por los informes de que Gendarmería planea trasladar a algunos reclusos a otros módulos. Señala que, aunque Gendarmería puede restringir los derechos de los internos en respuesta a alteraciones del orden y la convivencia, cualquier sanción debe ajustarse a lo establecido en el reglamento.
El abogado hace hincapié en que ninguno de los internos afectados por la suspensión del acceso a los talleres y herramientas tuvo nada que ver con la muerte del reo el domingo pasado. Por lo tanto, sostiene que esta medida es completamente ilegal, ya que infringe el artículo 75 del decreto 518 de Establecimientos Penitenciarios.
La Corte de Apelaciones de La Serena está actualmente revisando el caso. El viernes pasado, la Corte solicitó a Gendarmería que le informara sobre la situación. Sin embargo, hasta el lunes, Gendarmería no había proporcionado la información solicitada.
Bórquez espera que la Corte instruya a Gendarmería para que respete el derecho al trabajo de los reclusos, independientemente de la situación. Solicita que se les permita volver a su zona de trabajo, permanecer en el Módulo 42 y que se les devuelvan sus herramientas.
Cabe destacar que Gendarmería ha asegurado que la actividad laboral en el Módulo 42 sigue desarrollándose de manera regulada por internos debidamente autorizados, quienes hacen uso del taller ubicado en esas dependencias. La institución también ha afirmado que las medidas tomadas tras la muerte del reo buscan mejorar la seguridad, fortalecer el control sobre la población penal y favorecer los procesos de reinserción social.